Competencia da marcha atrás y descarta impugnar la norma de pisos turísticos

Competencia da marcha atrás y descarta impugnar la norma de pisos turísticos

Indica que «trabajará» por «adecuar» los futuros Planes Generales de Ordenación Urbana para «eliminar barreras» que limiten la actividad

A. C.Bilbao

Una de las amenazas que se cernía sobre la ordenanza de pisos turísticos que acaba de aprobar el Ayuntamiento de San Sebastián se empieza a disipar. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) quiso «aclarar» este viernes que «no impugnará» ante los tribunales la norma que regulará dicha actividad económica en la capital guipuzcoana, y se remitió al informe jurídico-económico que está realizando para determinar si las limitaciones impuestas por el Gobierno municipal al alquiler de viviendas para uso turístico incluyen «barreras no justificadas» a la libre competencia y, de ser así, «trabajar» para que los «próximos» Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben en la ciudad se «adecuen» y no contravengan ningún precepto de la AVC.

La comunicación remitida por el organismo que preside Alba Urresola reconduce la advertencia original que se recogía en el informe que el Consejo de la AVC, donde se contemplaba la posibilidad de «impugnar directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa el acuerdo plenario de aprobación definitiva de la Ordenanza» de pisos turísticos de San Sebastián si se hacía, como ha ocurrido, con las «barreras de entrada al mercado de la actividad» que la AVC ya detectó en su análisis preliminar.

Competencia asegura ahora que esa advertencia, contra la que el alcalde Eneko Goia arremetió duramente por considerar que «atacaba la potestad municipal» de regular el uso del suelo, no era tal. Y que únicamente hacía referencia a la «facultad» general que la AVC tiene para impugnar judicialmente una ordenanza, como pueden hacerlo también otras asociaciones o particulares. «Queríamos aclarar la interpretación incorrecta que se hizo de aquel texto», defiende.

Urresola se aferra a las «conclusiones» del citado informe, donde ya se anunciaba la decisión de realizar otro estudio jurídico-económico más detallado para «analizar la situación del sector» en las tres capitales vascas, y, «en su caso», proponer modificaciones en los respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana y en las nuevas normativas sobre pisos turísticos para «eliminar» de dichos textos cualquier «tipo de barrera no necesaria ni proporcional» que obstaculice a los propietarios que lo deseen explotar económicamente sus viviendas o alguna de sus habitaciones para uso turístico. Ese estudio jurídico-económico, que también está analizando ya la ordenanza que prepara el Ayuntamiento de Bilbao, se prolongará hasta «junio o julio», recalcan además desde Competencia, por lo que el plazo de dos meses estipulado para impugnar la normativa donostiarra que entrará en vigor en abril ya habrá expirado y no será posible recurrir a la Justicia ordinaria.

La AVC asume que los ayuntamientos tienen la capacidad de regular el suelo urbano, y por eso indica que su intención es «analizar mejor» si dentro de las «limitaciones urbanísticas legítimas» que Donostia ha establecido en este asunto, se han puesto «barreras» que interfieran en la libre competencia, «a la vista de las prescripciones de la Directiva de Servicios y de su Ley de Transposición». Aunque de momento no avanza ninguna medida correctora, su vocación es influir en la redacción del próximo PGOU cuya tramitación, según recuerda en su nota, Donostia tiene previsto iniciar en 2019.

Competencia, en el informe emitido el mes pasado, reprochaba que la ordenanza que limita las zonas de la ciudad o el número y la altura de los pisos en los que se puede efectuar un alquiler turístico «confiere una posición privilegiada» a quienes ya lo hacen, y «beneficia a los propietarios o inquilinos de viviendas situadas en zonas o plantas» no restringidas. Además, consideraba que el Ayuntamiento no había justificado de forma suficiente la adopción de esas medidas en lugar de otras «menos restrictivas» para evitar molestias a los vecinos. Y recomendaba dejar en manos de las comunidades de propietarios la decisión de cuántos pisos pueden dedicarse en cada edificio al alquiler turístico.

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