Rechazadas las recusaciones
De los tres casos que el juez Baltasar Garzón tiene abiertos en el Tribunal Supremo ya hay otro, el segundo, por el que tendrá que declarar como imputado. La cita será el 15 de abril y deberá aclarar si recibió pagos del Banco Santander por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Los otros dos procesos judiciales que el alto tribunal tiene abiertos contra el magistrado son por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo y la Guerra Civil y por las escuchas a imputados del 'caso Gürtel'.
El instructor de la causa sobre los cursos en Nueva York, el magistrado Manuel Marchena, cita a Garzón como imputado de los presuntos delitos de prevaricación y cohecho, según fuentes del alto tribunal, que también han precisado que el día 21 se ha llamado a declarar a otras a tres personas cuya comparecencia, en calidad de testigos, había solicitado la acusación popular, que ejercen los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón.
Los testigos son María del Mar Bernabé, funcionaria de la Administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York, donde disfrutaba de un permiso de estudios; Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I de la Universidad, que organizó los cursos; y el ex director del centro universitario James D. Fernández.
Los argumentos de la querella
Los letrado Panea y Mazón relacionan en su querella por prevaricación y cohecho contra el juez de la Audiencia la percepción de 302.000 dólares entre 2005 y 2006 por parte de Garzón con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Santander, entre ellos su presidente, Emilio Botón, en el proceso penal por las "cesiones de crédito". El TS admitió a trámite esta querella el pasado 28 de enero y casi un mes después rechazó el recurso que el juez de la Audiencia Nacional había interpuesto contra esta decisión.
A principios de este mes, la defensa de Garzón remitió al Supremo una certificación de la Universidad en la que se afirma que fue el Centro Rey Juan Carlos I el que pidió y recibió financiación del Banco Santander para los cursos en los que participó Garzón y se añade que "ninguno de estos gastos tomaron la forma de compensación directa o indirecta, en dinero o especie, al juez o a su familia". La certificación también explica que los términos de la remuneración que recibió Garzón durante su titularidad de la cátedra Rey Juan Carlos I de España no guardan relación alguna con los patrocinios del Banco Santander. Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea acusan a este centro docente de mentir; el pasado 17 de marzo reclamaron al Supremo que Cepsa informe sobre si hizo algún donativo a esta institución.
Segunda declaración en el TS
Garzón ya declaró como imputado ante el Supremo el pasado 9 de septiembre, en esa ocasión con motivo de la causa que se sigue contra él por investigar las desapariciones del franquismo. En este caso se está a la espera de que la Sala de lo Penal decida sobre el recurso que Garzón interpuso contra el auto en el que el magistrado del alto tribunal Luciano Varela rechazó archivar la causa.
En el Supremo hay una tercera causa abierta contra el juez de la Audiencia Nacional: por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el 'caso Gürtel' y sus abogados.
