Diario Vasco

El rechazo de los jueces a colocar cámaras en colegios impide probar agresiones y abusos

Imágenes captadas por una cámara en el aula de un colegio que muestran la agresión a un alumno.
Imágenes captadas por una cámara en el aula de un colegio que muestran la agresión a un alumno. / FIRMA_FOTO
  • La Fiscalía alerta de que hay casos que «se deben archivar por falta de pruebas» al no poder utilizar medidas de grabación en las aulas y los despachos

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El último caso en el que una grabación de vídeo sirvió para probar los abusos cometidos por un profesor a sus alumnos ocurrió en una escuela vizcaína en 2011. Los padres de un pequeño de 5 años denunciaron al maestro en comisaría por agresión sexual. La Ertzaintza puso el testimonio aportado por la familia en conocimiento de la Fiscalía de Menores, y un juez autorizó a los investigadores el montaje de un dispositivo de vigilancia mediante cámaras de vídeo, que fueron colocadas en lugares estratégicos como el aula y el despacho del docente. El primer día que se activaron las cámaras, se le pilló 'in fraganti'. Los agentes, que permanecían alerta en un edificio cercano al centro, entraron a la carrera en la escuela y detuvieron al pederasta. Esas imágenes permitieron enviar a prisión al maestro, por un delito que hubiese sido muy difícil de probar ya que las víctimas eran niños de corta edad.

Es muy difícil que un juez autorice la colocación de cámaras en un colegio como en esa ocasión para probar la posible existencia de agresiones graves a alumnos o abusos sexuales de docentes o monitores. La Fiscalía del País Vasco lo destaca en su memoria del ejercicio 2015, que hizo pública la semana pasada. «La realidad y existencia de esos graves hechos no plantea dudas, pero continúan las dificultades para obtener las pruebas dada la absoluta renuencia de la mayor parte de los jueces de instrucción a admitir medidas de grabación en vídeo en aulas o despachos», censura la Fiscalía de Bizkaia.

Ese rechazo de los jueces a las grabaciones «da lugar al archivo casi inmediato por imposibilidad de acreditación del hecho o a tramitaciones de escaso recorrido», añade en el informe. El fiscal superior del País Vasco, Juan Galparsoro, confirma que en algunos casos «muy graves» de denuncias por violencia o abusos sexuales en el entorno escolar investigados en Euskadi se han solicitado esas medidas de colocación de cámaras en colegios y los jueces «no las han autorizado».

A la Fiscalía, de hecho, sólo llegan los procesos de mayor gravedad de violencia contra menores. Aquellos que no se solucionan en el ámbito educativo. La Fiscalía de Bizkaia tramitó el pasado año 47 denuncias por acoso escolar, de las que solo 5 fueron consideradas como delito contra la integridad moral. En la de Gipuzkoa hubo 16 casos de amenazas, insultos, vejaciones o agresiones en las aulas, aunque seis se archivaron porque el acusado era menor de 14 años. La memoria no detalla las cifras de Álava.

Acosadores de 10 y 11 años

Los datos que ha recogido la Fiscalía muestran que el acoso a través de las redes sociales crece imparable. La acción más habitual consiste en insultar y humillar a un compañero a través de Whatsapp o Instagram y en la divulgación no consentida de fotos en las que aparece la víctima desnuda o en situaciones comprometidas. En dos de los 25 casos de ciberbullying registrados por la Fiscalía de Gipuzkoa los acusados crearon una cuenta falsa de Instagram y utilizaron una página de anuncios para ofrecer servicios sexuales gratis proporcionando el número de teléfono de la víctima. «Estas infracciones nos descubren a una juventud que ha perdido completamente la inocencia», comentan los responsables del Ministerio Fiscal en Gipuzkoa.

La expresión de violencia 'escolar' «ya no es adecuada para englobar el fenómeno en su totalidad», apunta la Fiscalía de Álava. «Sería escolar si únicamente tuviera lugar dentro de las aulas, pero no es así. Las redes sociales hacen que este acoso se desarrolle fuera del centro y que puedan sumarse a él menores que no comparten colegio con la víctima», describe. Alerta, además, de que la mayor parte de las agresiones y amenazas a compañeros las protagonizan menores de 14 años. Se produce en las aulas de Primaria -hasta 12 años-. «Hemos tenido denuncias en las que los acusados contaban tan solo con 10 y 11 años de edad», detalla el ministerio fiscal.

En 2015 crecieron las quejas de padres, tanto de acosadores como de víctimas, porque las acciones violentas en las aulas se archivan cuando el agresor es menor de 14 años. Antes de esa edad no son imputables. En esas situaciones, la Fiscalía lleva a cabo un seguimiento de los niños y controla que los colegios les envíen informes periódicos sobre el estado en el que se encuentra el menor que ha sufrido el acoso.

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