Diario Vasco

Multas desde mayo a los caseros que no depositen la fianza de alquiler ante el Gobierno Vasco

Multas desde mayo a los caseros que no depositen la fianza de alquiler ante el Gobierno Vasco
  • El servicio Bizilagun contabiliza en su primer año 79.179 fianzas. Se estima que un 10% de los propietarios no ingresa el dinero en el fondo público

  • No cumplir en plazo con la obligación supondrá un 2% de recargo y un 10% tras el primer aviso

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Desde hace un año, el propietario de un piso o un local comercial en alquiler tiene dos obligaciones: registrar ese contrato en el Gobierno Vasco y depositar la cantidad de la fianza del inquilino en un fondo público, en lugar de que esa transacción quede en manos privadas. Las dos medidas se desprenden de los reglamentos desarrollados a partir de la Ley de Vivienda aprobada en julio de 2015 y cumplen ahora un año en vigor. El primer aniversario, además de servir como excusa informativa para hacer balance, también llega con una novedad, y no especialmente agradable para quienes se hayan saltado la ley. A partir del 1 de mayo, el Gobierno Vasco pone fin al periodo de 'gracia' concedido y comenzará a aplicar los recargos en caso de no cumplir con el depósito en el plazo de un mes previsto.

Sin necesidad de un previo aviso, aplicará un 2% del importe de la fianza al propietario que no haya hecho el preceptivo ingreso (una mensualidad para una vivienda, dos para un local comercial, y la cantidad proporcional en los arrendamientos de temporada). El recargo aumentará al 10% tras la primera notificación y hasta un 20% cuando la Administración emprenda la vía ejecutiva. Si a pesar de esos avisos el titular sigue haciendo caso omiso, el incumplimiento pasará a ser considerado una infracción leve y por lo tanto podrá sancionarse con una multa de entre 300 y 3.000 euros, con independencia de los recargos pendientes. En todo caso, la multa no podrá ser inferior al doble del depósito debido, precisa el texto de la Ley de Vivienda.

El departamento que dirige el socialista Iñaki Arriola no maneja cifras del volumen que puede suponer la bolsa de arrendatarios que actúen al margen de la ley y sobre los que se actuará en dos semanas. La principal aproximación, y con matices, resulta de la diferencia entre el número de contratos presentados y el número de fianzas depositadas. Pues bien, el pasado mes de febrero 2.798 contratos de alquiler se formalizaron en las oficinas de Bizilagun, el servicio público y gratuito creado para intermediar entre propietarios e inquilinos, de los cuales 2.458 ingresaron la cantidad correspondiente a la fianza. O lo que es lo mismo, 340 alquileres pasaron de largo de la obligación del depósito, si bien hay que precisar que hay un mes de plazo para hacerlo. De ahí que se estime que la cifra final de infracciones ronde el 10%, aunque será a partir de mayo cuando se podrá certificar esa realidad. El departamento sí clarifica que los recargos no solo se aplicarán a los contratos que se salten la obligación de la fianza a partir de mayo, sino a todos aquellos que en este tiempo tampoco hayan cumplido la ley al pie de la letra.

Por encima de lo esperado

La doble obligación de registrar el contrato de alquiler y de depositar la fianza en las oficinas de Bizilagun no fue bien recibida por muchos propietarios y levantó cierta polémica pero, pasado el primer año de rodaje de la ley, los resultados han superado las estimaciones iniciales. Según los datos aportados ayer por el Departamento de Vivienda, el número de fianzas depositadas en las delegaciones territoriales -donde está el servicio de Bizilagun- asciende a día de hoy a 79.179, entre viviendas y locales, cuando lo que se calculaba era alcanzar los 67.000 pisos. Solo en el último mes de marzo, se constituyeron 2.792 fianzas en toda Euskadi, de las cuales 1.004 correspondieron a Gipuzkoa. En consecuencia al mayor número de expedientes presentados, el volumen de fianzas también ha resultado más elevado y la cifra ya está en 68 millones de euros, frente a los 50 que se creían. Eso sí, la posibilidad de depositar la fianza en Bizilagun ya existía antes de la ley y ya se habían llevado fianzas al depósito público.

El departamento insiste en que las medidas no persiguen interferir en una transacción privada, sino que desde la filosofía de derecho social a la vivienda que recorre toda la ley, se busca «dar una mayor seguridad jurídica al arrendatario, además de clarificar y dotar de transparencia al mercado inmobiliario de alquiler». El hecho de que se tenga que registrar un contrato tiene también una consecuencia fiscal directa, ya que permite reducir el fraude, añadieron desde la consejería.

«Las cifras denotan una elevada conciencia ciudadana por parte de los arrendadores y también por parte de los arrendatarios», subrayaron las mismas fuentes que hicieron una lectura positiva del aspecto fiscal. El alquiler forma parte de las deducciones fiscales recogidas en el IRPF y el año pasado se contabilizaron 71.325 contribuyentes que obtuvieron deducciones por alquiler.

«Sin afán recaudatorio»

El departamento insistió ayer en negar que la aplicación de los recargos a los contratos que no cumplan con la ley y la obligación de ingresar la fianza en una cuenta administrada desde un servicio público como es Bizilagun tengan «afán recaudatorio». De hecho, la justificación por parte del Departamento, y de los partidos que votaron a favor de la ley (PSE, EH Bildu y UPyD), de intervenir en una transacción que hasta ahora se resolvía entre dos partes de manera privada se dirige al objetivo de «lograr un garantía de cobro» para el inquilino, y evitar en este sentido casos que podían poner en peligro el reintegro del dinero, como el embargo de cuentas del arrendador, o su fallecimiento.

El segundo motivo es lograr un censo de viviendas alquiladas a partir del registro de contratos. Aflorar el parque de pisos dedicados al alquiler permite por un lado cruzar esos datos con la información fiscal sobre rentas inmobiliarias y además da cifras del volumen de viviendas que se pueden dedicar a satisfacer la demanda inmobiliaria a la hora de activar los programas públicos de alquiler. De hecho, una parte del dinero que se deposite de las fianzas (hasta un máximo del 80%) podrá ser destinado a fomentar políticas públicas de vivienda, y el 20% restante se quedará como reserva.

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