Diario Vasco

El fraude en la RGI se limita al 0,3% en los casos revisados por Lanbide

Exterior de la nueva oficina de Lanbide en el barrio donostiarra de Intxaurrondo.
Exterior de la nueva oficina de Lanbide en el barrio donostiarra de Intxaurrondo. / USOZ USOZ USOZ USOZ / USOZ USOZ USOZ USOZ
  • Cae a la mitad y se corrobora en 392 casos de 135.000 revisiones

  • La intensificación de las medidas de control se traduce en que el volumen de prestaciones bajo la lupa ha crecido un 47% en cuatro años

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El control de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para destapar posibles abusos y ajustar la eficacia de este derecho social se ha convertido en un asunto de primer orden político. Pero también de gestión. El refuerzo de la lucha contra el fraude, las nuevas herramientas informáticas, así como el cruce de datos con otras administraciones (ayuntamientos, Hacienda...) se han traducido en que las comprobaciones de las ayudas que cobran más de 63.000 personas sin ingresos en Euskadi han crecido un 47% en cuatro años. En 2016 alcanzaron las 135.410, y solo en un 0,3% se detectó fraude, según datos aportados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en respuesta al grupo Elkarrekin Podemos. En 2013, las prestaciones bajo la lupa se quedaban en 91.586.

En concreto, Lanbide, el organismo público que se encarga desde 2012 de la gestión de estas ayudas sociales, destapó en el último año 392 casos que pudieron ser identificados como una estafa, por cuanto se comprobó que el perceptor había tenido «una voluntad de engaño» para cobrar la prestación, una cantidad que oscila entre los 625 y los 960 euros al mes, a los que se pueden sumar los complementos por ser familia monoparental (45,5 euros al mes) y la Prestación Complementaria de Vivienda (250 euros al mes en concepto de ayuda al alquiler de un piso en el mercado libre).

Lanbide distingue el fraude del uso inadecuado de la ayuda social, que circunscribe a las actuaciones que «sin ser fraudulentas suponen hacer un uso inadecuado de la prestación». Bajo este concepto encuadró otros 824 expedientes, el 0,6% del volumen revisado, que sumado el 0,3% de la bolsa de fraude da como resultado que las 'irregularidades' no llegan al 1% del total. Esta cifra puede suponer alrededor de 10 millones de euros de gasto al año a perceptores que se saltan la ley. En total, el presupuesto para la RGI (y la PCV) supuso el año pasado 491 millones. La consejería que dirige la jeltzale Beatriz Artolazabal acaba de anunciar que «en breve» se intensificará el control con nuevas medidas que permitan mejorar el funcionamiento de Lanbide.

27.500 pagos suspendidos

Los datos publicados permiten concretar el volumen de control que se mueve en ese magma de miles de expedientes que gestiona Lanbide cada mes, en un momento de efervescencia política en torno al sistema de garantía de ingresos y de las reformas que se introducirán en la RGI para seguir respondiendo a la demanda y a la vez asegurar la sostenibilidad del modelo.

Cada mes, Lanbide somete a examen a 11.285 expedientes de toda Euskadi, bien elegidos al azar bien a raíz de avisos detectados en el cruce de información con otras administraciones como Hacienda, entre otros mecanismos de control. En 2016, fueron un total de 135.409 prestaciones evaluadas. El 20%, una de cada cinco, fueron suspendidas o extinguidas (cuando un perceptor acumula dos suspensiones). En concreto, 27.501 personas dejaron de cobrar la ayuda, la mayoría por incumplir las obligaciones, una circunstancia que la consejería diferencia con insistencia del fraude frente a los discursos «en abstracto» a la hora de hablar de los abusos en el cobro de las prestaciones sociales.

La legislación de la renta de garantía de ingresos recoge una larga lista de motivos por los cuales se puede suspender la ayuda a un beneficiario, de forma temporal o definitiva: traslado de residencia fuera de Euskadi, cobrar nuevos ingresos por encima de los límites previstos, rechazar un empleo, no comunicar en plazos cualquier modificación relativa al expediente u ocultar datos sobre la situación personal del perceptor. En el último año, 5.500 expedientes revisados respondieron a estas causas. La suspensión se mantendrá mínimo durante un mes y en todo caso mientras persistan las causas que la motivaron, especifica Lanbide. Si pasan 12 meses sin reanudarse la solicitud de ayuda, el derecho a la prestación se extinguirá definitivamente.

A la par que se han aumentado las comprobaciones en el cobro de las ayudas, también ha ido creciendo el número de prestaciones suspendidas, que en 2016 supusieron un 17% más que hacía tres años, si bien en volumen pasan a representar el 26% del total de expedientes revisados al 19,9%. Organizaciones sociales como Cáritas han alertado en más de una ocasión que estas suspensiones dejan fuera del sistema a los perceptores, que terminan por recurrir a otra red de ayudas, como pueden ser las de emergencia social que otorgan los ayuntamientos o las propias que conceden las organizaciones del Tercer Sector.

3.769 reclamaciones

El grupo parlamentario de Podemos Elkarrekin también se interesa en sus preguntas a la consejería por los recursos planteados ante Lanbide por parte de perceptores que no están de acuerdo con la modificación de su expediente, y por tanto, de la nómina social que recibe. En 2016 el servicio vasco de empleo recibió 3.769 reclamaciones, de las cuales el 76% (2.863) fueron desestimadas y el 7% (259), inadmitidas o presentadas fuera de plazo, concreta el departamento. El resto fueron estimadas totalmente o de forma parcial.

La consejería informa asimismo de las resoluciones que son recurridas por vía judicial. En total, entre 2013 y 2016 recibieron 745 demandas de las cuales 197 se encuentran pendientes de sentencia. De los 548 casos finalizados, 296 fueron desestimados mientras que 174 fueron aceptados dando la razón al perceptor. En el resto, precisa el departamento en su respuesta, o bien se ha producido un desistimiento o bien se ha llegado a un acuerdo extraprocesal. La consejería no considera que el número de demandas desfavorables hacia Lanbide sea elevado respecto al total de procedimientos que tramita el organismo.

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