Educación variará la admisión de alumnos para atajar la discriminación de inmigrantes

Una de estas medidas, ya en vigor este curso, es la de dejar a disposición de la Administración educativa la gestión del 10% de margen que tienen los centros concertados para variar la cifra de alumnos por aula. De este modo, el departamento es el que organiza y planifica los nuevos grupos con criterios que posibiliten una oferta equilibrada de plazas para alumnado inmigrante en centros públicos y concertados.

Estos objetivos se hallan incluidos en el borrador del nuevo y segundo Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de la escuela inclusiva e intercultural 2016-2020. El texto ya ha superado su fase de debate público y ahora afronta una nueva etapa de incorporación de aportaciones, que concluirá a mediados de febrero.

El plan trata de poner orden en la siempre cambiante realidad de la población de origen extranjero en el sistema educativo. «Ahora nos llega un alumnado procedente de todo el mundo -más de 3.000 una vez iniciado el curso-, con lenguas y culturas diversas, con itinerarios y modelos educativos diferentes, con su propia idiosincrasia», señala el borrador. «Estamos ante una situación compleja y delicada a nivel social, que supone un reto importantísimo para el sistema educativo y que precisa de una escolarización adecuada y del aprendizaje de las lenguas curriculares por parte del nuevo alumnado», añade.

El plan sustituye al que permaneció vigente entre 2012 y 2015. El análisis de los resultados obtenidos sirvió entonces para poner de relieve una serie de «realidades conocidas» que aún perduran, entre ellas «las dificultades con que las comisiones territoriales de escolarización se encuentran para llevar a cabo su función con rigor, equidad y eficacia».

Diferente presencia

Entre las realidades pasadas y presentes que quedaron corroboradas se halla la existencia de «centros con un alto porcentaje de alumnado inmigrante frente a otros con número reducido» y la «diferente presencia del alumnado recién llegado de la misma zona de influencia escolar en unos centros y en otros: entre centros públicos y concertados, así como entre los públicos y entre los concertados». También se comprobó que en estos últimos colegios «se supera la ratio máxima en un 10% en matrícula ordinaria», que las familias inmigradas tienen preferencia por los centros públicos y que la constante escolarización de alumnado inmigrante en algunos centros «provoca desasosiego en el profesorado y en las familias porque creen que se entorpece el normal desarrollo del curso escolar».

En este contexto, el plan aún en fase de borrador plantea medidas de actuación en un modelo de enseñanza en el que «año tras año siguen llegando a nuestras aulas un número importante de alumnos con evidentes necesidades de adaptación al nuevo entorno y a nuestro sistema educativo escolar, con necesidades de aprendizaje de las lenguas vehiculares sociales y escolares o con procedencias curriculares diversas». Se trata, en suma, de contestar a una pregunta: «¿en qué medida se está dando la atención educativa adecuada a este nuevo alumnado?»

La respuesta es tan conocida entre los agentes educativos como poco halagüeña. «El día a día de los centros -reconoce el borrador- nos dice que estas nuevas matriculaciones aún producen cierta inquietud cuando nos llegan a partir de los nueve o diez años, no solo porque no llegan en los plazos de matrícula establecidos, sino porque suele ser alumnado escolarizado en otros sistemas, en lenguas que no conocemos, con estilos de aprendizaje diferentes y algunos con escolarización escasa».

Realidades concretas

Para hacer frente a esta situación el borrador plantea la creación de oficinas territoriales de información y orientación sobre escolarización «que actuarán teniendo en cuenta cada situación concreta para iniciar o mejorar el proceso de acogida y atención del alumnado inmigrante». También «se valorará la realidad de cada zona, población o centro educativo y los datos cuantitativos y cualitativos en relación con la situación concreta del alumno en lo referente al tiempo transcurrido entre su llegada y su escolarización, su nivel de competencia lingüística, su trayectoria escolar previa y su entorno familiar».

Una propuesta con la que se pretende fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos es la de incorporar en la concesión de ayudas a las escuelas privadas de primer ciclo de Educación Infantil «criterios que favorezcan la incorporación de alumnado de los entornos más desfavorecidos». En la búsqueda de la equidad se sitúa también una de las novedades de la actual campaña de prematriculaciones, en la que se ha rebajado de 42.000 euros a 9.000 el límite para obtener puntos por rentas bajas a la hora de optar a un plaza escolar. Con esa medida, el Gobierno Vasco pretende que solo los hogares con menos recursos tengan prioridad para acceder a una plaza escolar y, a la vez, fomentar que los alumnos de entornos socioeconómicos altos opten por la escuela pública.

La consejería de Cristina Uriarte plantea llevar a cabo «un serio análisis» sobre la asignación de recursos y su eficacia en la atención educativa a los alumnos inmigrantes. Estos recursos se vincularán «a proyectos concretos y la implicación de todo el profesorado» en su gestión, especialmente en lo relativo al «trabajo dirigido a la adquisición de una o más lenguas nuevas». En este sentido, el borrador recuerda que «se requiere un mínimo de cinco años para adquirir un dominio suficiente de las habilidades académicas del lenguaje para seguir con provecho las exigencias escolares».

Esto significa, añade el texto, que «las ayudas al alumnado extranjero en el ámbito lingüístico no deberían terminar en el momento justo en el que abandona los espacios de acogida porque sus necesidades no están todavía cubiertas, a pesar de las apariencias, y que todo el profesorado -no solo el de lengua- debería ser consciente de la dimensión lingüística de su tarea». Para facilitar este trabajo el Departamento de Educación propone revisar y, en su caso, modificar «la asignación de plazas de personal de refuerzo lingüístico en los centros públicos a efectos de incluir variables relacionadas con el número de alumnado inmigrante de los centros».