Diario Vasco

«Se deberían pulir los mecanismos de reintegro al inquilino»

  • Los agentes de la propiedad avalan el registro de contratos y el fondo público de fianzas, pero reclaman mejoras tras este primer tiempo de rodaje

Las dudas y las preguntas sobre la aplicación de la ley, y en particular de los reglamentos relativos a la obligación de registrar el contrato de alquiler y depositar la fianza en el fondo público a través de Bizilagun, no se hicieron esperar. Un año después de su entrada en vigor, no todas las incógnitas están despejadas. José Luis Polo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Gipuzkoa, sigue concediendo un margen de tiempo para que se vayan resolviendo ciertas cuestiones de una ley que los profesionales han acabado asimilando.

Una de las mejoras que reclaman se refiere a la forma en que se devuelven esas fianzas. «Se deberían pulir esos mecanismos de rescate del dinero», porque pasados los tres meses de plazo máximo, esa cantidad se abona en la cuenta del arrendador del piso, que es el responsable en todo el proceso, y este a su vez se deberá encargar de ingresarla al inquilino. «Al final el propietario sigue teniendo esa Espada de Damocles», sostiene.

Cláusulas adicionales

Polo también lamenta la confusión en otros aspectos como el de la fianza obligatoria (un mes para el caso de las viviendas) y el de las cláusulas adicionales que permite la ley, y que pueden materializarse en más meses de fianza, como suele ser lo habitual, junto con otros requisitos como un aval bancario o un seguro de impago de rentas, apunta. Esto significa que en la práctica, un arrendador puede exigir más de un mes de fianza. Otra cosa es que la obligación que marca la ley es que el depósito sea el de una única mensualidad, y que el resto de requerimientos se dejen a criterio de las dos partes que firman el contrato bajo el capítulo de cláusulas adicionales.

Los agentes de la propiedad han «aceptado» la ley, asegura, y hoy es el día en que el cumplimiento se asume como una tarea más cuando se formaliza un contrato de alquiler, lo que no resta el papeleo extra y el tiempo dedicado a tal tramitación, especialmente al principio cuando se llegaron a formar colas en las oficinas de Bizilagun. «A título personal, yo defiendo el objetivo de la ley», que parte de la definición de la vivienda como función social. De ahí que Polo reclame fórmulas de exención fiscal para aquellos propietarios que pongan en alquiler su vivienda a través de los programas públicos, como Alokabide.

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