Diario Vasco
Viviendas protegidas en la zona de Morlans en Donostia.
Viviendas protegidas en la zona de Morlans en Donostia. / USOZ

226 familias disfrutan ya de un piso en alquiler reconocido por derecho en la Ley de Vivienda

  • Hasta agosto, se ha otorgado la garantía a 320 hogares de Euskadi, de los que 10 cobran la nueva prestación

  • Desde enero de este año los hogares de dos miembros con menos de 12.000 euros de ingresos anuales pueden exigir también este derecho

La Ley de Vivienda de Euskadi cumple un año en vigor con más sombras que luces. Doce meses en los que buena parte de su articulado está pendiente de desarrollo -hay partes recurridas al Tribunal Constitucional- y los puntos que están en marcha, como el del derecho subjetivo a la vivienda de alquiler consagrado en la norma, funcionan a medio gas. El decreto que desarrolla el derecho está 'stand by', a la espera de una más que probable reforma de la ley en la legislatura que arranca. Así lo pide al menos el Gobierno Vasco.

Pero no todo está parado. Desde enero de este año, el Ejecutivo Vasco ha reconocido el derecho subjetivo a una vivienda de alquiler que emana de esta nueva ley a 320 hogares con tres o más miembros y unos ingresos anuales de menos de 15.000 euros. La mayoría de estas familias han resultado adjudicatarias de un piso en alquiler público, a otras se les ha asignado una «prioridad» para optar a una vivienda en alquiler y las que menos -solo 10- disfrutan ya de la nueva prestación económica de vivienda (PEV) de 250 euros mensuales, que está llamada a sustituir en el futuro a la prestación complementaria de vivienda (PCV) que se cobra con la RGI. A otros 117 hogares se les denegó el reconocimiento de este derecho.

Como reza el articulado de la ley, la satisfacción de este derecho subjetivo será gradual y, a partir del 1 de enero del año que viene, podrán solicitarlo los hogares de dos miembros con menos de 12.000 euros de ingresos anuales. Para 2018 le tocará el turno a las personas que vivan solas con menos de 9.000 euros de ingresos anuales.

Más requisitos

La Ley de Vivienda se aprobó en junio del año pasado en el Parlamento Vasco impulsada desde la oposición, con los votos de EH Bildu, PSE y UPyD. La norma entró en vigor en septiembre y consagra el derecho subjetivo a la vivienda para los más desfavorecidos -bien a través de un piso de alquiler protegido o de una vivienda de los programas de intermediación o bien a través de una ayuda económica-. Además de los ingresos y la cifra de componentes de la unidad convivencial, se exigen otros requisitos, entre los que destaca una antigüedad de cuatro años en el registro de Etxebide. Esa exigencia es mayor que la que se pide para cobrar la PCV, para la que se solicitan tres años de empadronamiento, además de la inscripción en Etxebide.

La tramitación de este derecho se inició este año, fecha en la que los hogares de tres o más miembros y menos de 15.000 euros de ingresos podían reclamarlo. Según datos del Gobierno Vasco, hasta el 31 de agosto de este año se han recibido 304 solicitudes para satisfacer este derecho. De ellas, 57 corresponden a hogares de Gipuzkoa, 220 a vizcaínos y 27 alaveses.

En este tiempo, se ha reconocido el derecho subjetivo a 320 hogares. Según explican desde la viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, la razón por la que la cifra de derechos satisfechos es mayor a la de solicitudes se debe a que en el último trimestre del año pasado se adaptó el registro de Etxebide «para que las personas que cumplen con los requisitos del derecho de subjetivo sean prioritarias a la hora de adjudicar las viviendas en alquiler». Así pues, existe una cifra de familias que han recibido la vivienda en alquiler sin que hubieran solicitado formalmente el reconocimiento del derecho subjetivo.

En total, desde la entrada en vigor del derecho subjetivo de la Ley se han adjudicado de forma directa 226 viviendas de alquiler en Euskadi (21 en Gipuzkoa, 42 en Bizkaia y 163 en Álava). Se da la circunstancia de que en el caso de Gipuzkoa, ocho familias han rechazado la vivienda que se les ha adjudicado. Los pisos que se ofrecen pertenecen al parque del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, a Alokabide o al programa de intermediación Bizigune, según señalan fuentes de la viceconsejería de Vivienda.

La nueva Ley de Vivienda prevé la asignación de una ayuda económica para el alquiler, la PEV, en los casos en los que no es posible la adjudicación de una vivienda. Hasta el 31 de agosto de este año, solo diez familias disfrutan de esta ayuda de 250 euros mensuales (4 de Gipuzkoa, 5 de Bizkaia y una de Álava). Esta prestación lleva aparejada la prioridad para la adjudicación de una vivienda de alquiler pública.

Además, a otras 94 familias se les ha denegado la PEV pero se les ha reconocido el derecho subjetivo y disfrutan de una «prioridad en la adjudicación» de un piso de alquiler público. En estos casos, como explican desde el Gobierno Vasco, se trata de hogares que cumplen los requisitos del derecho subjetivo pero no han logrado aportar la documentación «adicional» para disfrutar de la PEV. Entre otros documentos, se pide contrato de arrendamiento, certificado de empadronamiento, justificante de abono de la renta mediante entidad de crédito... «En el caso de que presenten la documentación solicitada correctamente, se le reconoce la PEV», aseguran.

Asimismo, de las 304 solicitudes de derecho de subjetivo se han desestimado 117 (40 en Gipuzkoa, 64 en Bizkaia y 13 en Álava). Según el Gobierno Vasco, la mayoría de estas desestimaciones se debe a que no se han cumplido los 4 años de antigüedad en el registro de Etxebide.

Pendiente de reforma

Precisamente, este requisito ha sido motivo de polémica. Para satisfacer el derecho subjetivo, el Gobierno Vasco preparó un borrador de decreto -ahora paralizado- cuyo contenido fue criticado por los partidos que aprobaron la ley, al entender que endurecía los requisitos de acceso a las ayudas al alquiler. El borrador, entre otras cosas, exige esos cuatro años de antigüedad en Etxebide para acceder a PEV, mientras que para la PCV se piden tres años de empadronamiento. Además, fija la desaparición de la PCV, que será sustituida por la PEV. Desde el Gobierno Vasco recuerdan que tales requisitos del borrador aparecen en las disposiciones transitorias de la Ley de Vivienda. Por este motivo, abogan porque el Parlamento Vasco modifique la ley para tramitar un nuevo decreto. Mientras tanto, la nueva PEV y la PCV seguirán conviviendo.

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