Diario Vasco

Plan del Gobierno Vasco para actuar en los abusos sexuales en la escuela

La consejera de Educación en funciones, Cristina Uriarte.
La consejera de Educación en funciones, Cristina Uriarte. / F. GÓMEZ
  • Aprueba el procedimiento que coordina la actuación de varios departamentos en casos de agresión

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El Departamento vasco de Educación va a poner en marcha un protocolo para actuar ante casos de abusos sexuales, acoso y maltrato en los colegios. La iniciativa aprobada ayer por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco tiene como uno de sus principales objetivos buscar «la colaboración entre el ámbito educativo y los agentes que intervienen en la protección de los menores». La consejería que dirige Cristina Uriarte no contaba con un procedimiento por escrito y consensuado con otras instituciones, aunque sí tenía un «plan de acción».

El denominado Protocolo de Prevención y Actuación en el Ámbito Educativo ante Situaciones de Posible Desprotección y Maltrato, Abuso y Acoso Sexual se ha elaborado en coordinación con los departamentos de Salud, Políticas Sociales y Seguridad y los servicios sociales municipales y forales y la Fiscalía Superior del País Vasco. La propia consejera anunció el pasado año la creación de este programa, a raíz de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía alavesa a un profesor por posibles abusos sexuales a escolares de colegios de Vitoria.

Esa investigación puso en evidencia una carencia en el sistema educativo: no había un protocolo parar actuar ante este tipo de agresiones en las aulas vascas. La consejera aclaró entonces y reiteró ayer que sí había «un procedimiento sistematizado», pero no contaban con un programa «interinstitucional escrito».

Ese caso, que aún se encuentra en fase de investigación, también puso encima de la mesa el debate por la falta de coordinación y colaboración entre diferentes instituciones cuando se produce una agresión en el ámbito educativo. De hecho, el docente sospechoso de los abusos fue apartado de su trabajo meses después de que la Fiscalía iniciara las diligencias, ya que el Departamento de Educación aseguró que no había tenido conocimiento de que estaba siendo objeto de una investigación judicial. Uriarte comentó en aquella ocasión que el protocolo que iba a preparar su equipo solucionaría la «falta de coordinación» que se había producido entre los agentes que intervienen en la protección de menores.

Uno de los primeros objetivos de esta iniciativa consiste en prevenir y detectar los abusos. La consejera subrayó ayer que la protección de los derechos de los niños y adolescentes no sólo exige «aliviar el impacto» de la agresión cuando se ha producido, sino «prevenir y detectar precozmente los riesgos». El protocolo define situaciones de desprotección, de maltrato, y de acoso y abuso sexual en el ámbito escolar, enumera los principios generales de actuación ante estos supuestos, y detalla las actuaciones preventivas. En concreto, indica lo que debe hacer el centro de enseñanza y cómo debe ser la coordinación y colaboración entre la escuela y los agentes que intervienen en la protección del menor: servicios sociales, sanitarios, Ertzaintza, Fiscalía y juzgados.

«Obligación ética»

«El trabajo en red es imprescindible para crear un sistema que pueda actuar en prevención, detección y contención socio-comunitaria», subrayó Uriarte. El documento establece también que se deberá hacer un seguimiento de la víctima.

El documento aprobado ayer se pondrá a disposición de los profesionales de la Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Policía y Justicia. «Hará posible que todos ellos dispongan de herramientas para percatarse de estas situaciones y para actuar de la forma más adecuada, rápida y eficaz en la protección y defensa de la plena integridad y dignidad» de los jóvenes», resumió la consejera. La consejera, sin embargo, quiso dejar claro que el protocolo es un «punto más de avance» porque cada institución implicada «ya estaba actuando con corrección».

Uriarte subrayó la «complejidad» de abordar los abusos y agresiones, pero dejó claro que ante ellas «la escuela tiene una responsabilidad no solo legal, sino también emocional y ética, que no puede afrontar sola». Apeló, por ello, a la colaboración de instituciones y profesionales que acompañen a las familias.

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