61.000 personas dependen de la reforma de la RGI que inicia el Parlamento Vasco

Una de las medidas es la implantación de la huella digital en las oficinas de Lanbide. / LOBO ALTUNA

El trámite arranca hoy con las aportaciones del Tercer Sector y debe desembocar en una propuesta de ley para el primer trimestre de 2018

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

La reforma de la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos, la principal prestación social contra la pobreza en Euskadi que beneficia en la actualidad a 61.000 personas, inicia hoy su camino parlamentario. El trámite, que se prevé intenso en la discusión, se estrena con un procedimiento particular, ya que se ha decidido dar primero voz a expertos y entidades del Tercer Sector para después entrar en harina con el debate puramente político. La primera sesión se celebra hoy y será la asociación 'Por una vida digna' la que haga llegar sus aportaciones a la propuesta de reforma del Gobierno Vasco, presentada el pasado mes de mayo.

Sobre la mesa está un documento de bases, a partir del cual el Ejecutivo bipartito PNV-PSE deberá elaborar una propuesta de ley para el primer trimestre de 2018, según el compromiso adoptado para acelerar el calendario y poder aprobar la ley antes de que empiece a correr el reloj para las siguientes elecciones municipales y forales, en 2019. La intención -otra cosa será la realidad- es blindar el proceso de intereses partidistas que puedan entorpecer un acuerdo de grandes mayorías en un asunto perseguido en los últimos años por la polémica.

El dato

61.314 personas en Euskadi cobran la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la principal prestación social contra la pobreza
La ayuda supone unos ingresos mensuales de entre 625 y 959 euros, a los que se puede sumar la ayuda al alquiler (250 euros).

Las líneas generales esbozadas por la consejera Beatriz Artolazabal mantienen las bases del sistema y dirigen los cambios hacia dos direcciones: reforzar la protección de los beneficiarios, con la novedad de ampliar las ayudas para las familias pobres con hijos, entre otras medidas, y a la vez estrechar el control para evitar el fraude en las prestaciones.

Se plantea la idea de dar una ayuda por domicilio, abierto a excepciones que deberán especificarse UNA AYUDA POR DOMICILIO

Se establece una base y se suman complementos en función del número de adultos y niños en el hogar NUEVA CUANTÍA

Se plantea que prescriban a los dos años si Lanbide no se ha puesto antes en contacto con el perceptor COBROS INDEBIDOS

La propuesta prevé más controles (en el padrón, por ejemplo) para descubrir posibles estafas CONTROL DEL FRAUDE

La reforma se mueve en un difícil equilibrio, dada la actual composición parlamentaria y la necesaria negociación que ahora se abre para sumar los apoyos suficientes. De momento no hay socio definido. En un punto están de acuerdo los diferentes grupos: hay que actualizar la ley vigente, que data de 2008. A partir de ahí, las posturas difieren en los extremos. El PP ha sembrado el discurso contra el fraude, con un tono especialmente duro en la anterior campaña electoral por parte del exalcalde de Vitoria Javier Maroto. Los populares vascos lamentan que el Gobierno autonómico «llegue tarde» en el diagnóstico y cree que las medidas planteadas, entre ellas la implantación de la huella digital como sistema de identificación en todas las oficinas -tanto para los beneficiarios de la ayuda, como para demandantes de empleo y el personal de plantilla- o la creación de un grupo antifraude, se quedan cortas. En la primera lectura de la propuesta, el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, pidió al gabinete Urkullu que «se mueva ya», en lugar de «aparentar» que se va a cambiar el sistema «para luego no hacer nada».

Los grupos ligados a la izquierda, como EH Bildu y Elkarrekin Podemos, tampoco han dado hasta el momento el visto bueno a la propuesta y, al contrario que el PP, han reprochado las «medidas restrictivas» recogidas. La música que llega desde otras iniciativas sí les suena mejor. Por ejemplo, la ampliación de las cuantías para las familias con hijos, o la idea de que los cobros indebidos prescriban a los dos años si Lanbide no se ha puesto en contacto antes con el perceptor. También defienden que el cobro de la RGI como complemento a un empleo precario deje de ser limitado en el tiempo (ahora se puede cobrar un máximo de dos años).

Una sola ayuda por domicilio

La discordia saltó en un punto que ahora deberá clarificarse. En una primera exposición, la consejera Artolazabal dio a entender que ya no se podrían cobrar dos ayudas en un mismo domicilio y que se adoptaría una regla general de un máximo de una RGI por casa. En su literalidad, esta medida supondría un recorte para aquellas personas sin recursos que comparten piso -familias monoparentales, personas extranjeras, hombres separados...-. En la actualidad el 13% de los titulares, algo más de 8.000 personas en Euskadi, encajan en ese perfil. Pero el texto de la propuesta deja bien claro que se contemplarán las excepciones actuales y que incluso se podría extender el tiempo de cobro bajo esas condiciones de convivencia.

El sistema de cuantías también será analizado con lupa. La propuesta se basa en un nuevo cálculo que tendrá en cuenta a todas las personas que compongan la unidad convivencial. En la actualidad, el dinero que se cobra aumenta en función del número de miembros, pero hasta un máximo de tres personas. A partir de ahí, la cuantía es la misma si en el hogar viven tres o seis miembros, una limitación a la hora de proteger a las familias con hijos. El nuevo sistema partirá de una cuantía común de 450 euros a la que se sumarán complementos individuales según el número de adultos y menores. La cuantía máxima de RGI para cualquier composición familiar ascenderá a 1.200 euros al mes.

Las ayudas, en cualquier caso, serán superiores a las que actualmente contempla el sistema, aunque inferiores a las recogidas en la Ley de 2008. Se oficializa, por lo tanto, el recorte del 7% que se viene aplicando de facto desde 2012.

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