Donostia es ya la primera ciudad del Estado en regular de manera «tan integral» los pisos turísticos

Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de San Sebastián. /Iñigo Sánchez
Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de San Sebastián. / Iñigo Sánchez

La nueva ordenanza ha sido aprobada pese a no haber recibido el apoyo de ningún grupo de la oposición

Estrella Vallejo
ESTRELLA VALLEJO

Este jueves se ha superado el último escalón, la aprobación definitiva de una ordenanza que regulará de manera específica el uso del suelo que hacen las ya famosas viviendas para uso turístico. Una norma controvertida, que no ha conseguido contentar ni a propietarios ni a aquellos vecinos que realmente conviven con este fenómeno, lo que a ojos del equipo de gobierno se traduce en el perfecto equilibrio: «Si se nos acusa de haber sido flexibles y restrictivos al mismo tiempo es que hemos conseguido equilibrar la balanza».

La nueva normativa ha recibido luz verde, pero el gobierno municipal es consciente de los obstáculos que aún quedan por sortear. La Asociación de Apartamentos turísticos de Euskadi, Aparture, y la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) anunciaron que recurrirían el reglamento, aunque por el momento se encuentran en periodo de análisis. No obstante, el delegado de Urbanismo, Enrique Ramos, ha advertido de que el anuncio de recursos «no es motivo para paralizar la acción del gobierno».

Como era de esperar, los únicos partidos que han respaldado la propuesta han sido los que conforman el gobierno de la ciudad -PNV y PSE-, suficiente para sacar adelante la propuesta, pese al voto en contra de todos los grupos de la oposición -EH Bildu, PP e Irabazi-.

Dos acepciones

La norma no entrará en vigor hasta su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) a primeros de abril, y será a partir de ese momento cuando los propietarios de las viviendas destinadas a uso turístico deban inscribir el inmueble para participar en el sorteo que establecerá el orden de tramitación de las licencias de actividad. Para llevar a cabo la inscripción contarán con 10 días en lugar de 5, gracias a la enmienda de Irabazi, transaccionada con el PSE, que ha salido adelante este jueves.

Este ha sido el único cambio admitido, junto con una corrección del PP sobre las comunicaciones de las viviendas afectadas, que ha sido aceptada en comisión el pasado lunes. Menos suerte han corrido las casi 30 enmiendas restantes presentadas por la oposición que han recibido la negativa del gobierno municipal por «desnaturalizar el objetivo de la norma».

En su intervención previa a la votación, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, se ha felicitado por haber logrado una regulación que «consigue» que la oferta de alojamiento turístico en pisos «pueda convivir de forma equilibrada y sostenible en la ciudad, preservando su carácter residencial» y ha insistido en que tan importante como establecer un marco normativo es «crear mecanismos de control y seguimiento», en referencia al equipo de inspectores creado recientemente.

Además

Por su parte, Ramos ha recordado a la oposición que votar en contra del nuevo texto es «no querer que la Parte Vieja se declare zona saturada, aceptar que una VPO pueda ser destinada a alquiler turístico o aceptar el subarriendo de viviendas a turistas». Así, ha resaltado el carácter pionero de la misma y el interés de otras ciudades del Estado, que «la quieren copiar literalmente», ha apostillado.

En el turno de debate, el concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran, ha augurado una «breve» vida a la nueva ordenanza por «los numerosos procesos jurídicos» a los que dará lugar, y ha considerado que la propuesta de PNV y PSE «flexibiliza» ese uso respecto a lo establecido ya en el Plan General. En la misma línea ha denunciado la falta de voluntad del Ejecutivo local para «negociar y consensuar» la misma con partidos, asociaciones vecinales u otras entidades.

La portavoz del PP, Miren Albistur, ha tildado de «desbarajuste» y «engendro jurídico» el reglamento, que «regula de manera irresponsable» este fenómeno y que, ha incidido, «no contenta ni a vecinos ni a propietarios». Es por ello que ha criticado al gobierno municipal haber dado forma a esta norma «en base al ruido».

El edil de Irabazi Loïc Alejandro, por su parte, ha calificado de «nefasta» la nueva normativa, ya que «flexibiliza las limitaciones» actuales del planeamiento urbanístico general y «no es proporcional porque mete en el mismo saco casuísticas diferentes».

Consecuencias económicas

La reacción de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi (Aparture) tampoco ha sorprendido. El presidente del colectivo, Asier Pereda, ha confesado estar «avergonzado» del visto bueno dado este jueves por la corporación donostiarra. Es por ello que convocará en los próximos días una asamblea general extraordinaria para decidir si recurren ante los tribunales la nueva ordenanza municipal o si presentan una suspensión cautelar de la misma. «Personalmente» se ha mostrado partidario de impugnar la ordenanza, en todo o en parte, ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, pero ha puntualizado que la decisión corresponde a «todos los socios».

Pereda ha augurado que la nueva ordenanza acarreará el cierre de la mitad de la oferta reglada de pisos turísticos, lo que «conllevará una responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento» que podría acumular en dos años unos 20 millones de euros en concepto de «lucro cesante» mientras se resuelven judicialmente los recursos a cláusulas indebidas. Los responsables del gobierno donostiarra «dicen que no les importa asumir el riesgo de ser pioneros», pero las consecuencias económicas «las pagaremos el sector y los donostiarras».

A ese periodo de reflexión se unirá igualmente la Autoridad Vasca de la Competencia que, como ya anunció en febrero esperará al informe jurídico económico recientemente encargado para, una vez analizado el resultado, actuar en consecuencia.

Durante la sesión extraordinaria, los asientos del público han estado ocupados, entre otros, por miembros de asociaciones vecinales de la Parte Vieja e Intxaurrondo, y la plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa, quienes han denunciado que el gobierno PNV-PSE «ha perdido la oportunidad» de implementar una normativa que «priorice» el uso residencial de las viviendas como «espacios para vivir y no para convertir en negocios lucrativos».

Ciudadanos protestan contra la ordenanza de pisos que se ha aprobado este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián.
Ciudadanos protestan contra la ordenanza de pisos que se ha aprobado este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián. / Iñigo Sánchez

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