Diario Vasco

Un plan para inspeccionar el 100% de las VPO de alquiler de San Sebastián

Promoción de viviendas públicas recientemente adjudicadas en Berio.
Promoción de viviendas públicas recientemente adjudicadas en Berio. / FRAILE
  • Etxegintza aprueba el primer plan de control de infracciones en el parque de vivienda pública

  • La actuación se prolongará varios años hasta revisar los 1.808 inmuebles y cotejará si el número de habitantes, el padrón y la renta se corresponden con el registro municipal

Tener subarrendada una vivienda pública de alquiler, utilizarla como alojamiento turístico, residir más personas de las comunicadas o, un factor aparentemente tan poco trascendental como no estar empadronado en la vivienda que se ha sido asignada, son motivos suficientes para que el Ayuntamiento pueda rescindir un contrato.

En la pasada legislatura se iniciaron inspecciones periódicas para controlar que las rentas se ajustaran a las posibilidades de cada inquilino, pero siguen aflorando infracciones que requieren de un análisis más exhaustivo. Hay infinitas casuísticas. Algunas con argumentos sólidos y otras, sujetas por unas pinzas que están a punto de deslizarse.

Para tratar de recuperar el «desprestigio» que ha sufrido la vivienda pública en los últimos años, pero fundamentalmente para garantizar el cumplimiento de la función social para la que fue creada, detectar y prevenir irregularidades, el Consejo de Etxegintza ha aprobado el I Plan de Inspección de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales. Y la razón es clara: «Ya que se realiza un importante esfuerzo presupuestario y se destinan cada vez más recursos, que la vivienda pública sea utilizada por quien realmente lo necesita», confesó el delegado de Urbanismo, Enrique Ramos.

Este documento, que se pondrá en marcha en 2017, se ha marcado el objetivo de inspeccionar a lo largo del año que viene un total de 625 viviendas públicas de alquiler -donde se incluyen las VPO, apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores y viviendas sociales-. Las revisiones se prolongarán durante varios años hasta contrastar el total de inmuebles de estas características con los que cuenta actualmente el parque de vivienda pública municipal y que asciende a 1.808.

El procedimiento será similar al que se sigue en la detección de un inmueble vacío. Se comprobarán aquellos domicilios en los que el consumo de agua, gas y electricidad sean «anormalmente bajos», indicó Ramos. Asimismo, se prestará especial atención a la recepción de correo y notificaciones, a las declaraciones de los vecinos con los que se estará en contacto por si pudieran ser testigos de mala praxis o a aquellos indicios que detecten los inspectores o agentes de la autoridad que se personen «debidamente identificados» en los domicilios.

Realizarán hasta dos visitas si no se encontrarse el inquilino y en caso de que resultaran «infructuosas» se cursará una citación de asistencia obligatoria.

El Plan, al que ha tenido acceso DV, explica que pese a que se vayan a realizar revisiones aleatorias, «a mayor antigüedad en el uso del alojamiento, mayor necesidad generará de conocer en detalle la situación concreta del uso y estado de la vivienda», apuntó.

Ramos expuso que «la intención es controlar el uso adecuado de una vivienda pública y subsanar las infracciones que existan». Así, ejemplificó que han detectado hasta cinco casos de inquilinos que siendo adjudicatarios de un alquiler social -los ingresos de la unidad convivencial no pueden superar los 25.000 euros- sus rentas no les permiten acceder al parque de alquiler libre. «Cada caso tiene sus matices y es lo que hay que analizar a fondo. Puede suceder que se rescindan contratos, se ajusten las rentas o se valoren otras alternativas», sostuvo.

Más mujeres que hombres

De los datos en los que se basará Etxegintza para iniciar la inspección, se puede extraer que en total 3.269 personas están empadronadas en los 1.808 inmuebles de alquiler municipal. Tomando como referencia la antigüedad, que será uno de los indicadores más relevantes, el 10% de los inquilinos -354- llevan entre veinte y treinta años en una VPO, la mayoría en las distintas promociones que se desarrollaron en Intxaurrondo, mientras que el 36% -1.182- llevan entre tres y seis años.

Alrededor del 22% viven solos y en el 26% de los casos, el inmueble es compartido por dos personas. Por edad, el 43% -1.407- tiene entre 35 y 65 años, y un 23% es menor de 35. Asimismo, en un 55% de los casos -1.804- la titularidad corresponde a una mujer, una cifra que se acentúa en los pisos para mayores donde la relación es de 68% frente al 32% de hombres.

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