El gobierno municipal pospone la aprobación del Peppuc ante la falta de garantías jurídicas

El alcalde, Eneko Goia, habla con el delegado de Urbanismo, Enrique Ramos, en presencia de la concejala Miren Azkarate, ayer en el Pleno del Ayuntamiento/Lusa
El alcalde, Eneko Goia, habla con el delegado de Urbanismo, Enrique Ramos, en presencia de la concejala Miren Azkarate, ayer en el Pleno del Ayuntamiento / Lusa

El Ayuntamiento debe despejar las dudas sobre la necesidad de un informe medioambiental. El proceso podría alargarse cuatro meses más y en junio expira la suspensión de licencias de derribo de los 47 edificios a incluir en el catálogo de protección urbanística

Jorge F. Mendiola
JORGE F. MENDIOLA

No hubo opción al debate. La falta de seguridad jurídica llevó ayer el gobierno municipal a retirar del orden del día del Pleno la aprobación definitiva de la revisión del Peppuc, el catálogo de patrimonio urbanístico protegido. Como adelantó DV, el secretario del Ayuntamiento necesita más tiempo para resolver las dudas de la oposición sobre la necesidad de incorporar al expediente un informe de impacto ambiental. Ante tal escenario de incertidumbre, el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, optó por pedir la retirada del punto.

Era el único que podía hacerlo, ya que las solicitudes en este sentido de EH Bildu, PP e Irabazi no fueron tomadas en consideración al haberse registrado sin la antelación requerida por el Reglamento Orgánico del Pleno.

El alcalde, Eneko Goia, abrevió las intervenciones y cortó de raíz los intentos de los concejales por explicar sus posiciones, lo que provocó un rifirrafe entre la portavoz abertzale, Amaia Almirall, y el regidor jeltzale que este también finiquitó de inmediato.

¿Y ahora, qué? Si los servicios jurídicos de Ijentea determinan que no hace falta realizar un estudio medioambiental, el Peppuc se aprobaría previsiblemente en la sesión plenaria de marzo. Si, por el contrario, advierten de que este estudio es requisito indispensable, el proceso podría alargarse hasta cuatro meses más.

Los datos

Revisión
La actualización del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc) arrancó en 2016.
Expertos
Un grupo de arquitectos, historiadores y técnicos de dentro y fuera del Ayuntamiento realizó el trabajo de campo.
Propuestas
En sus conclusiones defendían la incorporación al catálogo municipal de 47 de los 90 edificios analizados.
Tramitación
Solo se aceptó incluir una ficha adicional en el periodo de alegaciones: el edificio Urumea de Gros.
Dudas
La oposición pregunta el miércoles al secretario por la necesidad de realizar un estudio de impacto medioambiental.
Pleno
La aprobación definitiva queda ayer sobre la mesa al no existir garantías jurídicas y a la espera de que el secretario informe.
Riesgo
Si hace falta el estudio ambiental, el proceso se puede alargar hasta junio, cuando se levanta la suspensión de licencias.
Sin protección
A partir de ese momento, los propietarios de estos 47 edificios tendrán derecho a solicitar licencia de derribo.

Aunque la revisión del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido arrancó hace ya casi dos años y se ha desarrollado con la minuciosidad y detalle que exige un documento de esta naturaleza, ahora los plazos pueden convertirse en un problema.

Y es que en junio, es decir, dentro de cuatro meses, expira la suspensión de licencias de derribo decretada en su día por Urbanismo, orden que afecta a los 47 edificios que estaban a punto de ser incluidos en el catálogo, entre ellos 15 villas de la zona de Ondarreta. Esto significa que si para entonces no se ha aprobado la actualización del Peppuc, cualquier propietario estaría en su derecho de promover un derribo y el Ayuntamiento se encontraría con las manos atadas en caso de que acudiera a los tribunales.

Desde las filas del gobierno municipal, el portavoz del PNV, Jon Insausti, puso el foco en esta circunstancia y acusó a los grupos de la oposición de «poner en riesgo» la conservación de estos 47 inmuebles. «Pensaban que en el periodo de enmiendas podían proponer fichas que no estaban entre las 90 que se han analizado y, al no permitírselo el secretario, salen con lo del informe de impacto ambiental la víspera del Pleno», relató el concejal jeltzale, quien calificó de «casqueta» la reacción de los portavoces de la oposición.

