Se entrega un adolescente pieza clave para desentrañar la trama de prostitución de menores en Álava

Un joven se hace la cama en una de las habitaciones del centro foral de Sansoheta, en una imagen de archivo/
Un joven se hace la cama en una de las habitaciones del centro foral de Sansoheta, en una imagen de archivo

El joven ha declarado ante el juez, al tiempo que se amplía la investigación a otro centro foral

IOSU CUETOvitoria

Las pesquisas iniciadas para desentrañar la presunta red de prostitución de menores tutelados por el Instituto Foral de Bienestar Social, desveladas por este periódico dieron ayer un nuevo giro al acudir a declarar a los juzgados el joven al que se consideraba una pieza clave de la trama y que llevaba varias semanas sin que las fuerzas de seguridad ni los educadores pudieran dar con su paradero. Este adolescente, que estaba acogido en el centro para chavales conflictivos de Sansoheta, en Álava, el lugar en el que supuestamente se originó la trama de menores que cobraban a cambio de sexo, regresó a las instalaciones por la mañana y dijo a los monitores que había visto en las noticias que estaba siendo buscado y que quería acudir ante el juez para dar su versión.

Los propios responsables del centro le acompañaron hasta el Palacio de Justicia de Vitoria, donde explicó cuál era su relación con la red y detalló los contactos que habría mantenido. Según ha podido saber este periódico, la investigación se ha extendido a otro centro foral en el que igualmente se acoge a menores y en el que también habría al menos una persona que habría ejercido la prostitución a cambio de dinero. El caso, no obstante, se mantiene bajo secreto de sumario.

El testimonio del joven buscado hasta ayer era clave ya que puede tratarse, según deslizan fuentes de la investigación, de uno de los internos en Sansoheta -donde residía, aunque no estaba bajo tutela foral- que comenzó a recibir dinero a cambio de sexo. Estas fuentes intuyen que posteriormente, al comentarlo con otros compañeros, estos decidieron imitarle. El joven tenía una relación con una persona mayor de dieciocho años y ahora las pesquisas tratan de establecer si este adulto jugó algún papel a la hora de iniciar a los menores en la prostitución.

La denuncia por el robo de dos móviles, clave para destapar el caso

El comportamiento del joven fugado que ayer se entregó en las dependencias del centro de menores Sansoheta resultó clave a la hora de descubrir la presunta trama de prostitución que se investiga en Álava. De hecho, fue su madre la que acudió a la Policía Local para alertar de que alguien había robado dos móviles en su casa y al revisar el celular de su hijo -que le había requisado por mal comportamiento- descubrió con estupor mensajes que dejaban entrever que el chaval se prostituía. De inmediato, se lo comunicó a los agentes e interpuso una denuncia.

En concreto, la mujer acudió el pasado 5 de abril a la comisaría de Aguirrelanda porque, según explicó a los agentes, «habían entrado en su casa a robar» mientras dormía. Al escuchar ruidos, se levantó para ver qué pasaba, pero apenas pudo ver que «alguien», no supo quién ni cuántas personas, salía por la puerta. Después comprobó que su teléfono móvil y el de su pareja habían desaparecido.

La mujer acudió a la comisaría de la Policía Local para informar de los hechos y manifestó a los agentes que «no creía» que quien había entrado en su casa fuera su hijo, que al parecer ya no dormía con ella porque estaba en el centro de menores Sansoheta. Lo que sí dijo es que tenía «sospechas» del chaval, dado su comportamiento. De hecho, explico que le había requisado el móvil, que tenía allí mismo.

La mujer comenzó a comprobar sus llamadas y sus contactos de mensajería instantánea. Al leer los textos descubrió toda la relación de conversaciones en las que su hijo pactaba los precios con los clientes y arreglaba las citas en dos pisos de la capital alavesa. Entonces, decidió denunciar el presunto caso de prostitución.

Por otra parte, fuentes de la investigación han señalado a este periódico que los ertzainas que acudieron a examinar la mesa de oficina en la que trabajaba el psicólogo encarcelado por este caso, en las oficinas municipales de la calle Mateo Moraza, encontraron varias prendas de ropa interior de niña. En concreto, tenía en un cajón bragas con motivos infantiles, sin que haya quedado claro para qué guardaba estas prendas.

