Diario Vasco

Los casos de discriminación por raza o identidad sexual se duplican en Euskadi

Marcha contra el racismo y la xenofobia en Donostia.
Marcha contra el racismo y la xenofobia en Donostia. / PEDRO MARTÍNEZ
  • Gipuzkoa es la sexta provincia con más delitos de odio por racismo, con 11 hechos denunciados

  • El Gobierno Vasco se propone mejorar la red social, policial y educativa de detección y atención de un fenómeno que sigue «invisibilizado»

«En general, en las estadísticas, tenemos una opinión favorable hacia el colectivo inmigrante y los refugiados, pero cuando hay que traducirla a acciones de ayuda concretas, como el alquiler de un piso, empiezan las dificultades. Ahí, el rechazo es importante». Mikel Mazkiaran sabe perfectamente de lo que habla. El responsable del área jurídica de SOS Racismo en Gipuzkoa lidia a diario con los obstáculos legales que se encuentran quienes intentan rehacer su vida en el territorio, pero también con los numerosos casos de discriminación o ataques por motivos racistas y xenófobos que se registran. La red Eraberean del Gobierno Vasco contabilizó el pasado año 49 casos de discriminación por cuestión de origen, etnia u orientación sexual. El doble que en 2015. Pero es que además, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, Euskadi es la cuarta comunidad con más delitos de odio en todo el Estado. Y Gipuzkoa, en concreto, ocupa la sexta posición cuando el origen de esos ataques está relacionado con el racismo y la xenofobia. En 2016, se contabilizaron once situaciones delictivas por ese motivo, pero esa estadística tan solo supone «una pequeña parte» de los casos. Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, apenas el 20 o 30% de las discriminaciones o ataques por motivos raciales, homófobos o ideológicos se denuncian y, por tanto, quedan registrados en las estadísticas oficiales.

Mazkiaran profundiza en esa realidad, aún muy invisibilizada. «Los casos que derivan en un atestado policial son los más graves», explica. Pero una vez presentada la denuncia, «no sabemos qué recorrido tiene», advierte como primer problema. Desde SOS Racismo, el pasado año se involucraron, bien mediante acompañamiento o personación como acusación popular, «en cuatro o cinco casos» de los ocurridos en Gipuzkoa. Pero llegar hasta el final, y que el ataque o la vejación culmine con un reproche jurídico es complejo. «Primero, porque no sabemos cuántos de esos atestados llegan al juzgado, cuántos se archivan, y en cuántos hay sentencias, absolutorias o no», explica Mazkiarena. «La propia Fiscalía reconoce la gran asignatura pendiente».

Y segundo, porque es muy complicado demostrar que el ataque o la discriminación se ha producido por cuestión racista u homófoba. «El principal problema es la prueba. Porque un elemento esencial es la intencionalidad. A alguien se le puede agredir, pero si esa agresión no va acompañada de insultos claramente racistas no se puede probar la agravante o el delito de odio», se lamenta Mazkiaran, que asume que en muchos casos el ataque termina en en falta leve por «amenaza, insulto o algún empujón».

En el Gobierno Vasco comparten ese análisis. «Diversos indicadores constatan que la discriminación aumenta, aunque en muchos casos no se denuncia por miedo, desconocimiento o desconfianza», reconoció ayer en el Parlamento Vasco la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Pero es que además, «en la mayoría de ocasiones» en las que sí se denuncia, asumió, «las víctimas de hechos discriminatorios y delitos de odio no se sienten resarcidas tras el proceso judicial».

Ese camino judicial a ninguna parte es también el que desanima a presentar una querella por casos de menor gravedad, pero igual de relevantes a la hora de visibilizar el «fenómeno de la discriminación múltiple» y «sensibilizar en la igualdad de trato y la no discriminación». La red Eraberean, a la que pertenece SOS Racismo y otras organizaciones sociales como CEAR, Cruz Roja o Gehitu, es la encargada de detectar «y aflorar» estas situaciones discriminatorias. Y ese trabajo concluyó el pasado año con el doble de casos (49) que los contabilizados en 2015, con 25 registros. La mayoría de ellos, el 53%, se debió a razones xenófobas o racistas; un 27% de casos estuvo motivado por «LGTBIfobia» y otro 20% está vinculado con el colectivo gitano, cuyas asociaciones también participan en la detección y prevención de estos casos.

El Ejecutivo vasco se propone en el futuro inmediato incidir en las políticas de igualdad y no discriminación, y en mejorar los mecanismos de asesoría a los ciudadanos, de prevención de situaciones discriminatorias en los medios de comunicación, en las aulas o en el trabajo policial de la Ertzaintza, a la hora de su propia actuación, y detectar y atender este tipo de casos. Pero queda mucho por hacer.

Desconfianza

Para Jesús Ezponda, responsable del servicio Berdindu en Gehitu, la «percepción» no es halagüeña. Aprecia un repunte en los casos de discriminación homófoba que llegan hasta su oficina, pero como en el caso de Mazkiaran también cree que los datos registrados en las estadísticas son «parciales». En el caso de las personas del colectivo LGTBI «hay muchos factores que influyen» para silenciar las discriminaciones: «la desconfianza de que denunciar sirve para algo, la percepción de que esas situaciones van implícitas a su condición o el temor a significarse públicamente».

Ezponda, que colabora en el sistema vasco contra la discriminación desde otro de sus programas, reconoce avances «a nivel legislativo y social» en favor de la igualdad de trato, pero «igual no son tantos como pensamos». «Hay más conciencia de que hay cosas que no se pueden consentir», pero los altercados «en lugares públicos o de ocio» porque dos mujeres o dos hombres se besen o manifiesten afectividad en público se siguen produciendo, advierte. En Gehitu Gipuzkoa, atendieron unos seis casos por ataques homófobos, recuerda Ezponda. Y en 2017, acumulan ya cinco.

No todos llegarán al juzgado ni a las estadísticas. Algunos se quedarán en la nube digital y las redes sociales, donde se multiplican las agresiones verbales. Y donde «cada vez se traspasa más la barrera de la ofensa, para llegar al insulto y la amenaza, al delito», insiste Mazkiaran. Pero también ahí es difícil actuar.

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