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Urbanismo paraliza «por prudencia» el derribo de una villa de Ondarreta

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Una excavadora procede al derribo de villa Kanímar, en Ondarreta. El Ayuntamiento ordenó a mediodía la paralización provisional de los trabajos. / AYGÜES

  • La demolición de Kanímar se detiene a las pocas horas de iniciarse para revisar la seguridad

  • El socialista Ramos dice que el Ayuntamiento no puede impedir la obra porque el edificio carece de protección, la licencia está en regla y «debemos cumplir la legalidad»

El Ayuntamiento decidió ayer paralizar el derribo de la villa Kanímar de Ondarreta pocas horas después de iniciarse los trabajos sobre el terreno para la posterior construcción de seis viviendas. El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, firmó a mediodía la orden y las obras se han detenido «por prudencia» hasta comprobar que el vallado de seguridad cumple las normas.

La llegada de las máquinas al lugar a primera hora de la mañana causó tal revuelo que la noticia corrió pronto por toda la ciudad, generando una catarata de reacciones encontradas. Desde el Ayuntamiento recuerdan que la solicitud de licencia de derribo presentada por los promotores es anterior a que se decretara la suspensión temporal de licencias en el ámbito Ciudad Jardín-Ondarreta 1, medida que seguirá en vigor mientras se revisa el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (Peppuc).

«En junio decretamos la suspensión de licencias en todo el ámbito y gracias a ello se han impedido varios derribos, pero tanto el de Kanímar como el de la villa del restaurante Chomin habían sido solicitados con anterioridad y el Ayuntamiento se ha visto legalmente obligado a expedir un certificado de acto presunto, que en realidad es un silencio administrativo», explica Ramos, quien puntualiza que el Ayuntamiento «en ningún caso ha dado una licencia expresa, sino que legalmente no tenía más remedio que hacerlo. El Ayuntamiento no permite, pero debe cumplir la legalidad. Esta villa, como la del Chomin, no estaban protegidas y lo que se nos pide es que no cumplamos la legalidad».

La principal razón para frenar las labores de demolición de Kanímar es la disparidad de pareceres respecto al vallado de seguridad entre los responsables de la obra y los técnicos de Urbanismo, una circunstancia similar a la que se vivió hace unos meses en Kortxoenea, en Gros.

«Creemos que el vallado no se ha realizado correctamente y por eso hemos parado el derribo. Eso no significa que no se vaya a ejecutar, ya que la paralización es provisional y, si se cumplen las medidas de seguridad, debemos dejar que el proceso continúe», argumenta el edil del PSE, al tiempo que comparte las «dudas» que suscita las medidas preventivas implementadas por los promotores. «Vamos a ver qué pasa. Queremos que se aclara que se están cumpliendo todos los requisitos de seguridad, que igual sí se están cumpliendo. Pero tenemos dudas y por eso lo mejor es que se detengan los trabajos», señala.

Hay otro motivo que sustenta la orden de Urbanismo: el asunto está en los tribunales. La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa ha admitido a trámite la denuncia de la agrupación cívica Áncora por la comisión de un supuesto delito contra el patrimonio histórico por parte del Ayuntamiento.

La fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Sánchez Recio, ha dado traslado del expediente al Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, que instruye el caso por la vía de lo penal. El proceso se encuentra en la fase de diligencias previas, recabando documentación del departamento de Urbanismo.

«Hay un recurso admitido a trámite y, aunque el juez no ha ordenado la suspensión de la licencia de derribo, nos parecía lo más prudente proceder a la paralización provisional de las obras», puntualiza Ramos, quien advierte de que «si el juzgado no lo suspende, nosotros no podemos hacer más».

La villa Kanímar -y Kanasí, porque en realidad son dos- fue proyectada en 1929 por el arquitecto Manuel Ignacio Galíndez, autor de edificios emblemáticos como la sede del Banco de Vizcaya en Madrid o La Equitativa y Seguros La Aurora en Bilbao. Kanímar es su mejor trabajo en nuestra ciudad, según se refleja en una monografía recientemente publicada por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. «Con su planta compacta y bien resuelta y sus juegos volumétricos procedentes de los modelos europeos de entonces, es un modelo de saber estar en el lugar que ocupa, a lo que hay que añadir la delicada composición de los planos, completamente modernos, inspirados en Mackintosh y trazados con soltura y gracia», escribía José Laborda en 2008.

Situada en la calle Infanta Cristina 18-20, Kanímar salió del Peppuc en la última revisión aprobada y, al no gozar de protección urbanística, está condenada a desaparecer para dejar paso a un moderno bloque de seis viviendas con sus respectivos garajes y trasteros. Su diseño será similar al del edificio a construir en la parcela del Chomin.

«Especulación inmobiliaria»

El inicio de las obras de demolición fue calificado por Áncora de «ejemplo flagrante de especulación inmobiliaria alentada desde el propio gobierno municipal». En un comunicado emitido por la tarde, la asociación patrimonialista lamentaba que la política del Ayuntamiento en Ondarreta ha sido «oscilante y contradictoria» y ha provocado una «pérdida cultural que se ha revelado ya irreversible y gravísima».

Áncora insiste en que la certificación de acto presunto que autorizaba la demolición «se expidió de forma incorrecta al no haber transcurrido el plazo legal de tres meses en la fecha de su emisión. De esa manera, el Ayuntamiento optaba por favorecer la especulación inmobiliaria, máxime cuando disponía de los resortes legales que hubieran permitido la conservación de ambas casas, como recoge el artículo 211.3 de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco».

También denuncia que tanto este derribo como el del Chomin «se han acometido sin que conste ninguna valoración técnica sobre el interés arquitectónico o histórico-artístico de los inmuebles a demoler».

La agrupación cívica critica en su nota la actitud «irresponsable» del consistorio y considera lo ocurrido en esta zona de la ciudad «un atentado contra la arquitectura y la historia de Donostia», por lo que pide un castigo a los partidos que conforman el gobierno en las próximas elecciones.