Aprobada de forma inicial la ordenanza de pisos turísticos de Donostia

Pleno en el Ayuntamiento de San Sebastián/MIkel Fraile
Pleno en el Ayuntamiento de San Sebastián / MIkel Fraile

Aparture anuncia una avalancha de alegaciones antes de la aprobación definitiva

Aingeru Munguía
AINGERU MUNGUÍA

La ordenanza de pisos turísticos de San Sebastián ha sido aprobada de forma inicial este jueves en el Pleno del Ayuntamiento. Ha salido adelante con los votos del gobierno municipal y el voto en contra de toda la oposición , que vio cómo decaían todas sus enmiendas salvo una corrección técnica.

La sesión ha sido seguida 'in situ' por Asier Pereda, presidente de Aparture, asociación de gestiona más de 700 pisos turísticos en la capital guipuzcoana, quien ha asegurado que presentarán una batería de alegaciones en el plazo de exposición pública de 30 días que se abre a partir de ahora, al entender que la norma es muy perjudicial para sus intereses ya que "más de la mitad" de los apartamentos tendrían que cerrar.

La nueva ordenanza, que podría entrar en vigor en enero o febrero del año que viene, divide la ciudad en tres zonas en las que establece condiciones diferentes para la apertura de pisos de uso turístico: la Parte Vieja la declara como zona saturada e impide nuevos alojamientos de este tipo; la zona B o de alta demanda (Ensanche Oriental, Centro, Gros y las zonas más centrales de El Antiguo, Amara y Egia) en donde se pueden abrir pisos con un límite de 250 m2 por portal en la primera planta con la posibilidad excepcional de implantar un apartamento turístico por cada seis plantas en pisos altos; y la zona C (resto de la ciudad) en la que las condiciones se flexibilizan hasta permitir actividades económicas en 350 m2 por portal con posibilidad de implantar 2 pisos turísticos cada seis plantas en niveles elevados.

La defensa del texto normativo, elaborado a lo largo del último año, corrió a cargo del delegado de Urbanismo, Enrique Ramos (PSE), y del propio alcalde, Eneko Goia (PNV) quienes argumentaron una posición de «equilibrio» entre los distintos intereses en juego, abundaron sobre la expansión del fenómeno de los pisos turísticos en todo el mundo y esgrimieron la necesidad de regular la oferta de estos alojamientos desde «el interés general» y teniendo en cuenta cuál es la fotografía de su implantación actual.

Ramos explicó que la ordenanza es «necesaria, oportuna, proporcional». Es necesaria por la dimensión que ha adquirido el ‘boom’ de los alojamientos turísticos extrahoteleros. «Los pisos turísticos se han generalizado en Donostia, España, Europa o Nueva York. Es un fenómeno que ha venido para quedarse y nadie tiene la varita mágica para ordenar el fenómeno», asumió. Y también advirtió que los ayuntamientos «no pueden hacer lo que quieran» dado que las leyes de la competencia protegen esta oferta. «No pretendemos eliminar el fenómeno sino ordenarlo priorizando el uso residencial de las viviendas», añadió. En su opinión, la ordenanza permite «supera el debate» sobre si estos alojamientos solo pueden estar en la primera planta al admitir «excepciones» en las plantas altas, y el Ayuntamiento refuerza su posición dotándose de personal para el control de la norma. «No pretende ser la solución definitiva o la panacea. Veremos cómo es su aplicación y a lo mejor hay que retocarla a futuro».

El alcalde Eneko Goia indicó que la elaboración de la norma «ha sido un largo proceso» en el que han estado implicados muchos departamentos. Defendió la división en tres zonas porque «la realidad es diversa» y se trata de «responder a cada una de esas situaciones» y aclaró que han tratado de elaborar una norma «equilibrada» en la que «prevaleciese el interés general» en un ámbito con «muchos intereses contrapuestos». Consideró muy diferentes los modelos que proponían los tres grupos de la oposición y explicó por qué los rechazaban: El de Irabazi «nos hubiera obligado a empezar de cero»; el del PP «nos cuestionaba algo fundamental para la posición municipal como el cambio de uso que se produce en las viviendas»; y el de EH Bildu al establecer solo dos zonas «era un punto de vista más del año 2010 que de la realidad actual».

Ricardo Burutaran (EH Bildu) criticó que la ordenanza no desarrolla el Plan General «sino que lo modifica» en temas como la primera planta o los 250 m2 de límite de actividades económicas por portal, lo que supone «vulnerar el principio de jerarquía normativa». Acusó al gobierno local de «mentir» al decir que con la nueva ordenanza se podrán cerrar más pisos ya que se conseguiría el mismo efecto aplicando el PGOU. «Teníamos una regulación con consenso mayoritario y ahora pasamos a una con menos apoyos».

Miren Albistur (PP) criticó que se utilice un criterio político para dividir la ciudad en tres zonas y no «un criterio técnico» como el ratio de 8 camas turísticas por cada cien residentes que propuso su grupo, Censuró la «discriminación» y la «arbitrariedad» que supone poner condiciones diferentes a las zonas B y C y advirtió que la norma adolece de «inseguridad jurídica».

Loïc Alejandro (Irabazi) criticó que la zona saturada se limite a la Parte Vieja, censuró la «flexibilización» para implantar pisos turísticos en el resto de la ciudad y rechazó el argumento de que la nueva norma permitirá sacar de circulación unos apartamentos que se podrían cerrar con la aplicación de la actual normativa.

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