El psicólogo se encuentra en prisión desde la semana pasada acusado de haber mantenido relaciones sexuales con al menos uno de los menores de la red de prostitución que operaba desde un centro foral para jóvenes problemáticos. Este técnico, especializado en maltrato en la pareja y abusos sexuales, es empleado de una empresa a la que el Ayuntamiento de la capital alavesa contrató para gestionar el programa municipal para adolescentes en situación de desprotección.

Los investigadores sitúan supuestamente al adolescente, que regresó a Sansoheta tras prestar declaración ante el juez, en el epicentro de la trama. Fue el mismo joven, según sus datos, que mantuvo relaciones con el psicólogo experto en abusos que es, de momento, el único encarcelado por el caso. Este técnico, que había trabajado para la Diputación y que en la actualidad asesoraba al Ayuntamiento de Vitoria en cuestiones de abusos a menores, había tratado a los padres del joven dentro de los servicios municipales, momento en el que presuntamente conoció al adolescente.

Seis detenidos

De momento, seis personas, entre las que se encuentra el experto encarcelado, han sido arrestadas para declarar por haber contratado los servicios de los menores. Una cifra que, según fuentes conocedoras del caso, puede crecer en los próximos días conforme los agentes desenreden la compleja madeja de un caso que ya ha adquirido una proyección nacional. Las pesquisas, de hecho, se han dirigido ya a otro centro de menores desde el que supuestamente también se gestionaban servicios sexuales prestados por menores y cuyas ramificaciones aumentan según avanza la investigación.

En este centro se han detectado indicios de que al menos un joven habría participado de esa supuesta red de prostitución, de manera que el número de menores implicados se elevaría a nueve. No obstante, las fuentes consultadas no dan aún por cerrado el número de chicos y chicas que pueden haber sido víctimas.

La existencia de esta presunta trama se conoció el 6 de octubre, después de que uno de los directores de Sansoheta escuchase a los adolescentes hablar de su relación con una red de prostitución durante una tutoría. El educador comunicó los hechos a los responsables del Instituto Foral de Bienestar Social, así como a la Ertzaintza. La Policía vasca inició varias indagaciones para las que seis personas fueran conducidas a dependencias policiales. Una de ellas, el psicólogo especialista en maltrato, violencia sexual y reestructuración de convivencia familiar, acabó en prisión.

La Diputación de Álava reaccionó de manera inmediata a la publicación, por parte de este periódico, de la operación policial. La diputada de Servicios Sociales, la peneuvista Beatriz Artolazabal, remarcó que «la profesionalidad» de los trabajadores de Sansoheta fue clave para descubrir el caso, pero realizó un discurso que destacó por una extrema prudencia y un cierto punto de sorpresa, ya que el caso estaba bajo secreto de sumario.

Quizá por ello, Artolazabal obvió algunos aspectos clave. Se refirió exclusivamente a la denuncia presentada por la Diputación el 6 de octubre sin mencionar que la primera voz de alarma relacionada con el caso -presentada por una madre en la comisaría de la Policía Local y derivada al Juzgado de Instrucción Número 1, que la sobreseyó de forma provisional por falta de datos- tuvo lugar el 5 de abril, seis meses antes.

Al día siguiente de la comparecencia de la diputada, el Gobierno foral reconoció que los primeros datos de la existencia de la red llegaron en abril a la Diputación gracias a la denuncia presentada en Aguirrelanda. Por motivos que se desconocen, el asunto habría quedado en un plano técnico sin pasar al ámbito político. El diputado general, Ramiro González, recalcó ayer que los técnicos forales entendieron «que era suficiente» con trasladar los hechos «a la Fiscalía de Menores», lo que hicieron.

Los interrogatorios a los clientes de los jóvenes -entre los que hay personas dedicadas a profesiones liberales- desvelaron que no sólo pagaban por los favores sexuales, sino que también les daban dinero para que comprasen cocaína y consumirla juntos. No obstante, estas personas han relatado que siempre creyeron que estaban en compañía de mayores de edad. Todo indica que esta red utilizaba dos céntricos pisos de Vitoria.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos