Desde primera hora de la mañana, los camiones esperaban a la puerta del centro privado Santa Illa, en el distrito de Chamartín. Con los niños dentro de la clase, los agentes judiciales entraron e indicaron a la dirección que iban a proceder al embargo de los bienes, tal y como se les había comunicado la noche antes vía fax. Niños y profesores contemplaron, estupefactos, cómo las sillas, los pupitres, los balones y hasta las tizas eran retiradas de las aulas y trasladadas a los camiones. Algunos niños lloraban. Y también algún docente.
"Les dijeron a los niños que retiraran sus libros de las cajoneras, porque se las iban a llevar", comentan algunos testigos. El colegio, al que acuden unos 300 alumnos, imparte enseñanzas desde el ciclo infantil al Bachillerato: de 3 a 18 años. Por eso, según relatan, hubo alguno de los niños más mayores que se llegó a encarar con los agentes judiciales.
Los padres se mostraban indignados, por la falta de explicaciones que habián recibido. La dirección del centro no quiso pronunciarse al respecto. Algunos profesores apuntaban que era "probable que el centro debiera mucho dinero a la Seguridad Social". La dirección, tras reunirse con los docentes, les conminó a presentarse el lunes en el centro porque pensaban reabrirlo, alquilando nuevos muebles previamente.
