Los límites en la defensa del patrimonio urbano

Derribo de Villa Luna, en el paseo Infanta Cristina de Ondarreta, hace dos semanas. La intervención también fue objeto de polémica porque no tenía protección./MICHELENA
Derribo de Villa Luna, en el paseo Infanta Cristina de Ondarreta, hace dos semanas. La intervención también fue objeto de polémica porque no tenía protección. / MICHELENA

Voces expertas analizan la idoneidad de un mayor grado de proteccionismo y su impacto en la ciudad | Los arquitectos piden un debate «racional» y que se respete «la legalidad» mientras que Áncora denuncia que el 70% de los edificios protegidos pueden ser derribados

Dani Soriazu
DANI SORIAZUSAN SEBASTIÁN.

El derribo de Villa Luna, en Ondarreta, la reforma de Villa Almudena, en Miraconcha o la futura transformación de Villa Narcisa, en las faldas de Ulia, en diez nuevas viviendas ha vuelto a despertar la discusión sobre la defensa del patrimonio de la ciudad. Estos tres inmuebles tenían un grado de protección que no impedía las actuaciones que se han realizado o están por llegar. No obstante, el debate público se ha hecho eco de las voces que denuncian estos casos y reclaman una mayor protección de elementos arquitectónicos de la ciudad como los mencionados y otros más. Pero, ¿es necesario dar la voz de alarma? ¿Son erróneos los criterios llevados a cabo para decidir qué elementos proteger y cuáles no? ¿De qué forma puede influir en el desarrollo de Donostia un elevado proteccionismo?

Son sólo algunas de las preguntas que surgen en una cuestión que apela, en muchas ocasiones, a lo sentimental, pero que responde a una lógica y una labor técnica y muy científica. Así lo asegura el director de la Escuela de Arquitectura de la UPV, Juanjo Arrizabalaga. «Se valora la tipología, los sistemas constructivos, el resultado compositivo, el momento histórico, el arquitecto... Son parámetros marcados, que sirven en cualquier periodo histórico, y con los que se podrá estar más o menos de acuerdo. Pero no es una cuestión de gustos», afirma. Ahora bien, matiza que la labor de la institución educativa que él dirige es la de formar a profesionales de la arquitectura que estén capacitados para dar respuesta a estas situaciones. No obstante, asegura que en San Sebastián la cuestión de la protección del patrimonio «está bien encauzada» y que «esa sensación que se está transmitiendo de que está habiendo un pérdida patrimonial no es real».

Además

No comparten la misma visión los miembros de la agrupación cívica Áncora. En su opinión, para elaborar el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (Peppuc) «cada vez pesan más los criterios de índole extra-científica» y destacan la existencia de una «presión inmobiliaria brutal y ascendente». En esta línea, el representante de esta entidad, Alberto Fernández d'Arlas, afirma que «el 70% de los edificios donostiarras protegidos está catalogado en el grado más débil y son legalmente derribables», lo que convierte al Peppuc en un «documento incompleto». Asimismo, asegura que «el significado cultural del patrimonio edificado excede con mucho la habitual consideración casi exclusiva de sus fachadas». Asimismo, garantiza que «no existe ningún riesgo objetivo de sobreprotección».

El discurso choca frontalmente con otras voces expertas, que advierten de que un elevado grado de proteccionismo llevaría, inexorablemente, a una parálisis de la ciudad. «Si vamos por estas tendencias el Kursaal no se habría construido, y hoy pocos dudan de su valor para la ciudad», destaca Rocío Peña, hija del artista donostiarra Luis Peña Ganchegui y directora del Archivo que defiende su legado. Ella es la primera en reconocer que no es partidaria de proteger cualquier cosa de él «porque si todo se pone al mismo nivel los elementos que tienen valor de verdad lo pierden». Lo cual no quita, apunta, para que se abra una reflexión para algunos casos concretos que requieran revisión.

Tanto ella como Arrizabalaga comparten que «la arquitectura siempre se ha construido sobre la arquitectura» y que la capacidad de los profesionales de regenerar las ciudades «no se puede cortar». «Como arquitecto tengo que defender la validez de mi profesión para dar soluciones nuevas que igual ahora no se comprenden pero que dentro de medio siglo serán consideradas de valor», añade el director de la Escuela de Arquitectura que recuerda que no todo lo antiguo, solo por serlo, es lo mejor.

Una guerra de trincheras

La presidenta en Gipuzkoa del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (Coavn) también cree que es hora de «aportar mesura» al debate porque «cada vez que se intenta intervenir se produce una oposición al cambio que convierte cada edificio en una guerra de trincheras», lo cual, en su opinión, se traduce en la «obligación de defender y justificar la legitimidad» de la labor de los arquitectos. En este sentido, asegura que tanto promotores como la Administración «reciben presiones para no desarrollar aquello que le autoriza la legalidad vigente».

El concejal de Urbanismo de la ciudad, Enrique Ramos, también pide que esta cuestión se trate «desde la racionalidad» y señala que el Peppuc vigente y aprobado en 2014 ya contempla 1.063 fichas de edificios, esculturas, jardines y otros elementos arquitectónicos; que está pendiente la revisión del Plan con 47 nuevos elementos y está prevista una nueva modificación general antes de que acabe la legislatura. «Y la situación jurídica de los edificios hay que respetarla, y si uno de ellos no tiene ninguna protección el propietario puede derribarlo. Debemos ceñirnos a la ley y no podemos saltárnosla e inventarnos una protección a demanda. Es una realidad incómoda, pero esa es la realidad», apunta.

Ubarrechena, asimismo, recuerda que una calificación patrimonial «penaliza a su dueño», sea este público o privado ya que recaen sobre este unas cargas que, «irónicamente, conducen en muchos casos a la ruina del elemento que se intentaba proteger». «Hay que pensar en el uso que se le puede dar al edificio. Las necesidades y los criterios arquitectónicos de hoy en día no son los mismas de hace 80 años, no podemos quedarnos en el pasado», apunta Ramos, que recuerda que «un edificio se degrada a una velocidad tres veces superior si no se usa».

Áncora defiende que «es hora de abandonar los prejuicios que consideran la protección del patrimonio como un obstáculo para el crecimiento y la renovación urbana». Y asegura que «está demostrado que invertir en la conservación de edificios históricos resulta económicamente rentable» y que debe «sustituirse la óptica cortoplacista de la plusvalía inmobiliaria por otra visión mucho más sostenible, que va más allá de la obtención del beneficio inmediato».

«No es especulación»

Esta última afirmación no es compartida desde el ámbito de la arquitectura. «No todo es especulación ni ganar dinero. Lo que se pide es que no haya inseguridad jurídica y que se actúe en base a lo que autoriza la ley», apunta Rocío Peña. Por ello se opone a una revisión a corto plazo del Peppuc. «Podemos hablar de la manera de intervenir. Pero no de alterar cada dos años las reglas del juego, porque creas desequilibrios y agravios comparativos en la ciudad». Ramos propone que su revisión se lleve a cabo cada diez años «como si se tratara de un Plan General» y defiende la nueva revisión «porque nadie es infalible, había un límite temporal hasta 1950 y ahora se quiere ampliar». Áncora, por su parte, asegura que el Peppuc debe estar «permanentemente abierto a la incorporación de nuevos elementos».

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