El gobierno municipal decide encargar el estudio ambiental para agilizar la aprobación del Peppuc

Villa urbana en la calle Infanta Beatriz de Ondarreta que se propone proteger con un grado D en la revisión del Peppuc. / JUANTXO LUSA
Villa urbana en la calle Infanta Beatriz de Ondarreta que se propone proteger con un grado D en la revisión del Peppuc. / JUANTXO LUSA

El Ayuntamiento estudia fórmulas para impedir que los 47 edificios a incluir en el catálogo queden desprotegidos en junio con el fin de la suspensión de licencias

JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN.

El gobierno municipal ha iniciado una carrera contrarreloj para salvaguardar la integridad de los 47 edificios de interés que iban a ser incluidos en la revisión del Peppuc, el catálogo de patrimonio protegido. La aprobación definitiva decayó del orden del día del Pleno ante la inseguridad jurídica que generaba la ausencia de un informe de evaluación de impacto medioambiental. Ahora, para ganar tiempo y con la amenaza del fin de la moratoria de licencias en junio, los responsables del Ayuntamiento han decidido solicitar el estudio sin esperar a que los servicios legales de Ijentea se pronuncien sobre la necesidad de incorporarlo al expediente.

El nuevo escenario surge de las advertencias de la oposición al secretario la víspera del Pleno: ¿exige la ley la realización de un estudio ambiental para un expediente de este tipo? La letra pequeña admite diferentes interpretaciones, por lo que el máximo responsable jurídico del consistorio precisará de unos días para responder a esa duda.

El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, establece que «serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública (...) cuando: a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a (...) la ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo».

La ley admite diversas interpretaciones, pero Goia no esperará a que el secretario se pronuncie

Las dudas se concentran en el tercer apartado del mismo artículo, donde se extiende la obligatoriedad de estudio ambiental a «los planes y programas que establezcan un marco para la autorización en el futuro de proyectos». Fuentes de Alcaldía consultadas por este periódico advierten de que algunos jueces en sentencias recientes hacen una interpretación del artículo «extensiva a todos los documentos urbanísticos», lectura a la que se agarran los grupos de la oposición.

El problema es que en junio concluye el plazo de suspensión de licencias de derribo de los 47 inmuebles que se pretende conservar -entre ellos 15 villas de Ondarreta-, lo que abrirá la puerta a que cualquier propietario pueda solicitar permiso para tirarlo abajo. El Ayuntamiento tendría las manos atadas en ese supuesto y pocos argumentos de defensa ante un tribunal.

Entre tres y cuatro meses

Para no llegar a esa situación de indefensión, el gobierno municipal trabaja en la búsqueda de fórmulas para proteger estos inmuebles cuando expire la moratoria. El estudio de impacto medioambiental tarda entre tres y cuatro meses, si bien el Gobierno Vasco puede acortar los plazos si da prioridad al Peppuc.

Tampoco se descarta encontrar encaje legal a una prórroga del periodo de suspensión de licencias o incluso aprobar la revisión del catálogo patrimonial sin el informe de Medio Ambiente, si este fuera necesario y no llegara a tiempo. Lo que se desea evitar a toda costa es la situación de riesgo en la que se encontrarían esos edificios.

Las críticas y el proceder de la oposición no han gustado en el seno del ejecutivo de Eneko Goia. «¿Cuánto rédito político consiguen con esta maniobra y a qué precio? No se puede pretender paralizar la ciudad», replicaban ayer las fuentes citadas, que recuerdan que en estos momentos hay diecisiete modificaciones de planeamiento en proceso de obtener el informe de impacto medioambiental.

Al PP le han sentado igual de mal las «desacertadas» declaraciones del jeltzale Jon Insausti acusando a los portavoces de los grupos de actuar por una «casqueta» tras no ser admitidas a trámite sus enmiendas. «La oposición ha actuado conforme a la ley y es por ello que el gobierno municipal se decidió por la retirada del documento. Es bien sabido que se trataba de un expediente incompleto a los ojos de todos, sin garantías suficientes para elevarlo a Pleno», argumentó la popular Miren Albistur. «Sólo pedimos que todos los expedientes que se eleven a Pleno tengan todas las garantías jurídicas para su aprobación», concluyó.

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