Diario Vasco

La venta de casas sin certificado energético se multará desde 2017

Todos los pisos a la venta o en alquiler deben contar con el certificado de eficiencia energética.
Todos los pisos a la venta o en alquiler deben contar con el certificado de eficiencia energética. / USOZ
  • Agentes de la propiedad inmobiliaria critican que no se haya llevado a cabo ninguna inspección sobre el cumplimiento de la normativa desde 2013

La eficiencia energética, una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de energía, toca la puerta de los hogares vascos ahora con más fuerza que nunca. Ante la evidencia de un parque de vivienda usada en Euskadi muy anticuado y poco eficiente, el Gobierno Vasco puso en marcha en junio de 2013 la certificación de eficiencia obligatoria en todas las viviendas en venta y alquiler. Desde entonces ya se han registrado más de 65.000 viviendas que han obtenido su etiqueta.

No obstante, la inspección sobre el cumplimiento de esta normativa por parte del Gobierno Vasco ha brillado por su ausencia, una crítica que expresan desde el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa (API). El Ejecutivo autónomo ha decidido ahora hincar el diente a esta cuestión y prevé comenzar a sancionar infracciones que atenten contra el derecho a esta información con multas de hasta 6.000 euros. Aún no hay una fecha exacta, «porque el objetivo es que la gente tome conciencia de la importancia de este certificado. Pero la idea es empezar a multar a partir del nuevo año», avanzó ayer Aitor Oregi, director de Energía y Minas del Gobierno Vasco, durante una jornada sobre la certificación energética de edificios en Orona Fundazioa.

Desde la API, lamentaron que la inspección de esta normativa obligatoria, vigente desde 2013, no haya comenzado aún. «Es competencia del Gobierno Vasco, de Kontsumobide», aseguró José Luis Polo, presidente de los agentes inmobiliarios, «puesto que es un paso más hacia la transparencia en la venta y alquiler de las viviendas».

Mal uso del certificado

De las siete calificaciones que pueden obtenerse -siendo A (ahorro), B y C las idóneas, y G (gasto) la peor- el 45,91% de las viviendas en Euskadi ha obtenido una E. Según un seguimiento mensual del Ente Vasco de la Energía, entre enero y septiembre de este año se han registrado un total de 17.825 certificaciones, de las más de 65.000 registradas desde junio de 2013. De ellas el 33% se han hecho en Gipuzkoa, con un total de 5.839 registros. Durante este año solo el 0,4% han obtenido una calificación A, porcentaje poco inferior a los de las calificaciones B y C.

El objetivo es que este certificado sea una referencia para el comprador o arrendador de un inmueble y lo oriente a la hora de tomar una decisión. Pasar de una E a una D puede suponer un ahorro de 700 euros anuales, según el presidente de la API. No obstante, «la sociedad aún no está haciendo un buen uso de este certificado», explicó Oregi. En lugar de tenerlo en el momento de poner la publicidad, «que es cuando realmente cumple su función de informar», lo obtienen al realizar el registro de la vivienda, cuando el notario exige la certificación para proceder a la inscripción.

En el caso de los alquileres es más complicado. Por eso el Departamento de Vivienda ha puesto en marcha el registro obligatorio de los contratos de alquiler y, aunque aún no se exija el certificado en el momento del registro, «sí que está previsto el cruce de datos», aclaró Oregi. Es decir, «compararemos los datos que nos pase Vivienda y los del registro». Esto permitirá comprobar qué viviendas se han alquilado sin tener el certificado «y se les multará». Los incumplimientos que constituyan infracciones en materia de consumo serán sancionados según la gravedad de las mismas. De este modo, las infracciones leves supondrán una multa de 300 a 600 euros, las graves de hasta 1.000 y las muy graves ascenderán hasta los 6.000 euros.

«No es un examen»

Quienes publiciten la venta o alquiler sin hacer mención a su calificación energética estarán cometiendo una infracción leve, mientras que no presentar el certificado para su registro constituirá una infracción grave. También lo será vender o alquilar un inmueble sin que el vendedor o arrendador entregue el certificado. Falsear la información en la expedición o registro de certificado será considerado muy grave, así como publicitar una calificación no respaldada por el certificado.

Para obtener la etiqueta por el método correcto, los propietarios deben contratar previamente a un técnico acreditado -que puede ser un arquitecto, aparejador o ingeniero- que, «por un precio de cien a doscientos euros», realiza el chequeo energético de la vivienda, aseguró Oregi.

El documento informativo incluye las características energéticas del inmueble, su calificación, puede incluir recomendaciones y tiene una validez de diez años. Deben obtenerlo todos los promotores o propietarios de una nueva construcción, de una venta o alquiler y de una rehabilitación (si se trata de una superficie de más de 1.000m2). Igualmente y como actuación ejemplarizante, las Administraciones Públicas frecuentadas por el público y de más de 250m2 deberán disponer de este certificado.

Además, quienes obtengan una calificación A, B o C tendrán que pasar por una doble auditoría, un segundo control de la certificación, para asegurar que la información es fiable, aunque «no debe interpretarse como un examen», comentó Iván Flores, de Protocolo de Control en Euskadi.

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