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Los sindicatos piden la retirada del «tasazo» y la dimisión de Gallardón

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Los sindicatos piden la retirada del «tasazo» y la dimisión de Gallardón

En el manifiesto final de la marcha se ha exigido al Gobierno que sea "capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados y los efectos negativos que tienen en la ciudadanía" estas reformas

19.01.13 - 18:43 -
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Cientos de personas han participado en la manifestación para protestar contra la ley de tasas judiciales. / Efe | Atlas
Más mil personas se han manifestado por el centro de Madrid, convocadas por los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT y la Plataforma para Todos, para pedir la retirada de lo que han denominado el "tasazo" judicial y, con ella, la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Durante la manifestación, que ha transcurrido entre la plaza de Cibeles y la sede del ministerio de Justicia en Madrid, los manifestantes han coreado gritos en contra de la ley de tasas judiciales y la "privatización del Registro Civil". "Arriba, arriba, arriba, vamos entre todos a parar la reforma judicial", "No a las tasas, justicia para todos", "Arriba, abajo, las tasas al carajo", "El Registro no se vende, se defiende", "Sin Justicia no hay derechos" o "Indultan al ladrón y hunden al obrero" han sido algunas de las frases que han coreado durante la marcha.
Pero también se han repetido otras que ya se oyeron ayer frente a la sede del PP de Madrid en contra de la corrupción, como "Sí hay dinero, lo tiene el tesorero".
Petición de un amplio pacto de estado
La cabecera de la manifestación portaba una pancarta en la que se leía "Gallardón acaba con la justicia para todos", una idea en la que se ha incidido durante la lectura del manifiesto final de la marcha, en el que se ha exigido al Gobierno que sea "capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados y los efectos negativos que tienen en la ciudadanía" estas reformas.
En ese sentido, han pedido un amplio pacto de estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva administración de Justicia y facilitar el acceso a la jurisdicción sin trabas que limiten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
A la marcha ha asistido la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, quien ha querido manifestar su desacuerdo con esta ley y las consecuencias para el acceso al derecho de la justicia de todos los ciudadanos. "Espero que nos escuche porque todos los operadores jurídicos estamos alineados en que esta ley limita un derecho fundamental que es el acceso a la justicia de los ciudadanos. Está obligado a escucharnos".
Por su parte, Eli Sanchez, coordinador general de IU en la Comunidad de Madrid, ha hecho hincapié en que el Gobierno pretende con las tasas "que la gran población no se defienda" y avanzar hacia una justicia que será "un privilegio para unos pocos".
Marian Rubí, del sector de Justicia de Valencia de CCOO, ha insistido en "la gran represión" que va a suponer, a su juicio, la ley de tasas para la ciudadanía cuando quiera acceder a defender sus derechos delante de los tribunales".
Francisco José Cervera, responsable de justicia de Csif en la Comunidad Valenciana, ha considerado que las nuevas reformas suponen "cambios muy drásticos en una administración fundamental" y en concreto la ley de tasas implica "una justicia de dos velocidades, la de los ricos y la de los pobres". "Y eso -ha añadido- es inadmisible en una democracia como la nuestra". "En tiempos de crisis la gente no tiene dinero y necesita pleitear para conseguir sus derechos y lo que no podemos es hacer pagar siempre a los mismos. El rico siempre va a ser rico y va a tener dinero para pagar, pero el pobre no", ha concluido.
Alberto García, del sindicato STAJ, ha pedido la dimisión del ministro porque, ha dicho, "no ha contado para la reforma con los profesionales y funcionarios que tienen que ver con la justicia" y ha calificado las medidas adoptadas de "atroces".
Carlos Paniagua, responsable de justicia de UGT, también ha insistido en que la justicia es un servicio publico fundamental y que por tanto "no se le pueden poner impedimentos al ciudadano para su libre acceso".
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