El alcalde defiende poner coto a los pisos turísticos por «el interés colectivo»

El alcalde defiende poner coto a los pisos turísticos por «el interés colectivo»

Goia responde que los datos de Aparture, que cifra en un 70% las viviendas regladas que quedarían fuera de la ordenanza, son «exagerados»

A. ALDAZ

¿Cuántos pisos de alquiler a turistas actualmente reglados van a cumplir con la futura ordenanza que pone coto al sector en Donostia? ¿Cuántos de ellos se van a quedar fuera y corren el riesgo de ser cerrados? La respuesta varía en función del interlocutor. La asociación de viviendas de uso turístico de Euskadi, Aparture, ha advertido de que con la futura normativa el 70% de sus negocios representados no pasaría el corte, un dato «un tanto exagerado», si el que responde es el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.

Preguntado por los periodistas, el primer edil de la capital guipuzcoana se refirió al estudio encargado por la asociación Aparture en el que tasa el impacto de las restricciones anunciadas y cuyas conclusiones fueron avanzadas por este periódico. Goia rebatió el vaticinio del sector reglado, aunque sin datos sobre cuántas viviendas sobrevivirían bajo las nuevas y estrictas condiciones, y ante todo defendió poner coto a la proliferación del alquiler turísticos «por interés colectivo» frente al «particular» de un colectivo concreto, como son los propietarios de los pisos que han levantado la voz desde el principio contra las intenciones municipales.

El debate sobre la regulación del sector no ha hecho más que empezar. En agosto, el gobierno municipal de PNV y PSE desvelaba sus cartas y proponía nuevos límites, entre otros, establecer un máximo de 250 metros cuadrados ocupados por actividades económicas para cada portal. La condición de la primera planta se flexibiliza, y se abre la opción de ubicar pisos por encima de esa altura, aunque sujeto a condiciones estrictas. «La obligación de este ayuntamiento es intentar conjurar los distintos puntos de vista y adoptar la mejor regulación posible», insistió Goia quien dijo entender la posición de Aparture como asociación «que defiende un interés particular, el suyo», pero recalcó que el Ayuntamiento «está para defender el de toda la ciudad».

Las posiciones encontradas sobre esta normativa también resultarán evidentes en las alegaciones que presentarán los grupos de la oposición. El plazo para plantear las modificaciones termina hoy. El gobierno donostiarra tiene mayoría suficiente en el Pleno para sacar adelante la regulación, si bien en reiteradas ocasiones los responsables municipales han apelado a la importancia de lograr el mayor consenso posible en una normativa a la que se le puede sumar un frente judicial. Las autoridades de la Competencia en España han recurrido las normativas autonómicas de Castilla y León y Galicia, y la Federación española de Apartamentos Turísticos, a la que pertenece Aparture, no descarta dar el paso a los tribunales. Goia se mostró tranquilo ante la posibilidad de ese escenario y dijo que el análisis de los servicios jurídicos del Ayuntamiento auguran «un buen futuro» a esta medida.

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