Diario Vasco

El Gobierno Vasco deberá acometer un cambio legal para no aplicar la subida del SMI a la RGI

Manifestantes pasean desnudos por el centro de Bilbao para reclamar que la RGI se aumente un 8%.
Manifestantes pasean desnudos por el centro de Bilbao para reclamar que la RGI se aumente un 8%. / DV
  • Expertos lamentan que la decisión del Ejecutivo merme el poder adquisitivo de los perceptores

  • No comparten el argumento de que la actualización de la cuantía en un 8% vaya a desincentivar la búsqueda de empleo

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El Gobierno Vasco se verá obligado a acometer un cambio legal para poder esquivar la aplicación de la subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Así lo aseguran los expertos consultados por este periódico, que consideran que la medida anunciada este fin de semana por el departamento que dirige la jeltzale Beatriz Artolazabal -y respaldada por los socios de gobierno del PSE- supondrá una nueva merma en el poder adquisitivo de los casi 64.000 beneficiarios de esta prestación, que ya vieron recortada la cuantía un 7% en 2012. Además, sostienen que el sistema de garantía de ingresos que sustenta la RGI debe ser objeto de una profunda revisión «que no debe posponerse más», como así se prevé en el Parlamento Vasco en los próximos meses.

Como explican los expertos consultados, la decisión del Gobierno central de subir un 8% el SMI ha cogido «a contrapié» al Ejecutivo vasco, que ha optado por rechazar la subida mensual de entre 50 y 80 euros que correspondería a los perceptores de la RGI, y no seguir la literalidad de la Ley vasca de Garantía de Ingresos -artículo 20.1-, que vincula la actualización de la cuantía de la prestación al SMI.

En su lugar, ha optado por aplicar la subida del IPC, que cerró 2016 con un incremento del 1,5%. Para dar carácter legal a este cambio, los expertos consideran que el Ejecutivo optará por una modificación legal a través de la ley de Presupuesto de la CAV de 2017 -una norma de similar rango-, como ya se hizo en 2012 cuando se redujo un 7% la cuantía de la prestación.

La decisión del Gobierno Vasco, que ha desatado una tormenta política con los partidos de la oposición y los sindicatos, se mira también con lupa por los expertos en la materia. Y, entre estos últimos, predomina también la crítica al aplauso por la decisión adoptada.

«Es un error. Venir ahora con alguna argumentación legal, saltando la literalidad de la ley que establece una relación directa entre la cuantía de la RGI y un porcentaje del SMI, traiciona el espíritu legislativo de la ley de 2008», considera Pedro Sánchez, trabajador social e investigador. En su opinión, «es contradictorio» que ahora el Gobierno Vasco diga «que el SMI en realidad es algo que afecta a los trabajadores pero no a los perceptores de la RGI».

Sánchez sostiene además que el hecho de que se vincule ahora la RGI al IPC es «oportunista» porque busca la referencia con un indicador que «está subiendo menos en estos años». Según denuncia, es «evidentemente una forma de ahorrar dinero y eludir el presupuesto que supondría en 2017», que se calcula en torno a 30 millones de euros más de sobrecoste.

Desde Cáritas, donde a diario tratan con hogares que cobran la RGI, tampoco han recibido de forma positiva la decisión del Ejecutivo vasco. «Lo más razonable y lógico hubiera sido llevar a cabo la subida en las cuantías, en el porcentaje que establece el SMI, en la medida en que existe una relación directa entre ambos conceptos y que viene recogido en la ley», asegura José Emilio Lafuente, director general de Cáritas Gipuzkoa.

Fernando Fantova, consultor social, también sostiene que lo «más correcto» hubiera sido aplicar la subida del 8% del SMI a la RGI. «Lo que el legislador estableció es que la referencia sea el SMI y no encuentro ninguna razón para cambiar eso. Es llamativo que cuando el SMI no sube se mantenga la referencia y cuando sube no se mantenga. Me parece que no es una decisión correcta», añade. «Entiendo que lo que van a hacer es modificar la ley a través de la Ley de Presupuestos. No pienso que vayan a incurrir en una ilegalidad», asegura el que fuera también viceconsejero de Asuntos Sociales en el Gobierno Vasco de López.

Joseba Zalakain, director del Centro de Documentación y Estudios SIIS, también considera que «no es una buena noticia» que no se aplique el SMI «porque en 2012 se bajó el 7% y ahora el 8%, que es lo que no se sube». Eso sí, el experto matiza. «De todos los problemas que tiene la RGI, el de la cuantía no es el más importante, porque estamos más o menos homologados con Europa», asegura.

Reforma pendiente

Zalakain, que considera que el SMI «no es una buena referencia para la actualización de la RGI porque está sometido a un criterio político», recuerda que la prestación está pendiente de una reflexión más profunda. «Es verdad que al Gobierno Vasco le ha venido un poco a contrapié la obligación de tomar una decisión, cuando quizás lo lógico sería no decidir nada ahora a la espera de hacer una reflexión más general sobre la RGI. Lo mejor es que se haga esa reflexión cuanto antes y se tomen las decisiones».

Todos los expertos consultados coinciden en la necesidad de reformar esta prestación mediante el consenso. «Hoy en día, el problema de la RGI es para las familias de más de tres miembros, porque a partir de tres miembros la cuantía no crece», coinciden Zalakain y Lafuente.

Los expertos consultados también consideran que no es una afirmación real que el aumento de la cuantía de la RGI un 8%, al igual que el SMI, vaya a desincetivar la búsqueda de empleo, como sugiere el Gobierno Vasco en su argumentación. «Es una simplificación que acepta premisas falsas y erróneas. Ver el sistema de garantía social solo como un gasto y no como una inversión pública, para generar actividad económica y luchar contra la pobreza, es de una cortedad de miras que es triste e inédito en la CAV», critica Sánchez.

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