Diario Vasco
Imanol Zubero, en su despacho de la UPV.
Imanol Zubero, en su despacho de la UPV. / FERNANDO GÓMEZ

«No es aceptable que se ponga bajo sospecha a todos los perceptores de RGI»

  • «Llamaría a la responsabilidad de quienes enfrentan a unas poblaciones vulnerables con otras», asegura Imanol Zubero, profesor de Sociología de la UPV y ex senador del PSE

Sigue muy de cerca el debate que en los últimos meses se ha generado en torno a las ayudas sociales en Euskadi y los posibles fraudes y abusos que se les achaca a sus perceptores. «Lo que está fallando no es ni la persona ni el proceso de inserción, sino el objetivo: el empleo, que se ha precarizado», asegura. Imanol Zubero (Alonsotegi, 1961), profesor de Sociología de la UPV y ex senador del PSE, reflexiona en esta entrevista sobre el valor de ayudas como la renta de garantía de ingresos (RGI) a la que, en su opinión, «se debe mirar no solo como gasto, sino como inversión».

- En tiempos de crisis, ¿qué ha supuesto para la población vasca disponer de un sistema de protección social como el que existe en Euskadi?

- En primer lugar, una cosa muy importante, que es mantener a una parte muy sensible de su población en unas condiciones básicas de dignidad que todo el mundo reconoce que son distintas a lo que ocurre en otras comunidades del Estado. Hubo una apuesta en los años 80 por intentar que los problemas de exclusión social, asociados a la crisis del empleo, no fueran un problema solamente individual, y básicamente ha funcionado.

-¿Qué ocurriría si no existieran ayudas como la renta de garantía de ingresos?

- Hay indicadores objetivos que señalan que ahorrarnos estas ayudas seguramente generaría otros gastos sociales y económicos porque tendríamos que seguir respondiendo a las necesidades que estas ayudas intentan resolver. Al final, quitar las ayudas no supone que vamos a incentivar más el empleo ni que vamos a activar más el empleo. Lo que realmente esta fallando desde hace mucho tiempo en Euskadi y en el resto del Estado y Europa es la capacidad

integradora que ha tenido históricamente el empleo. Tengo 56 años y cuando yo me incorporé al mercado de trabajo, el empleo era algo que estabilizaba tu vida, que te permitía hacer cálculos, emparejarte, autonomizarte, decidir tener hijas o hijos... Garantizaba una inclusión social razonable. Hoy en día no es así. Las características de los empleos son muy distintas y no tienen la misma capacidad integradora. Eso es lo que está pasando. Si dejáramos de integrar a las familias a través de las ayudas sociales y lo dejáramos todo al albur de lo que ocurre en el mercado de trabajo, sencillamente aumentarían las situaciones de exclusión y de precariedad. La gente que recurre a la RGI es porque no tiene otra cosa.

- En los últimos meses se escuchan voces que piden endurecer el acceso a estas ayudas. ¿Es conveniente hacerlo en tiempos de crisis?

- Todo lo que sea intentar combatir ineficiencias, mejorar el control, garantizar más que quien recibe la ayuda la recibe porque la merece, que haya gente que no quede excluida... Todo eso es bueno porque legitimaría más el sistema.

- No me refería a más control, sino a endurecer los requisitos...

- Hay formas en las que se expresa esa búsqueda de la eficiencia que no son razonables. Cuando se pide endurecer los requisitos. ¿Estamos dando por supuesto que el acceso es blando? ¿Que es un coladero? Si hay datos para justificarlo, que se plantee una propuesta concreta para su mejora. Pero ampliar a diez años el empadronamiento requerido -como propone el PP-, el que lo ha propuesto no ha pensado bien lo que supone, porque quedaría excluida radicalmente un montón de gente. El endurecimiento del acceso lo que haría es complicar infinitamente más las condiciones de vida a un montón de familias de nuestra sociedad.

- La RGI es un derecho subjetivo en Euskadi, ¿Se pone en cuestión ese derecho?

- Sí, se está poniendo en cuestión ese derecho y se considera que puede entrar en contradicción con otro tipo de demandas como las ayudas a la conciliación familiar o a las familias numerosas. El haberlo reconocido como un derecho supone una carga de responsabilidad para la sociedad vasca y que se va a integrar sea cual sea la coyuntura. Es un paso muy valiente y arriesgado, porque en momentos de crisis puede haber gente que tenga la tentación de pedir que se rebaje su condición de derecho y convertirlo en una prestación dependiente de las coyunturas económicas. El convertirlo en derecho ha quitado el estigma de este tipo de ayudas, las ha dignificado y ha facilitado su normalización. No sería bueno echarse para atrás, porque generaría más desigualdades.

- La RGI está vinculada a la activación con el empleo, pero muchas personas se cronifican como perceptoras de esta ayuda. ¿Qué es lo que está fallando?

