Google pide permiso para publicar las peticiones de EE UU

La compañía Google pidió permiso a EEUU para publicar las cifras de los datos de usuarios que fueron solicitados por el Gobierno por razones de seguridad nacional, mientras que aún es una incógnita tanto el paradero como el futuro de Edward Snowden, quien filtró estas prácticas a la prensa. En un comunicado, dirigido al secretario de Justicia, Eric Holder, y al director del FBI, Robert Muller, la compañía reivindica que de publicarse las cifras, quedaría demostrado que los datos a los que ha tenido acceso el Gobierno estadounidense son muy inferiores a lo que se ha asegurado tras las recientes filtraciones.

"Pedimos que ayuden a hacer posible que Google publique en nuestro Informe de Transparencia las cifras totales de solicitudes de seguridad nacional -incluyendo las revelaciones de la (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) FISA en términos de la cantidad que recibimos y su alcance", reza la carta, firmada por el jefe de asuntos legales, David Drummond. Google, así como otras grandes empresas de Internet, colaboró con el Gobierno facilitando datos privados de usuarios de la red de manera secreta, según reveló Snowden a los diarios The Guardian y The Washington Post la semana pasada.

El joven informático y extrabajador de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) filtró la existencia de dos programas secretos de recopilación de datos telefónicos y digitales de millones de usuarios por parte del Gobierno estadounidense. Snowden, quien en un principio facilitó la información bajo condición de anonimato, reivindicó la autoría de las filtraciones este domingo desde un hotel de Hong Kong, del cual salió en la mañana del lunes, momento tras el cual se le ha perdido la pista.

Según varios medios estadounidenses, el Gobierno prepara cargos contra el informático, de 29 años, mientras que a la investigación ya abierta por el Departamento de Justicia sobre el caso, se ha añadido otra paralela para evaluar las consecuencias de las filtraciones a la seguridad del país. Por el momento, la empresa contratista de la NSA para la que trabajaba, Booz Allen Hamilton, informó hoy haber despedido al joven por "violar la política y el código ético de la empresa", a la vez que puntualizó que su sueldo anual no ascendía a 200.000 dólares, como se había dicho, sino que era de 122.000.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, rechazó comentar sobre la situación de Snowden debido a que el caso "se encuentra bajo investigación", pero tampoco quiso respaldar las afirmaciones que más temprano había realizado el legislador republicano John Boehner, quien le había calificado de "traidor". Sin embargo, Carney aseguró que el presidente estadounidense, Barack Obama, está dispuesto a mantener un debate abierto sobre cómo manejar el equilibrio entre la privacidad de los ciudadanos y la seguridad nacional, asunto que centra la polémica.

La 'Patriot Act' y la FISA

Y es que la Casa Blanca argumenta que los registros a los que hizo referencia el joven informático están respaldados por dos textos legislativos, la 'Patriot Act' y la propia FISA, promovidas para luchar contra amenazas terroristas dentro y fuera del país. En 2011 Obama promulgó otra extensión de la Ley Patriota, aprobada tras los atentados del 2001, y que tendrá vigencia hasta el 1 de junio de 2015.

La extensión no amparó modificaciones en la Sección 215, que autoriza la intromisión del Gobierno en los registros que están en manos de terceras partes, como las cuentas bancarias, bibliotecas, agencias de viaje, alquileres de vídeos, teléfonos, datos médicos, de iglesias, sinagogas y mezquitas. Mientras que algunos legisladores como el republicano Boehner respaldan ambas leyes, otros presentaron hoy un proyecto de ley para que este tipo de actuaciones sobre los datos privados de los ciudadanos sean más transparentes.

El proyecto de ley, obra de los senadores Jeff Merkley (demócrata por Oregon) y Mike Lee (republicano por Utah), busca desclasificar las opiniones jurídicas importantes del tribunal que se encarga de aprobar bajo la FISA las solicitudes para espiar a extranjeros sospechosos de terrorismo. "Los estadounidenses merecen saber cuánta información acerca de sus comunicaciones privadas cree el Gobierno que tiene permitido tomar bajo la ley", explicó Merkley en un comunicado.

Por su parte, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) denunció hoy al Gobierno Obama por "la vigilancia masiva y sin precedentes de llamadas telefónicas" dentro del país que según la organización "viola los derechos de libertad de expresión, asociación y privacidad de los estadounidenses". Paralelamente, una coalición de 86 organizaciones civiles y de Internet, entre ellas Mozilla, la Fundación World Wide Web o Greenpeace USA, lanzaron hoy una campaña "on line" para urgir al Congreso a que divulgue todos los detalles de los programas de espionaje.