El Ayuntamiento cumple por primera vez la normativa sobre publicación de contratos

El concejal de Hacienda, Jaime Dominguez-Macaya, recuerda que la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado establece la obligación de las instituciones públicas de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lugar común de los contratos en el ámbito estatal.

Transparencia Internacional, organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política, realizó en 2016 dos análisis -uno en enero y otro en julio- del grado de acatamiento de este mandato legal. Los resultados pusieron de manifiesto el «clamoroso incumplimiento por una gran parte» de los ayuntamientos, comunidades autónomas, parlamentos, diputaciones y hasta universidades públicas. El Ayuntamiento de San Sebastián tampoco superó la prueba y recibió sendos suspensos en ambos exámenes.

«Hemos trabajado todo este último año para ajustar nuestros procesos a la legalidad y ahora lo hemos conseguido», explica el delegado del PNV, quien subraya que además de la publicidad del servicio, obra o suministro que vas a contratar, «nosotros hemos logrado asimismo publicitar las adjudicaciones, algo que el informe de Transparencia Internacional no entra a analizar».

La conclusión del trabajo realizado el pasado mes de mayo por la ONG es que de los 110 grandes ayuntamientos escrutados, apenas 56 cumplen con las condiciones de transparencia, concurrencia y publicidad que han de regir cualquier contrato o concurso público. «Donostia está en buena situación en este sentido. Hemos subido un peldaño porque la transparencia es un elemento importante y más en materia de contratación», valora Dominguez-Macaya, al tiempo que puntualiza que el informe se refiere a los contratos de suministros, obras y servicios, no del personal.

Un dato «preocupante»

El responsable de Hacienda califica de «preocupante» que uno de cada dos ayuntamientos infrinja la normativa. «Pero si miras con perspectiva y comparas con hace veinte años, la situación ha mejorado muchísimo y no me cabe duda de que al final se conseguirá que todos, sin excepción, observen la ley», afirma haciendo una lectura positiva de la realidad.

Los informes de este tipo, la Plataforma de Contratación del Sector Público y la propia legislación son herramientas en la lucha contra la corrupción que asuela tantas administraciones públicas, porque «quien cumple las normas da transparencia a sus contratos y pueden tener efecto disuasorio para quien quiera hacer las cosas como no hay que hacerlas».

En términos generales, la evolución del grado de cumplimiento de la ley es al alza, pues si en mayo eran 54 los ayuntamientos infractores, esta cifra ha caído desde los 81 detectados en enero de 2016 y los 77 de julio de ese mismo año. Entre las localidades del entorno incluidas en el estudio, Bilbao y Barakaldo pasan el corte, no así Vitoria y Getxo. Tampoco Pamplona.