- Lo que está fallando no es ni la persona ni el proceso de inserción, donde también puede haber errores y fallos personales, porque jetas los hay en los consejos de administración de las empresas y también entre los perceptores de la RGI. Donde está el verdadero fallo es en el objetivo: el empleo. Se ha precarizado y abaratado, se ha desregulado mucho el mercado de trabajo, se ha abaratado mucho el empleo. El fallo está en el mercado de trabajo, que no integra ya como integraba antes. Hasta que no nos demos cuenta que estamos en un cambio de época respecto a la capacidad integradora del empleo, vamos a seguir culpabilizando en general a todas las personas que no lo tienen, como si solo fuera un problema suyo, y les vamos a estar cargando con la responsabilidad de formarse, de activarse, algo que es bueno. La solución no es fácil, pero desde luego culpabilizar y aventar el miedo social o resentimiento social con la gente que recibe ayuda sociales, eso es lo último que deberíamos hacer como sociedad. Se debe mirar a la RGI no solo como gasto, sino como inversión. Hay un informe que dice que la RGI había contribuido a mantener 30.000 empleos en Euskadi. Contribuye con la vía del consumo, porque los perceptores lo gastan y el dinero vuelve al circuito económico. Y además, muchos de estos perceptores consiguen integrarse en el mercado de trabajo. Es un estudio que habría que recuperar.

- Estos días se habla también de abusos en el cobro de la ayudas. ¿Existe tanto fraude como el que podría parecer?

- Es un tema que sigo y las estadística indican que el fraude es muy bajo. Lo que hay a veces es errores de administración de temporalización del seguimiento. Es un sistema demasiado complejo el que se ha generado. No es tiempo de ponerlo en el debate, pero si se avanzara a un sistema de renta básica universal, donde todo el mundo que cumpliera unas características tuviera derecho al ingreso, eliminaríamos muchos controles y agujeros en la gestión. La RGI es muy difícil de gestionar. Puede haber muchos desajustes, pero el fraude está por debajo del 3%.

- Se habla de posibles fraudes, de cobros indebidos que hay que devolver, de intensificar los controles de ayudas. ¿Se está poniendo bajo sospecha a todos los perceptores de la RGI?

- Seguramente puede acabar teniendo esta consecuencia, que empecemos a poner una nube de sospecha entre todos los perceptores de la RGI. Creo que habría que hacer un esfuerzo , empezando por los responsables políticos de la gestión de la RGI, para ponernos todos de acuerdo y se pueda objetivar la cuestión. Cuánto hay de fraude, de desajuste... En las devoluciones que ahora se piden a muchos perceptores de la RGI, numerosas veces es por algo que ha dejado de hacer la administración. Mezclarlo todo en el mismo paquete puede tener como consecuencia que se ponga bajo sospecha al perceptor de la RGI, que parece que es el culpable y que está engañando.

- ¿Cómo afecta a los perceptores sentir que parte de la sociedad les señala con el dedo y les pone bajo sospecha?

- A nadie le gusta que le estigmaticen. Creo que este tipo de juicios colectivos, en el que se estigmatiza a un grupo de gente, no es aceptable y genera un sentimiento de injusticia y de estar maltratado. Cuando se hace juicios que estigmatizan a colectivos completos estamos siendo injustos con esas personas. Si hay que buscar incumplimientos en los perceptores de la RGI, que se haga. Pero quizás es un sistema de una complejidad tan grande, que tendremos que asumir que algunos desajustes va a haber y algunos serán achacables a la propia administración.

- En los últimos tiempos, dirigentes del PP alavés han puesto el acento en posibles abusos en el colectivo inmigrante que cobra esas ayudas. ¿Qué opina de estos mensajes?

- Es una vuelta de tuerca en la estigmatización colectiva. Me parecería muy peligroso que señalemos a un colectivo de personas que están en una situación particularmente vulnerable. Y si les presentamos como defraudadores o como una carga para la sociedad vasca, estaríamos siendo muy injustos con ellos porque si están aquí, es porque en algún otro momento les hemos encontrado acomodo, con una necesidad laboral. No se debería estigmatizar y mucho menos a una población tan vulnerable y a la que es tan fácil marcar con marcadores etnoculturales e identitarios.

- ¿En qué parte de la población calan más estos mensajes que señalan a los inmigrantes como los culpables de los abusos en las ayudas?

- El otro día leí un informe del Ararteko. Decía que estos mensajes empezaban a calar en la población más joven y de clase más alta. Pero en general todos los estudios dicen que quien compra estos mensajes es quien siente que la población inmigrante compite con ellos por unos recursos escasos. Eso sí, tampoco es una buena estrategia tachar de xenófobo o racista a todas las personas que se creen estos mensajes, que viven en un barrio y a diario ven cómo cambia la fisonomía de ese lugar. Es población que se siente vulnerable la que también hace suyos estos mensajes. Yo llamaría a la responsabilidad de quienes plantean estos mensajes. Por favor, no enfrentemos a unas poblaciones vulnerables con otras. Intentemos atender a lo que les une, que son esas vulnerabilidades que les hace especialmente frágiles.