Goia subraya que el alquiler turístico «implica un cambio de uso» del piso

Goia, con la ordenanza de pisos turísticos bajo el brazo.
Goia, con la ordenanza de pisos turísticos bajo el brazo. / FRAILE

Es el argumento legal con el que el Ayuntamiento ha ganado ya varios pleitos y el que empleará en los posibles recursos a la nueva ordenanza

JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN.

El Ayuntamiento es consciente de las aristas legales de la nueva ordenanza de pisos turísticos y ya sabe cómo defenderá la validez de esta norma ante los posibles recursos judiciales que puedan presentar los afectados. Así lo anunció ayer Eneko Goia durante su comparecencia semanal posterior a la Junta de Gobierno Local, una sesión en la que se aprobó la creación de cinco plazas de Guardia Municipal para perseguir a los infractores.

El alcalde admitió que «todas las ordenanzas y actos normativos son potencialmente recurribles», al tiempo que aseguró que «ninguna ordenanza está libre de ese peligro», por lo que en la redacción de las mismas se procura ser «lo más rigurosos posible para evitar problemas».

Goia advirtió de que una vivienda de alquiler turístico «implica un cambio de uso» de la misma, argumento que hasta la fecha le ha servido al consistorio para que los tribunales le den la razón en los diferentes pleitos que mantiene con particulares a los que no se les permite abrir o se les ha clausurado el apartamento vacacional.

Esta cuestión está «en el centro del debate» -dijo el regidor jeltzale-, aunque los detractores de la ordenanza esgrimen otros motivos para dudar de su legalidad. EH Bildu critica la «colisión frontal» con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es jerárquicamente una norma superior. «No puede ser que en el planeamiento se establezca que las actividades económicas deban cumplir la norma de la primera planta y en la ordenanza se establezca justo lo contrario para un uso no residencial como son los pisos turísticos», señala la coalición abertzale.

Este posicionamiento también iría «en contra de lo que reiteradamente han ratificado los tribunales, en el sentido de avalar esta norma del PGOU porque asegura un menor recorrido de la circulación de turistas y una menor molestia a los vecinos», asegura el concejal Ricardo Burutaran.

Desde EH Bildu exigen que se defina un nuevo uso para este tipo de alojamientos, ya que no se consideran residenciales pero tampoco se les exigen requisitos de accesibilidad, seguridad y protección acústica «como al resto de actividades económicas» instaladas en comunidades vecinales.

La ausencia de un informe de impacto de género, tal y como exige la ley, en el expediente de la nueva ordenanza podría ser otro motivo de recurso, si bien desde el gobierno municipal insisten en que en este caso no era necesario incluirlo.

Si el periodo de enmiendas y alegaciones no corrige estas «contradicciones» -como las califica Irabazi-, la ordenanza corre el riesgo de quedar suspendida si los tribunales admiten los recursos que pudieran presentarse.

El departamento de Urbanismo continúa entretanto con las labores de seguimiento y control de los pisos turísticos, de momento bajo los preceptos del PGOU. En las dos últimas semanas el concejal Enrique Ramos ha firmado ocho nuevas órdenes de clausura, que ya superan las 160 desde enero de 2016. Las viviendas afectadas por el cierre están en las calles Campanario y Mari de la Parte Vieja, Miracruz y Miguel Imaz de Gros, Arrasate y paseo del Urumea en el Centro, Sancho el Sabio en Amara y Elizasu de Altza.

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