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Impugnado el Reglamento de Consultas Ciudadanas y suspendida de forma cautelar la convocatoria para el próximo 19 de febrero, en la cual se preguntaría a los donostiarras su conformidad con destinar instalaciones municipales a los festejos taurinos, la corporación municipal empezó a explorar otras vías y, el resultado, ha sido el Reglamento de Consultas Populares. Este nuevo documento que ayer se aprobó de forma unánime, cede ante uno de los requisitos por los que se vetó el anterior documento: pedir autorización al consejo de ministros para su celebración. Quizás no sea la fórmula que más contente a algunos, pero «es la vía que mayor probabilidad de éxito puede tener dadas las circunstancias», se lamentó el alcalde Eneko Goia, quien subrayó que su propósito es mantener la convocatoria de febrero y dar voz a los 9.000 donostiarras que firmaron a favor de la consulta. Mientras PSE y PP mostraron su preocupación en el caso de que la participación no se corresponda con los 100.000 euros de gasto que supondrá la convocatoria, EH Bildu lanzó otra cuestión al aire: «¿Y qué sucederá si el Estado decide no autorizarnos?».

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