Euskadi reorienta su política de vivienda y triplicará la edificación de VPO de alquiler

Los dos capítulos experimentan saltos cuantitativos importantes, pero el que apunta a la edificación de nuevas viviendas en alquiler es objeto de un impulso histórico. Este año se iniciarán en Euskadi casi tres veces más pisos destinados al alquiler que el año pasado y si se atiende a la serie histórica, la iniciativa desvelada ayer por el consejero triplica también la media de lo que en este campo se ha realizado durante los últimos siete años.

El Gobierno Vasco destinará a este frente 48,3 millones de euros: 31,4 para acometer sus nuevas edificaciones; 6,8 para cubrir el programa con Visesa -la sociedad que impulsa los pisos protegidos- y 10,1 aportados a los entes locales. En cualquier caso, lo que revela bien a las claras el rumbo que la consejería quiere tomar es el hecho de que el 80% de las nuevas edificaciones de pisos de protección por parte de los entes públicos sean en alquiler.

Mientras las constructoras se ponen en marcha cabe, tal y como reconoció ayer Arriola, «apostar por soluciones inmediatas a corto plazo». El derecho subjetivo a una vivienda, reconocida por ley en Euskadi, no entiende de plazos. En 2017 se incorporan a este derecho nuevos colectivos sociales, compuestos por unidades convivenciales de dos miembros con ingresos anuales de hasta 12.000 euros. Se agregan así a los colectivos sociales de tres o más miembros con ingresos de hasta 15.000 euros que ya tienen reconocido ese derecho de acceso a la vivienda desde 2016.

Por eso, la consejería del ramo ha activado la movilización del stock de viviendas vacías a través de los programas de intermediación en el mercado (Bizigune y Asap). Claro que para ello ha tenido que presentar incentivos a quienes pueden ceder en alquiler alguna de sus propiedades. En 2014 se redujo de 600 a 450 euros mensuales la renta máxima a abonar a los propietarios que se acogen al programa Bizigune, lo que ha llevado a muchos titulares de pisos vacíos -considera la consejería- a recurrir al juego de la oferta y la demanda en el mercado libre. Por ello, el citado máximo se sube 75 euros -un 17%-, hasta los 525 euros al mes de alquiler. El aliciente conlleva la factura correspondiente y el departamento de Vivienda deberá aumentar los recursos destinados al programa hasta los 24 millones de euros, un incremento del 23% respecto al ejercicio del año pasado.

Sumando el presupuesto de las nuevas edificaciones destinadas al alquiler y las subvenciones orientadas al mismo fin -el Gobierno Vasco paga, por ejemplo, una cantidad mensual a los propietarios que aceptan destinar una vivienda al alquiler social-, resulta que el 80% de la iniciativa de los entes públicos de vivienda se destinan a políticas de alquiler.

El arrendamiento acapara por tanto el mayor protagonismo -el 56% del gasto frente al 33,5% que se orienta a políticas de rehabilitación- de un departamento, el de Vivienda, que también se lleva la mejor parte de la macroconsejería compartida con Medio Ambiente y Planificación Territorial. Los números constituyen el mejor indicador de prioridades de la Administración, y los presentados por Arriola ayer constatan que Vivienda dispondrá este año de 121,6 millones de euros -11,7% más que en 2016-, cuantía que asciende a 340 millones si se suman los presupuestos de las sociedades públicas Alokabide y Visesa. En cambio, el área de Medio Ambiente gestionará 60,8 millones y el de Planificación Territorial, 3,7.

A la prioridad se suma esta vez la necesidad, traducida por el propio Parlamento Vasco en ley. El equipo de Arriola calcula que este año se duplicará, con esta apuesta presupuestaria, el alcance material del derecho legal a una vivienda digna y adecuada, que será atendido con un piso en alquiler y, si no hay uno disponible, mediante el pago de la prestación económica de vivienda (PEV). El consejero concluyó ayer que no habrá «reducción alguna de los derechos reconocidos» en materia de prestaciones de vivienda.

Impulso a Plaiaundi

En cuanto al otro gran capítulo de Vivienda, Arriola explicó que «vamos a dedicar 18 millones de euros en créditos de pago y compromiso para subvencionar a propietarios y comunidades de vecinos la rehabilitación de 14.000 viviendas».

En cuanto al resto de partidas de la consejería, dentro del área medioambiental de Protección del Patrimonio Natural, dotado con 3,5 millones de euros, Arriola citó como «uno de los proyectos importantes y complejos de este ejercicio», el despliegue de 'Txinbadia+', dentro del plan de restauración de la bahía de Txingudi y su habilitación para recorrerla en bici. Puso los dientes largos a los vecinos bidasotarras al vaticinar que «va a ser en este ejercicio donde se empiecen a dar los pasos que permitan avanzar realmente en la restauración ambiental de la zona de Plaiaundi».