Diario Vasco

La Diputación alavesa tardó seis meses en denunciar la red de prostitución de menores

Un joven, en las dependencias del centro Sansoheta en una imagen de archivo.
Un joven, en las dependencias del centro Sansoheta en una imagen de archivo. / JESÚS ANDRADE
  • La institución dice que la madre de un chico alertó de los hechos en abril, pero que no pudo investigar por las «continuas fugas» del adolescente

La Diputación alavesa tardó seis meses en interponer una denuncia ante la Ertzaintza por el caso de la red de prostitución de menores tutelados por esta institución, según reconoció ayer a DV un portavoz oficial del gabinete liderado por el peneuvista Ramiro González. Las mismas fuentes aseguran que esta tardanza en iniciar las pesquisas sobre una trama que gestionaba contactos sexuales y la venta de drogas por parte de menores acogidos por el Instituto Foral de Bienestar Social se produjo ante «las fugas continuas» del joven al que se refería la primera alerta recibida, lo que habría impedido completar el protocolo puesto en marcha.

Tal y como adelantó este periódico el sábado, catorce personas han sido conducidas a dependencias policiales dentro de una investigación iniciada por la Ertzaintza ante la existencia de una red de prostitución y tráfico de cocaína en la que intervenían al menos cinco jóvenes dependientes de la Diputación. Uno de los arrestados, un psicólogo clínico, ya ha ingresado en prisión y un monitor del centro en el que residían -Sansoheta- ha sido apartado. La diputada de Bienestar Social, Beatriz Artolazabal, dijo el sábado que la denuncia por estos hechos se interpuso el 6 de octubre, pero ayer el Gobierno foral reconoció que los primeros datos de la existencia de la red le llegaron el mes de abril, medio año antes, aunque el asunto habría quedado en un plano técnico sin pasar al ámbito político.

Según los portavoces del Gobierno foral, la madre de uno de los cinco menores tutelados que formaba parte de la trama se dirigió en abril a la Policía Local y afirmó que «tenía serias sospechas» de que su hijo estaba cobrando por realizar servicios sexuales. En ese momento, «la Policía Local contactó con los técnicos del área del menor del IFBS (Instituto Foral de Bienestar Social) y les facilitaron la información que demandaban». A raíz de tener conocimiento de dichas «sospechas», desde el hogar de Sansoheta «se activó el protocolo para dar tratamiento específico a este menor y comprobar si dicha sospecha tenía peso».

Otra denuncia

Con ese plan de intervención en marcha, siempre según el relato de la Diputación, «el menor se fugó y no se pudo aplicar dicho tratamiento». A partir de ese momento «la Policía no volvió a ponerse en contacto con el área del menor» y la investigación entró en vía muerta. Los portavoces forales insistieron en que «fue imposible» hacer un seguimiento continuado del adolescente porque «venía y volvía a fugarse» y que la Guardia Urbana «no volvió a ponerse en contacto ». La siguiente información que recibieron los técnicos, agregaron los portavoces, es la de otro adolescente que en una tutoría contó lo que sucedía. Fue entonces cuando el ente foral decidió acudir a la Ertzaintza. Ya era el 6 de octubre, seis meses después.

Dentro de la compleja y confusa situación que rodea la investigación sobre esta sórdida trama -en la que están apareciendo evidencias de descoordinación institucional-, los portavoces oficiales del área de la Policía Local en el Gobierno del también peneuvista Gorka Urtaran señalaron ayer que no les constaba ninguna denuncia sobre un caso de prostitución de menores, pese a que la Diputación insiste en que sí fueron alertados por la Guardia Urbana. No obstante, otras fuentes han señalado que pudo tratarse de una advertencia y no de una denuncia oficial. El área de Policía Local estaba gestionada en abril por el PNV pero a finales de mayo, al producirse el acuerdo entre los jeltzales y el PSE, esta concejalía pasó a estar dirigida por los socialistas, partido del que depende en la actualidad.

Advertencia municipal

Con respecto a las circunstancias que rodearon a la detención e ingreso en prisión del psicólogo clínico que atendía a los menores, portavoces municipales señalaron que la primera noticia sobre la investigación les llegó el pasado 28 de octubre, 22 días después de la denuncia foral ante la Ertzaintza. En esa fecha, el concejal de Políticas Sociales, el socialista Peio López de Munain, solicitó una reunión urgente con la empresa contratada por el Ayuntamiento de Vitoria que atiende al servicio del menor. El encuentro se produjo esa misma tarde.

El edil comunicó a los responsables que tenía conocimiento de que la Diputación había abierto una investigación que podría afectar a uno de sus trabajadores. Por ello, pidió a los dirigentes de la firma que no dejaran trabajar al sospechoso con menores y que extremaran la vigilancia sobre él, de tal forma «que nunca estuviera solo» con ningún adolescente.

Una semana más tarde, el 4 de noviembre, el equipo de Urtaran se enteró de que esta persona había sido detenida y convocó una reunión urgente con los grupos para explicarles lo sucedido. Según las mismas fuentes, la Ertzaintza accedió al área de las oficinas municipales en las que trabaja esta empresa y al menos se revisó un ordenador.

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