Diario Vasco

Los inquilinos de VPO deberían destinar el 80% de su sueldo para acceder a un alquiler libre

  • La escasez de oferta privada limita las políticas públicas que ahora promueven ese régimen, como el programa de captación de pisos vacíos

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Pararse ante una inmobiliaria en cualquier rincón de Euskadi y echar un vistazo a las ofertas de alquileres sigue siendo un ejercicio no apto para todos los públicos. La prolongada crisis económica iniciada en 2007 ha provocado en los últimos años cierta caída de los precios de las viviendas en régimen de venta, pero ese efecto apenas ha dejado rastro en el mercado del alquiler, donde la escasez de pisos disponibles mantiene alejadas de esa opción a las familias con menos recursos. Los 900 euros de media que se pagan en Euskadi por un alquiler libre convierten en inaccesible ese mercado para la mayoría de los ciudadanos que demandan un alquiler protegido, sobre todo, si su intención es vivir solos. En ese caso, el esfuerzo económico que deberían hacer esos 'valientes' para estar al día con las rentas es casi del 80% de sus ingresos anuales, una temeridad si esas familias o ciudadanos tienen alternativa y pueden, en muchos casos, acceder al mercado protegido o son merecedores del derecho subjetivo a una vivienda.

El último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda radiografía una realidad conocida, la de la brecha de precios que existe entre el mercado libre y el protegido. Pero además cuantifica el esfuerzo económico que deberían hacer las personas acogidas al régimen público si quisieran vivir en un piso libre. La conclusión es que el esfuerzo es ingente.

Según los cálculos realizados por el organismo dependiente del Gobierno Vasco para Gipuzkoa, si los ingresos medios anuales de una persona acogida al alquiler social son de 13.560 euros al año, debería destinar el 80,5% de su sueldo a pagar las rentas si se aventurara a afrontar en solitario un alquiler libre que podría ascender a los 10.926 euros. El alquiler medio en el mercado libre en este territorio es el más elevado de Euskadi, 910,5 euros. Pero sin embargo, el esfuerzo económico a realizar en el caso planteado por el propio organismo público que analiza la evolución del sector es menor al de los otros dos territorios.

Bizkaia eleva ese listón hasta el 89,1% del sueldo, un porcentaje inasumible para cualquier familia o ciudadano que además de pagar la casa 'debería' alimentarse, vestirse y hacer frente al resto de facturas derivadas también del propio hecho de habitar un piso. En ese territorio, según el estudio, la renta media anual de un alquiler libre se elevaría hasta los 10.592 euros (unos 882 euros al mes), algo menos que en Gipuzkoa. Pero los ingresos medios anuales de los demandantes de alquileres sociales también son menores, 11.884 euros, por lo que el esfuerzo económico que deberían hacer esas personas se incrementa en casi diez puntos.

En Araba, el esfuerzo económico de esos supuestos inquilinos es similar al de sus vecinos de Gipuzkoa, un 81% de su sueldo. Porque el alquiler medio a pagar a lo largo del año en el mercado libre sería de 9.115 euros, y sus ingresos apenas superan los 11.245 euros.

Los elevados precios de esos alquileres libres se han mantenido casi intactos en la última década, cuando el propio informe constata que las viviendas en venta han experimentado un descenso de precio en torno al 30%, pese al freno que durante esos años han provocado también las dificultades sobrevenidas por el desempleo, la falta de estabilidad laboral en las familias o la dificultad para acceder a créditos hipotecarios por las nuevas y exigentes condiciones impuestas desde las entidades bancarias.

Datos contradictorios

Los datos de este informe sirven de base al Observatorio para defender la necesidad de incentivar la política pública de alquiler a través de los programas ya existentes Bizigune y Asap, dos modelos con distinto grado de protección que requieren de la incorporación al mercado protegido de viviendas vacías. Y en ese elemento radica también, según advierte el estudio, uno de los obstáculos para incrementar o extender la actual política pública de alquiler, destinada a dar cumplimiento el derecho subjetivo a una vivienda digna amparado por la última ley. Los colegios y agentes inmobiliarios que han aportado sus datos al informe del Ejecutivo vasco reconocen una realidad que puede resultar contradictoria. La escasa oferta de alquiler libre en Euskadi impide que caigan sus precios, pero al mismo tiempo hace que quienes pueden acceder a ellos lo hagan sin pensárselo demasiado, con lo que los anuncios que cuelgan en los portales inmobiliarios de internet o de los tablones en las oficinas a pie de calle se retiran en poco tiempo.

Ese movimiento acelerado en estas transacciones entre inquilinos y arrendatarios provoca otra consecuencia negativa para el mercado de alquiler público. Y es que el parque de viviendas vacías que podrían gestionar las instituciones queda limitado, y con él los planes para movilizar esos pisos de cara a los mencionados programas de atención a los ciudadanos con menos recursos. En concreto, indica también el informe, según los últimos datos de 2015, la cantidad de pisos vacíos a los que el Gobierno Vasco podría echar mano para aumentar su capacidad de respuesta a los ciudadanos es de 35.647 viviendas en toda la CAV, 13.000 de ellas en Gipuzkoa.

Y el problema se agrava además en los municipios donde más demanda de alquiler existe, los núcleos urbanos más poblados, con las capitales San Sebastián y Bilbao a la cabeza, donde apenas el 3% de sus viviendas vacías estarían en disposición de integrarse en programas de alquiler público (VPO y sociales), cuyas mensualidades a finales de 2016 cayeron hasta los 268 euros de media, casi un 22% menos que un año antes, y menos de la mitad de lo que cuesta ser inquilino en un piso del mercado libre.

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