La asistencia sanitaria en Euskadi a los ‘sin papeles’ divide a los magistrados del TC

La asistencia sanitaria en Euskadi a los ‘sin papeles’ divide a los magistrados del TC

Cinco de los 12 miembros del Alto Tribunal se muestran contrarios a anular el decreto vasco que garantiza la atención universal

DV

La asistencia sanitaria a los emigrantes sin papeles divide al Tribunal Constitucional, conformado por doce magistrados. Cinco de ellos se han mostrado contrarios a la decisión de la mayoría de anular una norma vasca que garantiza el acceso universal a la sanidad, una vez que se certifiquen tres meses de empadronamiento en Euskadi.

En 2012, este decreto fue aprobado por el Ejecutivo vasco, liderado por el socialista Patxi López, para contrarrestar el firmado por la entonces ministra Ana Mato que se conoce como ‘el nuevo copago farmaceútico’. Esta norma limitaba la atención a los inmigrantes en situación irregular a tres casos: embarazadas, menores o cuidados en urgencias. Frente a esta decisión, la Comunidad Autónoma Vasca ha apostado siempre por facilitar a los ‘sin papeles’ la tarjeta individual sanitaria que abre la puerta a todas las prestaciones.

El Gobierno Rajoy recurrió ante el Constitucional el decreto vasco, también defendido por el Gabinete Urkullu. La sentencia definitiva ahora emitida avala la exclusión de los emigrantes recién llegados del sistema sanitario español. Pero este fallo no es unánime. Se ha tomado con siete votos a favor y cinco en contra, según informa ‘Europa Press’.

Por un lado, el magistrado Antonio Narváez Rodríguez ha emitido un voto discrepante. Sostiene que «la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene capacidad de ampliar el ámbito de las prestaciones sanitarias». Por otro, Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer Callejón han redactado de forma conjunta su posición contraria al conflicto de competencias planteado por el Ejecutivo central.

Estos cuatro jueces señalan que como «el Sistema Nacional de Salud ha dejado sin cobertura a determinados colectivos, el mínimo estatal, antes universal, resulta ahora susceptible de mejora por las comunidades autónomas». Además, afirman que con la anulación de la norma vasca (la de Navarra también ha sido derogada) «se socava una consolidada doctrina constitucional sobre las competencias normativas compartidas en un Estado de estructura plural».

A su juicio, «la norma vasca objeto de esta controversia constituye un ejercicio plenamente legítimo de la competencia atribuida a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el art. 18.1 del Estatuto de Autonomía, que permite a Euskadi tanto ampliar el ámbito subjetivo de la cobertura sanitaria en el ámbito del SNS como mejorar las condiciones de cofinanciación o copago de la prestación farmacéutica ambulatoria.

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