Diario Vasco

La ley que consagra los servicios sociales arranca hoy con carencias en la red municipal

Mayores hacen ejercicio en la residencia Zorroaga de Donostia. La atención al envejecimiento es uno de los capítulos que mayor gasto supone en servicios sociales.
Mayores hacen ejercicio en la residencia Zorroaga de Donostia. La atención al envejecimiento es uno de los capítulos que mayor gasto supone en servicios sociales. / LOBO ALTUNA
  • Ocho años después de su aprobación, el lento desarrollo normativo ha obligado a un sprint final

  • La ley considera los servicios sociales como un derecho subjetivo, como la sanidad y la educación, pero las diferencias de acceso y coberturas persisten

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En plena travesía navideña, Euskadi estrena hoy una de las leyes que más esfuerzo institucional ha costado tejer. La Ley vasca de Servicios Sociales entra por fin en vigor, ocho años después de su aprobación, con el reto de avanzar hacia un sistema igualitario para toda Euskadi. Pese al margen transcurrido, arranca a medias, con deberes pendientes para cumplir con las exigencias recogidas en la norma, especialmente en los servicios sociales municipales, donde se detectan las principales carencias de plazas y equipamientos, en las que ya se trabaja para corregirlas.

Con todo, la mayor revolución llega con una ley que consagra los servicios sociales como un derecho subjetivo, y por tanto exigible ante la justicia, como lo son la educación y la sanidad. En la práctica, el ciudadano no notará nada diferente y deberá seguir el recorrido habitual para solicitar una prestación o un servicio (centro de día, residencia...), a través de los servicios sociales de base, la puerta de entrada al sistema. En su defecto, se le ofrecerá una prestación económica vinculada al servicio de manera temporal.

Los servicios sociales cobran hoy una mayor dimensión, con un compromiso político y financiero para sentar las bases de un modelo vasco de servicios sociales, en el que se eliminen las diferencias de acceso que persisten entre los tres territorios y entre los municipios de un mismo entorno. Se trata de acabar con un sistema que funciona a tres velocidades y, en definitiva, de mejorar los apoyos a las más de 180.000 personas atendidas en Euskadi por los servicios sociales, que abarcan desde la dependencia, a la exclusión o la atención a la desprotección.

¿Todos iguales? La entrada en vigor de la ley viene envuelta en más ruido del esperado. El informe sobre la situación de los servicios sociales municipales, publicado por el Ararteko, ha constatado una vieja realidad. El acceso a los servicios sociales no es igual según en qué lugar se resida. No solo ocurre que un ciudadano tiene diferentes servicios y prestaciones si vive en Gipuzkoa, Bizkaia o Álava, sino que las diferencias se acentúan entre municipios. La ley, precisamente, tiene la vocación de corregir esas desigualdades en el horizonte 2020, una foto que está lejos de ser realidad, pero para la que ya se está trabajando, subrayan desde la Asociación de Municipios Vascos, Eudel. La legislación vasca se concreta en el plan estratégico 2016-2019, que impone a los tres territorios una cobertura mínima para cada servicio (el 80% de la cobertura media de los tres territorios a partir del próximo 1 de enero y del 85% para 2020).

Qué se ha hecho hasta ahora. El lento desarrollo normativo desde que se aprobó la ley en el Parlamento Vasco en 2008, salpicado de encontronazos institucionales y parones en la negociación, ha sido un lastre para avanzar. El propio plan estratégico -que el Gobierno Vasco aprobó a finales del año pasado- nació «con evidente retraso», reprochó a principios de este año el CES, el órgano consultivo que se pronuncia sobre los decretos y proyectos de ley que elabora el Ejecutivo autónomo. Una vez aprobada esa herramienta, en Gipuzkoa, la planificación de los ayuntamientos se ha acelerado en estos últimos meses, un impulso liderado desde la Diputación, dentro de una mesa interinstitucional cuyo siguiente reto será construir un modelo territorial homogéneo.

