Justicia actualiza el protocolo de seguridad de los centros de menores para evitar agresiones

Hace solo diez meses, sin ir más lejos, los trabajadores del centro de menores de Zumarraga -el único en Euskadi de nivel I de internamiento cerrado para los casos más graves- lanzaron un SOS ante la escalada de agresiones por parte de los jóvenes internos. Entre agosto y diciembre del año pasado se registraron hasta ocho agresiones, según denunciaron los trabajadores. Felizmente, el problema se solucionó tras la intervención del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que gestiona directamente el centro, y que implementó medidas para garantizar la integridad de sus cerca de 80 trabajadores.

Pero los pasos del Gobierno Vasco no se han quedado ahí. El Departamento de Justicia actualizará el manual para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en los centros de justicia juvenil. En Euskadi, además del de Ibaiondo, que es el único de internamiento cerrado nivel I, existen otros tres centros educativos de nivel II, en régimen semiabierto (Urgozo en Bizkaia y Txema Finez, Uribarri y Andoiu/Gorbeia en Araba). Solo en garantizar la seguridad de estas instalaciones, el Gobierno Vasco se gasta cada año 1,2 millones de euros. Además, existen centros de día -donde los menores realizan tareas educativas y duermen en casa- en los tres territorios que cada vez tienen más uso, debido al descenso de las medidas de internamiento aplicadas.

Plan 2014-2018

Mejorar la seguridad en los centros es una de las medidas que se contemplan en el IV Plan de Justicia Juvenil 2014-2018 de Euskadi, aprobado recientemente en Consejo de Gobierno y que en breve será detallado en sede parlamentaria por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka. El plan llega con cierto retraso, puesto que el anterior abarcaba el ciclo 2008-2012. De hecho, según reconoce el propio texto del plan, durante 2013 y 2014 se han prorrogado las acciones del anterior.

El programa para 2014-2018, para el que se destinan 80 millones hasta 2018, incide sobre todo en la prevención para evitar infracciones de los menores, en la reducción de tiempos en la ejecución de medidas, en realizar una intervención más personalizada, en evitar la reincidencia.... Pero también deja un apartado para mejorar la seguridad de los centros de internamiento y educativos con el objetivo de minimizar situaciones violentas.

El plan contempla acciones concretas a realizar por las distintas consejerías del Gobierno Vasco. Así, el Departamento de Justicia se ocupará de «actualizar el manual para garantizar la seguridad de las personas que trabajan en la red de centros de justicia juvenil». Asimismo, está previsto que el Departamento de seguridad, es decir, la Ertzaintza, se ocupe de «formar a los profesionales de los servicios de Justicia Juvenil para garantizar su seguridad en el trato con menores que han cometido alguna infracción». Además, los propios aspirantes a ertzaina y policía local recibirán formación específica en materia de justicia juvenil «en los cursos de ingreso».

Formación a los vigilantes

El programa incluye también formación específica en justicia juvenil para los empleados de seguridad contratados en los centros donde se cumplen medidas de internamiento. El plan incluye además el compromiso de «dotar de personal de seguridad necesario a los centros de nivel I y nivel II». Para ello, en cuatro años se destinarán seis millones de euros.

Fuentes de los trabajadores del centro Ibaiondo de Zumarraga, donde el año pasado ocurrieron casos de agresiones de menores a profesionales, valoran de forma positiva las acciones que contempla el plan, entre ellas la de la formación de los profesionales, aunque esperan que «las medidas anunciadas se concreten».

Según explican, las medidas que el Gobierno Vasco tomó en diciembre para «mejorar la seguridad», después de que los trabajadores denunciaran las agresiones, tuvieron su efecto. «Se reforzó y mejoró la seguridad y con los menores se realizaron otras acciones», aseguran. De hecho, según señalan los representantes de los trabajadores, desde entonces «no ha habido más casos de agresiones graves en el centro».