Insausti explicó que la aprobación del Peppuc se retiró del orden del día «para darle la máxima seguridad jurídica», al tiempo que criticó el proceder de los demás grupos porque «lo que están consiguiendo es retrasar la tramitación y poner en riesgo el futuro de estos edificios».

Fuentes municipales consultadas por este periódico señalan que el Gobierno Vasco, institución que debe dar su visto bueno a estudios ambientales como el referido, tiene potestad para priorizar este caso y reducir el periodo de espera a la mitad. El Ayuntamiento también tratará de acortar los plazos. «Aceleraremos la maquinaria para hacerlo antes de junio, pero cuando termine la moratoria, los que persiguen una licencia de derribo estarán al día siguiente en la puerta de Urbanismo», subrayó Insausti, quien insiste en responsabilizar a EH Bildu, PP e Irabazi. «¿Queremos hacer oposición y dilatar el proceso o proteger el patrimonio? Esa es la pregunta que hay que lanzarles».

El portavoz del PSE, Ernesto Gasco, aseguró por su parte que la oposición pretende «imponer una interpretación muy restrictiva» de la legislación vigente, algo que «no ocurre en Vitoria, Bilbao ni Pamplona». «Estamos ante un debate jurídico complejo, de mucha indefinición y hay que actuar con responsabilidad, no como oposición de bloqueo», dijo el teniente de alcalde, quien defendió la decisión de retirar el punto del orden del día.

«A raíz de algunas sentencia, los servicios jurídicos empiezan a dudar de cuándo es necesario el estudio de impacto medioambiental y cuándo no. Y ante el riesgo de que el Peppuc pueda ser declarado nulo por una cuestión de procedimiento, es mejor dejarlo sobre la mesa tres o cuatro meses», justificó Gasco, quien confía en cumplir todas las obligaciones y trámites antes de que se levante la suspensión de licencias.

Críticas de la oposición

EH Bildu recordó que «no es nuevo» que el gobierno municipal «se vea obligado» a retirar un expediente porque no está completo. El concejal Ricardo Burutaran aseveró que «estamos ante una auténtica irresponsabilidad política» y censuró al ejecutivo de Goia por «seguir empeñado en desoír las sentencias judiciales y lo que manda la propia ley» en referencia a la necesidad de incorporar el estudio ambiental a este tipo de tramitaciones.

Por parte del PP, Miren Albistur valoró como «lógica» la decisión de Ramos de dejar el Peppuc sobre la mesa. «Cuando un expediente no está debidamente cumplimentado y no tiene las garantías jurídicas suficientes para elevarlo a Pleno, todos corremos un riesgo y es lo que queríamos evitar con la solicitud del informe al secretario», señaló la portavoz popular, quien añadió que «lo más lamentable de todo esto es que seamos los partidos de la oposición los que mes tras mes tengamos que advertir de estas situaciones al gobierno». De hecho, fue el PP el que hizo hincapié en el asunto tanto en la Junta de Portavoces como en la última Comisión de Urbanismo. «Existe una gran sensibilidad ciudadana respecto a la protección del patrimonio, pero no podemos aprobar planes que generen inseguridad. Además, estamos hablando de propiedades privadas y las sentencias contrarias las pagamos todos los donostiarras», afirmó Albistur, para concluir que «esto y lo ocurrido con Viveros de Ulia, Illunbe, Bretxa y otros proyectos debe tener una responsabilidad política y la máxima autoridad en estos asuntos es el alcalde».

El tercer grupo de la oposición, Irabazi, también entiende «acertada» la retirada del punto sobre el Peppuc. El concejal Loïc Alejandro resumió que «el expediente no está maduro, la fase de alegaciones y enmiendas ha sido caótica, la tramitación ha sido improvisada y hay dudas por evaluación medioambiental. De película». La plataforma compuesta por Ezker Anitza-IU, Equo e independientes aboga por dotar a los edificios de una «protección duradera, que no la tumben en los tribunales a los dos meses».

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