Las plazas necesarias. Los servicios sociales se prestan desde tres instituciones: Gobierno Vasco -responsable del servicio de teleasistencia-, ayuntamientos y Diputación, en quienes descansa el grueso del sistema. La llamada atención secundaria (centros de día, residencias, centros para personas en exclusión...) ha crecido en estos años para cumplir la cobertura exigida en la ley. El diagnóstico realizado cifró en 634 las plazas deficitarias, de las cuales 417 se consideraron prioritarias. Desde 2015, la Diputación ya ha creado 303 plazas y en 2017 se habilitarán 183 más, por lo que el cómputo total superará las 417 previstas, según datos aportados por el Departamento de Política Social que dirige la jeltzale Maite Peña.

En los servicios sociales que son competencia de los ayuntamientos (apartamentos tutelados, viviendas comunitarias, servicio de ayuda a domicilio, atención diurna de personas en exclusión...) los cálculos arrojaron un déficit de 622 plazas en todo el territorio, una cifra que apenas ha variado, salvo excepciones. Los municipios caminan un paso por detrás, en la fase de planificación, y han empezado a organizarse por comarcas para poder corregir las desigualdades entre municipios, especialmente de los pequeños. Esta gestión compartida permitirá que un ciudadano que no tenga un recurso en su municipio, sí tenga acceso en su comarca más cercana, asegura Eudel, que reconoce «ser consciente de los deberes», pero insiste en el trabajo que ahora despega y el esfuerzo de colaboración entre los municipios para cumplir con los objetivos de la ley.

Cómo se financia el nuevo sistema. Uno de los principales escollos que dificultó la aprobación de la ley y su posterior desarrollo ha sido la financiación. Las instituciones tasaron en 2013 el gasto público en servicios sociales y calcularon el incremento previsto para 2019. En el caso de Gipuzkoa, la foto de partida cifró la inversión en 324 millones, de los cuales 273 corrían a cargo de la Diputación (84%) y 51 (15%), de los ayuntamientos. El desarrollo de la ley hasta 2019 conlleva un incremento de gasto de 61 millones: 48,8 de los fondos forales y 12,2 de los municipales. El Departamento de Política Social subraya que en estos tres años el presupuesto del área ha crecido en 45 millones, por lo que se acerca ya a la inversión final.

Los municipios guipuzcoanos, por su parte, acaban de recibir los 3,3 millones de euros previstos para el desarrollo de la ley este año, lo que les ha dejado sin margen para ejecutar nuevas plazas, argumentan desde Eudel. El regalo cae del fondo pactado por las instituciones, un caramelo que contribuyó a desarrollar la ley, especialmente por parte de los ayuntamientos, la parte más débil tanto en medios técnicos como económicos.

Un derecho que llevar a la práctica. Los servicios sociales, el hermano más pobre del Estado de Bienestar, ascienden a la primera división reconocidos como un derecho subjetivo. Esta declaración de principios tiene su trascendencia y abre un abanico de casuísticas que deberán aclararse. Una persona a la que le corresponda un recurso o un servicio, previa valoración, tendrá derecho a recibirlo. La respuesta a esa demanda plantea el interrogante de cómo se resolverá en las comarcas que se están creando entre ayuntamientos para paliar los déficits de los municipios más pequeños. ¿Tendrá un ayuntamiento de esa demarcación la obligación de atender a un vecino de otra localidad? ¿A quién le corresponderá pagar en tal caso? La necesidad de llegar a acuerdos para ofrecer esas prestaciones agrupadas es uno de los retos inmediatos.

El siguiente examen. Llegado el día 'D' de la ley, y con el horizonte del 2020 para lograr los objetivos marcados, la norma también incluye evaluaciones intermedias, la primera de las cuales se hará en el primer semestre de 2017, lo que permitirá conocer el grado de avance de cada una de las instituciones implicadas.

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