«Aunque nos dejen volver no nos sentimos seguros»

Juan Miguel y Xabier Galatas, frente al muro por el cual han tenido que desalojar sus casas y cuyas dos grietas han sido tapadas./LOBO ALTUNA
Juan Miguel y Xabier Galatas, frente al muro por el cual han tenido que desalojar sus casas y cuyas dos grietas han sido tapadas. / LOBO ALTUNA

Dos familias de Oriamendi que llevan dos años desalojadas denuncian la «dejadez» del Ayuntamiento

DANI SORIAZUSAN SEBASTIÁN.

La casa de los hermanos Galatas, una vivienda bifamiliar ubicada en el número 82 del paseo de Oriamendi, lleva dos años deshabitada. El riesgo de que el muro que sujeta el terreno de los vecinos del número 86 -que salva una altura de más de cuatro metros- pudiera romperse y poner en riesgo sus vidas fue el culpable de que tuvieran que desalojar sus viviendas en julio de 2015, por orden del Ayuntamiento. Ahora denuncian que durante estos 24 meses han tenido que lidiar «con la falta de colaboración y actitud obstaculizadora» de los vecinos de arriba y «con la dejadez del Ayuntamiento», por haber alargado durante más de un año y «sin razón aparente» los plazos de alegaciones antes de ejecutar una solución de forma subsidiaria, tal y como se comprometió a hacer. «Y para que finalmente esa solución sea la de tapar con cemento las dos grietas que han aparecido en el muro y que es, a todas luces, insuficiente».

Los que hablan son Juan Miguel y Xabier Galatas, de 64 y 62 años. Se muestran «hastiados e impotentes» ante la situación, mientras esperan que llegue el permiso para que puedan volver a sus casas, aunque afirman no sentirse seguros. Por el momento viven en los domicilios de sus familiares, el primero con su mujer y su hija, y el segundo con sus dos hijos.

«Nosotros nos empezamos a preocupar en febrero de 2014, tras el temporal que azotó Donostia, porque detectamos algunas grietas en casa y vimos que puertas y ventanas no encajaban», relata Juan Miguel. A partir de ese momento encargaron a la empresa Ikerlur un estudio geotécnico del terreno, con el que se detectó que en seis meses se había producido un movimiento de la tierra de cuatro milímetros. «Pero las alarmas saltaron cuando a comienzos de 2015, tras la caída de una importante tromba de agua, el terreno se desplazó 2,5 centímetros, a cinco metros de profundidad», relata.

«No quieren saber nada»

En marzo de ese año también detectaron dos importantes grietas verticales en el muro situado frente a la casa. «Vimos que la cosa era seria y les dijimos a nuestros vecinos que había que hacer algo, porque el muro es de ellos. Y desde el primer segundo se desentendieron, no quisieron saber nada», señala Juan Miguel. Ante esta situación decidieron acudir al Ayuntamiento para poner en conocimiento de las autoridades lo que ocurría. Según su relato, en julio el Consistorio ordenó el desalojo del número 82 y conminó a ambas partes a que ejecutaran una solución en un plazo de tres meses. «Se acabó el plazo y desde el Ayuntamiento nos hablaron de una ejecución subsidiaria de la obra».

«Urbanismo extendió, sin motivo aparente, los plazos para alegaciones retrasando la solución»

«En caso de regresar a casa, si llueve fuerte nos iremos, no queremos morir enterrados»

Y así fueron pasando los meses. Juan Miguel y Xabier acometieron los trabajos necesarios para asentar su terreno, con la instalación de micropilotes. Pero del muro no había novedades. «En noviembre de 2015 el Ayuntamiento dio un nuevo plazo para aportar alegaciones a la ejecución subsidiaria. Y cuando en abril de 2016 ya parecía que se iniciaban los trámites, los vecinos de arriba pidieron otros tres meses de prórroga. Esa petición de prórroga estuvo sobre la mesa del técnico municipal de Urbanismo hasta enero de 2017. Y para colmo, se respondió afirmativamente y se otorgaron esos tres meses. O sea, casi once meses con todo paralizado», se queja este donostiarra quien denuncia «la dejadez del Ayuntamiento. Porque tiene capacidad para imponerse y si no lo ha hecho ha sido porque no le ha dado la gana».

Tapar las grietas

Según relatan Juan Miguel y Xabier, en ese periodo de prórroga concedido entre enero y abril de 2017, los vecinos contrataron a otra empresa para elaborar su propio informe geotécnico, cuyas conclusiones señalaban que no había filtraciones de agua al muro. «Eso sí, en el informe señalan que la excavadora cavó hasta cuatro metros porque su brazo no daba más de sí. Cuando el problema está a cinco metros de profundidad», explican estos hermanos quienes además se muestran sorprendidos de que el Ayuntamiento aceptase este informe en base al cual desde el departamento de Urbanismo se aceptó como suficiente tapar las grietas con cemento. «Un informe elaborado con los trabajos de un día y que costó 2.700 euros», apuntan.

Según anunció el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, en el Pleno del pasado día 20, el permiso para que los hermanos Galatas puedan volver a sus casas se debería haber aprobado ya. A raíz de una moción presentada por EH Bildu, reconoció que «puede que haya habido voluntad obstaculizadora por parte de los vecinos» pero que, en cualquier caso, se ha actuado siempre velando por la seguridad.

A Juan Miguel y Xabier todavía nadie les ha notificado que puedan regresar aunque, de todos modos, creen que la solución adoptada con el muro no es suficiente. «Nos parece alarmante que hayan dado el visto bueno a esto. Estos días apenas ha llovido pero ya se ven algunas filtraciones, aunque digan que no las hay. Y una de las grietas tapadas se ha vuelto a abrir». Aseguran que cuando puedan volver lo harán, «pero cuando anuncien temporal de lluvias nos iremos antes de acabar muertos bajo toneladas de tierra».

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