Las barreras en vivienda limitan los avances en accesibilidad en Euskadi de los últimos veinte años

Mikel Malkorra y Rakel Barroso, de la federación Elkartu, reivindican el cumplimiento de la ley aprobada hace veinte años./MIKEL FRAILE
Mikel Malkorra y Rakel Barroso, de la federación Elkartu, reivindican el cumplimiento de la ley aprobada hace veinte años. / MIKEL FRAILE

El 30% de edificios no tiene ascensor, y persisten carencias en espacios públicos, hospitales y transporte. «Hay muchas personas encerradas en sus casas porque en su comunidad de vecinos no se ponen de acuerdo para quitar un par de escaleras», denuncian desde Elkartu

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

Rakel Barroso despertó al auditorio reunido en unas jornadas en Donostia con su recuerdo de aquella mañana de 1996 en la que el colectivo de personas con discapacidad, «ya harto de promesas», encadenó una silla de ruedas a la delegación de Vivienda del Gobierno Vasco en Vitoria. La imagen, supo Rakel mucho después, fue algo más que una anécdota simbólica de la lucha del movimiento asociativo para lograr que Euskadi aprobara una Ley de Accesibilidad. En esas mismas jornadas, el que fuera consejero de Vivienda, Patxi Ormazabal, confesó públicamente que aquella protesta, que él siguió desde el otro lado de la ventana en su despacho, marcó un antes y un después. «Aquello desbloqueó la ley», se congratulan hoy desde la Federación de Personas con Discapacidad Física, Elkartu, que celebran el veinte aniversario de la norma con un balance agridulce.

La Ley para la Promoción de la Accesibilidad se aprobó en Euskadi el 4 de diciembre de 1997, con una filosofía muy avanzada, más allá de las políticas para eliminar barreras arquitectónicas, como así pelearon desde el colectivo y plasmaron las instituciones. «La accesibilidad se convirtió en un derecho tanto en el ámbito público como privado y no solo para las personas con discapacidad física -que ellos representan-. Es un concepto mucho más amplio con beneficios para todas las personas» con movilidad reducida, ligado estrechamente al envejecimiento de la población. Se ha avanzado, pero persisten múltiples barreras, resume su diagnóstico. «Veinte años después, la ley no solo no se ha quedado obsoleta sino que es más válida que nunca. Lo que falta es pasar del derecho al hecho. El riesgo es caer en la sensación de que el trabajo ya se ha realizado, cuando no es así», reflexiona Mikel Malkorra, de Elkartu.

Y sí, en todo este tiempo, se han rebajado las aceras de las calles, se han eliminado escaleras en edificios públicos y los autobuses se han adaptado con rampas, «pero son muchas las evidencias de lo que queda aún por hacer». La vivienda del mercado libre no saca buena nota. Aunque se han incorporado planes de accesibilidad en edificios de nueva construcción y se han aprobado normativas de rehabilitación para la eliminación de barreras arquitectónicas, la antigüedad del parque residencial en Euskadi sigue suponiendo un grave problema. Según datos del Eustat, aportados por Elkartu, el 31% de las viviendas vascas carece de ascensor. En Donostia, por ejemplo, un estudio de Etxegintza (la sociedad pública de vivienda) constató que casi 3.000 personas mayores de 70 años residen en inmuebles sin ascensor. «La realidad es que hay muchas personas que viven encerradas en sus casas, que no pueden salir porque en su comunidad no se ponen de acuerdo para eliminar unas escaleras», se indigna Rakel.

Un derecho

«Esas peleas de vecinos que todos conocemos son un fiel reflejo de que falta mentalidad social sobre la accesibilidad. Se sigue pensando que es una cosa de minusválidos». Mikel Malkorra lamenta que haya personas que se topen con la barrera de la comunidad de vecinos. «Es surrealista que el derecho de una persona a salir de su casa dependa de una mayoría de la comunidad de vecinos. Es cierto que se han aprobado normativas para hacer más flexibles esas mayorías, pero la accesibilidad sigue siendo motivo de confrontación en los portales».

Un informe reciente del Ararteko también ha sacado los colores por la falta de accesibilidad en la mayoría de los hospitales públicos vascos. Solo un 10% de las salas de espera disponen de un espacio reservado adecuado para la ubicación de personas en silla de ruedas y únicamente el 14% de los aseos dispone de la reserva de espacio adecuada para personas con movilidad reducida.

«La ley es más válida que nunca. Hay que pasar del derecho al hecho», reivindica Elkartu

«Falta mentalidad social. Se sigue pensando que la accesibilidad es solo cosa de minusválidos»

Desde Elkartu aportan más datos de otros sectores. El 20% de municipios de Euskadi no han aprobado un plan de accesibilidad. Algo más de la mitad (58,6%) de los 414 establecimientos comerciales y de ocio de Gipuzkoa analizados por Elkartu no cumplen con las normas de accesibilidad. Esos «graves incumplimientos» de la normativa también afectan al transporte. En Euskadi, el 78% de los entornos peatonales del sistema ferroviario son inaccesibles. Viajar en autobús resulta algo más fácil, porque la mayoría de servicios urbanos e interurbanos cuentan con vehículos accesibles, pero se siguen apreciando carencias en algunos trayectos interurbanos, sostienen.

Atrás quedan los tiempos en que las personas que se movían en silla de ruedas tenían que ser portadas por pasajeros de buena voluntad para salvar los escalones del autobús. Rakel recuerda que Donostia fue uno de los primeros municipios en adquirir autobuses con plataforma baja. «Se compraron los que se utilizaron en las Paraolimpiadas de Barcelona 92». Y hubiera sido impensable, por ejemplo, que un hotel contara con una habitación adaptada para personas en sillas de ruedas, como es el caso del Astoria 7 de Donostia, premiado este año por la Federación de Almería de Personas con Discapacidad por su habitación 112.

«La ley nos ampara», recuerdan desde Elkartu. De hecho, ayer se cumplía el plazo dado por el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para cumplir condiciones básicas de accesibilidad. «No se ha llegado a tiempo, eso es obvio». Pero abogan por seguir avanzando de la mano de las instituciones, a quienes piden compromiso, y de la ciudadanía. «Que la barrera no sea social ni administrativa».

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