Guerra entre el Gobierno y la ONU por la ley antiterrorista

Los desencuentros entre el Gobierno y la ONU a cuenta de la ley antiterrorista han derivado en una guerra abierta. El Ejecutivo ha remitido este mes un duro informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que avisa que no va cambiar un ápice sus leyes antiterroristas pese a las críticas y presiones de su relator especial, el finlandés Martin Scheinin, que en los últimos años ha denunciado reiteradas veces la supuesta ilegalidad de la Audiencia Nacional como tribunal especial para terrorismo o el régimen de incomunicación de hasta cinco días a los detenidos acusados de pertenencia a banda armada. La respuesta gubernamental llega incluso a descalificar en duros términos al relator.

La gota que ha colmado la paciencia del Ejecutivo ha sido el informe del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU, que el pasado mayo se hizo eco en una decena de recomendaciones de las denuncias de Scheinin. Varios países, incluso, exigieron cambios legislativos inmediatos en la lucha antiterrorista. La respuesta del Gobierno, con fecha del 8 de septiembre, es tajante: "El sistema de detención incomunicada obedece en nuestro país a una realidad, que es que España tiene un terrorismo activo que ha causado más de mil víctimas mortales en los últimos 30 años. La necesidad de prevenirlo justifica la existencia de una medida que en el ordenamiento jurídico español está sometida a numerosas cautelas legales", explica la legación diplomática, que deja claro que "no hay previsiones para la modificación de las legislación española en el sentido apuntado por las recomendaciones" de la ONU.

Y tras las explicaciones, el ataque directo a Scheinin, quien ya en 2008 hizo un durísimo informe contra España tras una visita protocolaria. "Algunas de las valoraciones y observaciones que realiza el relator en su informe sobre España no se corresponden a la realidad de la lucha contra el terrorismo, ni al sentir compartido por la sociedad española". El Gobierno denuncia que el alto funcionario "en no pocas ocasiones asume como propias opiniones, críticas y denuncias no contrastadas ni fundamentadas" y que, además, "ignora pronunciamientos firmes de órganos jurisdiccionales superiores, lo que resta rigor y credibilidad al Informe, pudiendo dañar, en último término, la misma eficacia y prestigio de este mecanismo".

Cerrada defensa

El Ejecutivo, que anuncia a la ONU que no va a seguir ni una sola de las recomendaciones de Scheinin, aprovecha para hacer una cerrada defensa de la Audiencia Nacional, un tribunal al que el funcionario internacional critica habitualmente por su excepcionalidad. "El relator -afirma el Gobierno- no alcanza a concretar cuáles son sus objeciones a la existencia de un tribunal ordinario especializado de jurisdicción sobre todo el territorio, compuesto por jueces independientes e imparciales con competencias en materia de crimen organizado internacional y terrorismo". "La centralización del enjuiciamiento criminal de los delitos de terrorismo y de criminalidad organizada en un solo órgano jurisdiccional es una opción de política criminal legítimamente adoptada por el legislador español en pleno ejercicio de sus competencias soberanas", apostilla el informe.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero se ve en la necesidad de explicar a Naciones Unidas cuál es la situación de España y el porqué de su política antiterrorista. "España representa una realidad muy específica en el contexto de los países de su entorno por ser el único en el que sigue activa una banda terrorista europea y que, además, tras los trágicos atentados en Madrid el 11 de marzo de 2004 sufre también directamente la amenaza del terrorismo internacional".

"El terrorismo es una amenaza a la paz y a la seguridad internacional y es vivido por la sociedad española como una amenaza constante por su impacto sobre el libre ejercicio de sus derechos y libertades más fundamentales, que exige una actitud firme y comprometida. Con este espíritu y convicción, España no ha ahorrado esfuerzos en la creación e impulso de este mecanismo especial para la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y es uno de los Estados miembros que mayor contribución aporta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos", concluye la alegación gubernamental.