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El TC admite tres recursos contra la reforma sanitaria y educativa

batalla jurídica

El TC admite tres recursos contra la reforma sanitaria y educativa

Se trata de las peticiones que formularon los Gobiernos vasco, catalán y canario

22.02.13 - 13:17 -
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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite los recursos de los gobiernos de Canarias, Cataluña y País Vasco contra diversos artículos de los decretos leyes para la racionalización del gasto educativo público y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. En general, los recursos aducen inconstitucionalidad de algunos preceptos e invasión de competencias.

Así, respecto a la sanidad, el Tribunal ha acordado admitir el recurso promovido por Cataluña contra los artículos 1.Uno, Dos y Tres; 4.Uno, Cuatro, Cinco y Catorce; 6, apartados 2 y 3; 8.Dos; 10.Cuatro y disposición final sexta: el interpuesto por el Gobierno de Canarias, contra los artículos 1; 3; 4.14; 6; 8 apartados 1, 2 y 3; 9; disposición adicional primera y disposición final sexta; y contra los artículos 1.Dos; 2.Tres y Cuatro y 4.Trece del Real Decreto-ley 16/2012, a petición del el Gobierno Vasco.

El pasado mes de enero el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, anunciaba la intención de su gobierno de llevar finalmente al Constitucional el real decreto ley sanitario al considerar que vulneraba "competencias y la atención sanitaria que recoge la Constitución", al excluir a inmigrantes 'sin papeles' del sistema de la atención no urgente y vincular la tarjeta sanitaria a haber cotizado a la Seguridad Social.

Canarias

Por su parte, diez días antes el Gobierno de canarias anunciaba también el recurso amparándose en que el contenido de la nueva norma podría "rebasar" los límites materiales establecidos por el artículo 86 de la Constitución Española, al afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el Título I de la Carta Magna.

Finalmente, unos meses antes que las anteriores CCAA, el Gobierno vasco autorizaba el recurso, entre otro motivo señalaba que la norma "supone la implantación de un sistema centralizado de gestión que impide a las comunidades autónomas cualquier decisión de reconocimiento del derecho de acceso

La norma sobre educación, aprobada en abril de 2012, prevé medidas como el aumento en un 20 % de los máximos de alumnos por aula, una jornada lectiva mínima del profesorado de entre 20 y 25 horas en la educación obligatoria y una subida de tasas universitarias, a elección de las comunidades, para que los alumnos sufraguen entre el 15 y el 25 % del coste de los estudios.

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