El Gobierno Vasco presiona a las fundaciones para que presenten sus cuentas anuales

Este elemento de presión es una de las principales novedades del proyecto de Ley de Fundaciones aprobado este martes en Consejo de Gobierno y que comenzará después del verano su tramitación en el Parlamento Vasco. Este texto plantea un marco jurídico nuevo para el sector fundacional vasco y actualiza una normativa que entró en vigor hace más de 20 años.

El sector de las fundaciones que tiene un peso cada vez más relevante en la economía y el empleo. Las 621 fundaciones que presentaron el pasado ejercicio sus cuentas anuales, la mitad del total, mueven un presupuesto de casi 800 millones de euros, emplean a más de 13.000 personas y acumulan un patrimonio cercano a los 1.320 millones de euros.

Casi cuatro de cada diez fundaciones trabajan en el campo de la docencia y la investigación, una cuarta parte son benéfico-asistenciales y tienen también un peso destacado las de carácter juvenil y deportivo.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha explicado este martes en rueda de prensa que este proyecto de ley busca responder a la demanda de las fundaciones de disponer de un marco normativo que simplifique la creación de nuevas entidades, elimine trabas administrativas innecesarias y avance en su eficacia y buen funcionamiento.

Erkoreka ha afirmado que este proyecto es necesario para avanzar en la colaboración público-privada y favorecer la participación de la ciudadanía en actividades sin ánimo de lucro, propiciar el crecimiento económico y profundizar en la profesionalización y acomodo del sector a los nuevos modelos de organización y gestión empresarial.

Novedades

Entre sus novedades destaca la disposición que obliga a estas entidades a mantener plenamente actualizado en todo momento su inscripción en el registro de fundaciones con la remisión de toda la información relativa a su constitución, cambios, nombramientos y ceses, y variaciones de todas las personas integrantes de su patronato, etc.

Las fundaciones tienen actualmente la obligación legal de presentar sus cuentas anuales, pero sólo la mitad cumplen esta disposición. Con el fin de corregir esta situación y elevar el grado de cumplimiento la nueva ley pondrá en manos del Gobierno Vasco la posibilidad de "cerrar el registro" a aquellas fundaciones que no presenten sus cuentas.

"La Administración no puede disolver una fundación y por eso planteamos el cierre del registro para ejercer presión. Privarles del registro significa privarles de la certificación de su regularidad jurídica necesaria, aunque no siempre imprescindible, para participar en el tráfico jurídico, contratar, percibir subvenciones", ha explicado Erkoreka. Además, las fundaciones de relevancia económica, tendrán la obligación de someterse anualmente una auditoría de sus cuentas.

Otra novedad será la elaboración por parte del Gobierno Vasco de un plan de inspecciones a las fundaciones para comprobar si éstas han cumplido con sus obligaciones. La Administración podrá realizar un expediente de verificación en aquellos supuestos en los que se prevea la existencia de irregularidades graves en el funcionamiento de una fundación.

Por otra parte, a partir de la aprobación de esta ley, las fundaciones públicas o con participación del sector público deberán revertir los fondos aportados tras su liquidación a la Administración; los órganos de las fundaciones deberán cumplir obligatoriamente la Ley de igualdad entre mujeres y hombres; y se creará el Consejo Vasco de Fundaciones, como órgano colegiado consultivo.