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Una familia accede a la oficina de Lanbide del Antiguo en Donostia.
Lanbide encara los retos aparcados por la urgencia de la gestión de la RGI
EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

Lanbide encara los retos aparcados por la urgencia de la gestión de la RGI

Completar la reclamación de los pagos indebidos, aumentar el control del fraude y reforzar su papel de enlace hacia el empleo marcan la hoja de ruta

ARANTXA ALDAZ

Domingo, 7 de diciembre 2014, 11:06

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Gestionar 65.000 expedientes de RGI al mes no parece, de entrada, una tarea sencilla. Hacerlo con una maquinaria recién estrenada no facilita las cosas. Encontrarse además un contexto económico desfavorable con un aumento del paro complica aún más el escenario. El servicio vasco de empleo se ha enfrentado desde su arranque en 2011 a un cúmulo de obstáculos, también de errores propios, algunos de los cuales están todavía pendientes de resolver. La reclamación a miles de perceptores de la prestación de garantía de ingresos de pagos indebidos desde 2012 es la última brecha abierta que además ha situado al servicio en el ojo del huracán público y político, en pleno debate sobre las ayudas sociales.

El director de Lanbide, Adolfo Alustiza, no elude pronunciarse sobre los problemas, los errores cometidos y los enmendados, las mejoras introducidas y lo que queda por hacer. Pero, antes de meterse a fondo con el análisis, dice que no se puede entender la situación actual sin enmarcarla en el traspaso de las competencias de las políticas activas de empleo en 2011, durante la anterior legislatura del PSE. «Se hizo en condiciones inviables», critica. «Nos ha tocado reconstruir todo el sistema desde cero. Es como hacer una casa pero con personas viviendo dentro, con todas las incomodidades que supone, abocados a serios problemas en la gestión».

Afinar la máquina necesitaba su tiempo, como advirtió la entonces consejera Gemma Zabaleta, que defendió a capa y espada un cambio de modelo, inspirado en el alemán, en el que se liga el cobro de la RGI a la búsqueda de empleo. La construcción de este sistema, un proceso al que también le llovieron las críticas, requería un margen y superaría la anterior legislatura, como aventuró con acierto la socialista.

De hecho, hoy sus actuales gestores siguen hablando de un proceso que no ha terminado. Porque, solucionada la urgencia de afrontar la gestión de la RGI, con una complejidad comprensible, ahora les toca encarar los retos pendientes. La tramitación de los expedientes devoró el día a día hasta el punto de tener que dejar aparcadas otras labores que se han ido encarando en los últimos meses, como la reclamación de los cobros indebidos, explica Adolfo Alustiza. «Se desmontó el sistema de la RGI. Abordarlo todo a la vez era imposible. Tuvimos que establecer prioridades», justifica.

Lo primero fue responder a los perceptores, porque se llegaron a acumular retrasos inaceptables que incluso fueron motivo de censura por parte del Ararteko. Iñigo Lamarca no dudó en tirar de las orejas a Lanbide para que corrigiera ese desajuste. «Y se ha corregido». Alustiza da el dato de que de 112 días de espera media se ha pasado a 40. «2012 fue un año terrible», reconoce a renglón seguido. Al año siguiente los problemas acumulados siguieron aflorando. En ese caso fueron los pagos indebidos, una revisión que todavía no se ha completado y que se ha traducido en el envío de 76.500 cartas en dos tandas -10.200 en la primera y el resto hace escasas semanas-, correspondientes a desembolsos incorrectos desde 2012. Lanbide calcula que la totalidad de las reclamaciones estarán cursadas para mediados del año que viene.

¿Por qué no se revisaron antes? ¿Cómo es posible acumular tal desajuste? «Legalmente hay cuatro años para hacerlo. Estamos en plazo. Otra cosa es que sea más o menos conveniente porque cuanta mayor sea la proximidad en el tiempo mejor para la administración y para el beneficiado. Pero fue una cuestión que se dejó para más adelante porque primero había que resolver el retraso en las tramitaciones de la RGI. La prioridad era que la gente cobrara», insiste. Hasta la fecha, los pagos de más han alcanzado los 86 millones de euros, de los que faltan por recuperar 69 millones. Semejante desfase se atribuye a tres causas: la dinámica de los procedimientos administrativos, la responsabilidad del titular o la responsabilidad de Lanbide en la gestión. «Hay una parte de esos pagos indebidos relacionados con el sistema que no estaba bien engrasado, y otra estructural», añade en sus explicaciones el director de Lanbide, en referencia a que las nóminas se cierran el día 20, por lo que si en los siguientes diez días del mes se producen cambios estos no pueden regularizarse hasta un mes después. Por eso insisten en que seguirán produciéndose pagos indebidos, por los desajustes económicos «a favor o en contra del perceptor» que se puedan dar «como en cualquier flujo económico que se da entre la administración y un beneficiario».

La lucha contra el fraude

Si los pagos indebidos están suponiendo un dolor de cabeza en la gestión de Lanbide no lo es menos la lucha contra el fraude. Extremar el control forma parte de la hoja de ruta que se está emprendiendo, afirma Alustiza. Además de la investigación interna, se reforzará la externa con otras administraciones. Pone un ejemplo. «Lanbide pasa la lista de los perceptores de la RGI a los ayuntamientos, a quienes compete la revisión de que estén debidamente empadronados». La creación de una unidad especial de inspección fue anunciada por el Gobierno Vasco como una de las medidas para combatir el fraude, pero sigue a la espera de que se salve otro de los obstáculos encontrados: el conflicto laboral. El Gobierno Vasco y los sindicatos no han llegado a un acuerdo para fijar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en la que se fija la plantilla necesaria en el servicio, así como el perfil, la distribución por oficinas y la adecuación de salarios. En estos momentos cuenta con un total de 875 trabajadores, entre los que hay 190 temporales, algunos de ellos contratados para gestionar la RGI. «Muchos de los problemas de Lanbide se deben a esa falta de estructura», tacha Ramón Uriarte, delegada de ELA. «Hay poca organización y criterios cambiantes», a pesar de lo cual subraya «la labor del personal que, con la espada de Damocles de no saber su futuro, siguen sacando el trabajo adelante».

Otra de las sombras que tienen que ser despejadas atañe al nivel de intermediación laboral de Lanbide. El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha sido muy claro en este aspecto. «Lanbide ha mejorado mucho, pero no ofrece el servicio de calidad que requiere la actual situación laboral», dijo en la presentación del plan estratégico para el servicio. Esa labor se sitúa en torno al 2%, por debajo de la media europea, que es del 4%.

«¿Eso es poco o mucho? No es poco, es poquísimo», se responde a sí mismo. «Pero es un problema sistémico que afecta a todos los servicios de empleo del Estado. Por supuesto, queremos estar en tasas más altas, para lo cual hay que cambiar todo el sistema», admite. Una de las claves que fallan, a su juicio, es la falta de atractivo para las empresas. «Las empresas no recurren a Lanbide, porque el sistema no está enfocado a la empresa. No conocemos sus necesidades. Si la empresa entiende que Lanbide no le ofrece la respuesta que busca, entonces recurre a otros medios». El cambio radical ha empezado con una nueva forma de contratación de subvenciones para la formación abierta todo el año, pero, como el resto del sistema, requerirá de tiempo, justo lo que falta con las dificultades del momento en contra.

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