Diario Vasco

La Justicia mantiene abiertas 16 causas a clubes de cannabis en Euskadi pese a las absoluciones

La marihuana está considerada una sustancia ilegal por las Naciones Unidas.
La marihuana está considerada una sustancia ilegal por las Naciones Unidas. / AFP
  • «La tendencia de los tribunales es a considerar que no hay ánimo de traficar», defienden desde la federación de asociaciones cannábicas

Los clubes de cannabis nacieron en Cataluña y Euskadi, donde se han convertido en un fenómeno social que empieza a exportarse a otros países como Uruguay, EE UU, Gran Bretaña o Italia. Suponen la posibilidad de asociarse para poder consumir una marihuana de calidad sin tener que recurrir al mercado negro, dicen sus defensores. Sólo hay una pega: que la 'maría' es una sustancia ilegal, que figura en la lista de estupefacientes de Naciones Unidas y la Policía está obligada a perseguir su comercio. En la actualidad existen 16 procesos abiertos contra asociaciones procannabis en el País Vasco, según informa la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis del País Vasco (Eusfac). «La tendencia de los tribunales es a considerar que no existe ánimo de traficar y, por tanto, no se lesiona el bien jurídico de la salud pública», sostiene el abogado de Eusfac.

Muchos de los socios y directivos de los clubes procesados están siendo exculpados o se archivan los casos, aunque también hay alguna condena. Recientemente, la Sección Sexta de la Audiencia provincial vizcaína ha absuelto a los tres responsables y dos socios de Ebers, un club de Bilbao, de los delitos contra la salud pública e integración en grupo criminal al entender que en su actividad no había un «beneficio», sino que cultivaban y consumían de forma «compartida» para huir de la clandestinidad y sus riesgos y, por tanto, no se trataba de una conducta penal. Una de las peculiaridades de este caso residía en el elevado número de integrantes, 290. «Es una sentencia novedosa en cuanto al número de socios y por tratarse de una Audiencia y no de un juzgado. Hasta ahora teníamos la resolución del Supremo sobre consumo compartido y alguna de la Audiencia de Zaragoza», explica el abogado de la asociación Ebers, que también lleva a otro club procesado, Bican, cuyo juicio aún está pendiente. «Los jueces han valorado que en esta asociación no se ganaba dinero y había un compromiso por parte de todo el mundo, los socios han declarado como testigos», defiende el letrado.

Desde 2006, «hemos conocido 25 absoluciones», apuntan desde la federación, entre ellas la primera de Martín Barriuso y la asociación Pannagh, a quien una jueza, en una decisión sin precedentes, ordenó a la Policía devolver la marihuana decomisada. Barriuso se encuentra en la actualidad de nuevo procesado y a la espera de juicio después de tres años de instrucción. La Fiscalía pide 22 años de cárcel para él y sus socios y una multa millonaria al acusarles de los delitos de tráfico de droga e integración en organización criminal.

El ministerio público mantiene la tesis de que este tipo de actividad supone la venta de droga a cambio de dinero y existe el riesgo de difusión a terceros. Para encuadrarse en el «consumo compartido» definido por el Tribunal Supremo deberían fumar en un local cerrado, sin hacer exhibición de que se ha adquirido la sustancia. «En muchos de los casos, el error es de la asociación por excederse en el ruido o por el olor», señalan los servicios jurídicos de Eusfac.

Los clubes, unos 80 registrados en Euskadi, aspiran a que su funcionamiento pueda ser regulado y se les considere «cooperativas sociales», aunque en este punto chocan con la falta de competencias del Gobierno Vasco. El grupo que más socios tiene ronda los 600. El pasado mes de octubre se produjo un «hecho histórico: un Parlamento, el vasco, debatió sobre la regulación» de estos clubes sociales. Esa ponencia se encuentra en la actualidad en fase de conclusiones, por lo que la Cámara debería de pronunciarse antes de final de año.

«La sociedad va por delante»

«Están en un limbo administrativo, la pieza que falta es la regulación; se encuentran blindados por la parte judicial después de 3.600 sentencias y 17 años de jurisprudencia pero la Fiscalía hace una lectura particular. El cannabis es una sustancia fiscalizada, pero el consumo de droga está despenalizado en España desde hace años», advierte Aitor Brion, asesor legal de Eusfac. «La solución no es legal sino administrativa. Ocurrió lo mismo con los insumisos, hubo algunos que fueron a la cárcel hasta que se acabó con la mili, hoy ya nadie se acuerda de ellos», compara. «La sociedad siempre va por delante».

«Por no regular, hay mucha gente metida con intereses opacos», denuncian otras voces. «Que caiga sobre ellos todo el peso de la ley». De la misma opinión es Martín Barriuso, conocido activista procannabis y procesado como responsable de Pannagh, con 300 inscritos. El club estaba ubicado en el mismo edificio de la calle Luzarra que Ebers. En su caso, la cantidad de marihuana decomisada fue muy superior, 79 kilos según la Policía, aunque sólo reconocen 46. «Producíamos todo lo que consumíamos, era el momento de la cosecha y teníamos una barbaridad de marihuana para todo el año», se justifica.

«Estamos de acuerdo en que se intervenga contra las tapaderas, no queremos dar cobertura a delincuentes», sentencia Barriuso, aunque cree que la venta de cannabis a adultos debería dejar de ser un delito. No obstante, «la intervención policial no está sirviendo para separar el grano de la paja». «La realidad social está cambiando. La Fiscalía y la Policía deberían adaptarse a la nueva situación y ver los precedentes, que los tribunales les tumban los casos», apunta Barriuso.