Aparture denuncia que la norma de pisos turísticos supondrá 54 millones de pérdidas para Donostia

Una mujer entra en el portal de un piso turístico en San Sebastián. /SARA SANTOS
Una mujer entra en el portal de un piso turístico en San Sebastián. / SARA SANTOS

La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Euskadi ha presentado 19 alegaciones a la ordenanza municipal

Estrella Vallejo
ESTRELLA VALLEJO

La Asociación de viviendas de uso turístico de Euskadi, Aparture, ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Donostia las 19 alegaciones, argumentadas en 170 páginas, a través de las cuales pretende frenar la ordenanza reguladora de pisos turisticos que está desarrollando el gobierno municipal.

La idea general de la que el colectivo ha partido para desarrollar sus alegaciones es que la única manera que tiene el Ayuntamiento de adquirir competencias sobre la regulación de los pisos turísticos, es asignándoles la catalogación de uso hotelero. Esta afirmación la basan en indicaciones realizadas por Hacienda, "según varias consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos" o en la sentencia de un juzgado de Valencia, el cual señaló que siempre que no se presten servicios hoteleros en las viviendas, como una limpieza diaria por ejemplo, no puede considerarse que existe un uso hotelero en dichos inmuebles. Es por ello, que el colectivo que preside Asier Pereda considera "fraude de ley" la calificación de uso hotelero "cuando no lo es, para atribuirse una competencia que no tiene".

En la misma línea, entre las cuestiones presentadas subrayan la falta de informes técnicos que respalden la zonificación realizada por el consistorio, a traves de la cual declaran distintos barrios con catalogacion A, B o C en funcion de la mayor o menor presencia de viviendas destinadas a uso turistico. "Faltan parámetros técnicos que motiven por qué se ha declarado zona saturada la Parte Vieja y documentos que garanticen haber tenido en cuenta la población y no solo el número de pisos", ha indicado.

En este sentido, Pereda ha advertido al equipo de gobierno de Donostia, que con la aplicacion de la ordenanzada tal y como está redactada en su aprobacion inicial, no solo se verian afectados más del 50% de las viviendas inscritas en el registro del Gobierno Vasco, sino que ademas, la clausura de esos casi 600 pisos supondrian pérdidas superiores a los 54 millones de euros para la ciudad, así como la destrucción de 337 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.

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