La atención a los hijos víctimas del maltrato se convierte en objetivo prioritario en Euskadi

Cientos de ciudadanos secundaron ayer la concentración en Vitoria en repulsa por la violación de una joven el pasado domingo. «No siempre es no», clamaron./EFE
Cientos de ciudadanos secundaron ayer la concentración en Vitoria en repulsa por la violación de una joven el pasado domingo. «No siempre es no», clamaron. / EFE

Emakunde identifica la protección a menores como una de las mejoras urgentes recogidas en el pacto de Estado. Las instituciones vascas ya tienen implantadas varias de las medidas del acuerdo, pero deben avanzar en reconocer como víctimas a los niños y niñas expuestos a la violencia en el hogar

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

En el largo y todavía inacabado recorrido de lucha contra la violencia de género, sobran los datos de lo mucho que queda por hacer para erradicar uno de los más graves problemas de la sociedad actual. En lo que va de año, 32 mujeres y seis menores han sido asesinados. Los maltratadores han dejado además 16 huérfanos de menos de 18 años. El pacto de Estado sellado esta semana por todos los grupos políticos nace con vocación de sumar un avance, con 200 actuaciones que se trasladarán a las instituciones autonómicas, forales y municipales en forma de medidas y recursos pendientes que habrá que desarrollar, tanto desde el punto de vista policial, judicial, educativo, asistencial y preventivo. En el caso de Euskadi, y a falta de estudiar en profundidad el documento que será sometido a votación este viernes en el Congreso, «uno de los mayores retos» identificados será adecuar y reforzar las medidas de atención y protección a los hijos e hijas de la violencia de género, considerados como víctimas directas desde el cambio de ley en 2015, y sobre los que el acuerdo político de esta semana también pone el foco.

Euskadi, que dedica más de 32 millones de euros al año en materia de igualdad, no empieza de cero. Y de hecho ya tiene implantadas «muchas de las medidas» que se incluyen en el pacto de Estado, como son las competencias locales de los ayuntamientos contra la violencia de género, que en muchos territorios se eliminaron con la Ley de Racionalización del gasto público aprobada por el Gobierno central en plena crisis. «No así en Euskadi», recuerda la directora de Emakunde, Izaskun Landaida. La implicación de los tres niveles institucionales no solo se ha mantenido, «sino que ha crecido en presupuesto» en los últimos años, subraya la responsable del Instituto Vasco de la Mujer que anticipa que el aterrizaje del pacto en Euskadi supondrá «con casi toda probabilidad» aumentar recursos.

En el lado de la balanza de lo que falta por hacer destaca mejorar la respuesta en la atención a los menores expuestos a la violencia en el hogar, una realidad hasta hace poco tiempo invisible y que pasó a un primer plano gracias al cambio de la Ley de Infancia en 2015. Landaida reconoce que el sistema, no solo en Euskadi, debe todavía adecuarse a esa revolución que supuso la nueva consideración legal como víctimas directas de los menores que sufren en primera persona o son testigos de la violencia de género en sus casas. «Se han dado pasos, pero se necesitan más», dice. La necesidad de adecuar un sistema pensado expresamente para la protección de la mujer como víctima fue objeto de estudio por parte de la ONG Save The Children, en colaboración con el Gobierno Vasco. La radiografía se hizo en 2012 pero no ha perdido actualidad. «La idea de que todos los niños y niñas de hogares en los que tiene lugar la violencia de género son a su vez y sin excepciones víctimas de esta violencia va cobrando fuerza a nivel institucional, pero en el presente, con algunas excepciones, este enfoque no se corrobora en la práctica institucional. Existen importantes necesidades de ampliación de este concepto, de adaptación de los recursos y de los procedimientos», advertía el informe, bajo el título 'En la violencia no hay una sola víctima'.

Una de las carencias detectadas en la ley integral contra la violencia de género aprobada por unanimidad en 2004 durante la legislatura de Zapatero ha sido el hecho de que no existe un recurso específico de valoración del riesgo de un menor a sufrir violencia de género. El principal foco de la evaluación es la mujer víctima y para ellas se han diseñado los protocolos que permiten evaluar ese riesgo y la necesidad de medidas de protección (una orden de alejamiento, por ejemplo), un problema que ahora se quiere corregir con las nuevas acciones acordadas por los partidos, acuciados por una realidad empeñada en ensombrecer todos los esfuerzos realizados.

Landaida, que considera «un ejemplo y un referente» para la ciudadanía el acuerdo sellado esta semana, recuerda que Emakunde pudo hacer sus aportaciones en el marco de una subcomisión en la que se plasmó el modo de hacer en Euskadi, con especial hincapié no solo en las medidas asistenciales (pisos de acogida, ayudas económicas a víctimas...), sino en «actuar sobre las causas» a través de la educación y la prevención.

«Adecuar el sistema de atención a los menores es uno de los mayores retos» Izaskun Landaida

«Hay que hacer hincapié en la importancia de actuar sobre las causas a través de la educación» Izaskun Landaida

Cruce entre PP y PSOE

Las reacciones al pacto se sucedieron ayer. El acuerdo recibió el respaldo unánime de todos los grupos, pero no ha evitado que el PSOE, Podemos y Ciudadanos vayan a formular votos particulares en la Comisión de Igualdad que debe ratificar el acuerdo este viernes.

Los socialistas pedirán al Gobierno que acorte los plazos de tramitación y active «ya» las partidas presupuestarias para comunidades y ayuntamientos, además de la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la dispensa de la obligación de declarar de la víctima. Palabras que levantaron la sorpresa del vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, que calificó de «injustificada» la «crítica» de los socialistas y advirtió a «los que eligen la discrepancia para resaltarse a sí mismos» de que «no entienden bien lo que es un pacto de Estado».

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, destacó la importancia de que se puede asistir incluso a las mujeres que «no han podido dar el paso y denunciar». «Esto es muy importante porque un porcentaje muy alto de delitos no se denuncian nunca», afirmó. Pese a la mayor concienciación social, las más de 400 denuncias que se presentan cada día en los juzgados españoles siguen siendo solo la punta del dramático iceberg.

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