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El PP lamenta que la medida llega tarde y EH Bildu y Podemos la tildan de irresponsable

Los populares insisten en la necesidad de una reforma integral del sistema y las formaciones de izquierdas creen que se criminaliza a los perceptores de ayudas

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Miércoles, 22 de marzo 2017, 20:45

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El anuncio del Gobierno Vasco de que implantará el sistema de identificación de huella digital en las oficinas de Lanbide ha sido respondido por los grupos parlamentarios. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han criticado en sendos comunicados la decisión y denunciado que se «criminaliza» a los perceptores de la RGI. Por su parte, el PP recuerda que fueron ellos los que propusieron la medida en 2015 sin encontrar más apoyos.

«Los datos objetivos no justifican medidas de control como las que anuncia el Gobierno Vasco para identificar a las y los usuarios de Lanbide», ha denunciado la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena, que ha pedido la comparecencia de la consejera de Empleo y Políticas Sociales en el Parlamento. Según la coalición abertzale, «el Gobierno Vasco contribuye de forma irresponsable a alimentar la campaña de criminalización y estigmatización de quienes perciben la RGI. El PP puso en marcha esa campaña xenófoba y racista contra la RGI y ahora es el propio Gobierno el que, al parecer, quiere darle continuidad, quizá como pago del acuerdo presupuestario».

Desde Elkarrekin Podemos se coincide en la crítica. La formación morada acusa al Ejecutivo bipartito de PNV/PSE de «comprar el discurso del PP» sobre el fraude en la percepción de ayudas. La parlamentaria Tinixara Guanche ha lamentado que jeltzales y socialistas tomen «esta deriva» de un modelo «escandaloso» que prima el control de un fraude que no llega al 1% «frente a la protección de las más de 100.000 personas que se benefician directa o indirectamente de esta prestación».

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha opinado por su parte que el Gobierno Vasco «se ha rendido ante la realidad de alarmantes casos de fraude», pero ha lamentado que el Ejecutivo autónomo haya «perdido dos años con su inacción». Considera que las medidas anunciadas son «insuficientes» y que hace falta una reforma integral del sistema.

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