Un asturiano, indemnizado con 15.000 euros por los fallos en su prótesis de pene

La condena impone el pago de 3.281 euros por parte del médico urólogo que le practicó la intervención quirúrgica y otros 12.049 euros que correrán a cargo de la empresa fabricante de la prótesis.

El demandante -representado por el abogado Antonio Cifuentes, del despacho Botas Abogados- solicitaba una indemnización de 26.534 euros. Según refleja la sentencia, el hombre había acudido a la consulta privada del urólogo por un problema de disfunción eréctil. La solución que le dio el facultativo fue la de colocar una prótesis peneana. La operación tuvo lugar el 23 de septiembre de 2013. «Al activarla, presentaba mal funcionamiento de uno de los cilindros intracavernosos, por lo que fue nuevamente intervenido el 3 de diciembre de ese mismo año», recoge el fallo judicial al que tuvo acceso El Comercio. Los problemas continuaron y el afectado fue operado por tercera vez el 30 de diciembre de 2013. En abril de 2014, al comprobar que la prótesis seguía sin funcionar, optó por acudir a otro médico, quien «le constató que estaba defectuosa».

Un fallo de fabricación

El urólogo demandado se defendió asegurando que la primera prótesis colocada presentaba un fallo de fabricación y que se le repuso por otra nueva «sin ningún gasto adicional». El fabricante, por su parte, alegó que «la primera prótesis que le fue retirada presentaba unos orificios que necesariamente tuvieron que ser causados por un tercero, bien al colocarla o bien posteriormente». Argumentó también que «en el manual que le fue entregado al demandante figuran los riesgos y posibles complicaciones, especialmente, en los casos de pacientes con Peyronie», patología de incurvación del pene. «No se puede reclamar la devolución del precio de una prótesis que el actor sigue utilizando», consideraba la representación legal de la empresa fabricante.

Sin embargo, la jueza aprecia responsabilidad en la forma de actuar de los demandados. «No consta acreditado que el médico informase, con carácter previo a la intervención, de los posibles riesgos y complicaciones asociados a la implantación de la prótesis. No consta un documento de los denominados de 'consentimiento informado', pues, el que se ha aportado con la historia clínica no está firmado por el paciente».

Durante la vista oral, la esposa del perjudicado declaró como testigo y manifestó ante el tribunal que «el doctor les había recomendado la prótesis porque era lo mejor que había».

«No ha quedado demostrado que el inadecuado funcionamiento de la prótesis implantada sea debido a la actuación negligente o incorrecta del médico demandado. En relación con la primera intervención, la prueba practicada ha puesto de manifiesto que el mal funcionamiento de la prótesis fue debido a la filtración de líquido, presentando la bomba unas perforaciones que no ha quedado demostrado que fueran causadas por el doctor», añade la resolución judicial, que señala, no obstante, que el facultativo médico «no actuó conforme a la lex artis ad hoc, al no informar adecuadamente al demandante, sobre los riesgos probables».