El primero, iniciado el 2 de diciembre pasado bajo las normas de competencia, investiga si la financiación constituye una ayuda de Estado incompatible con los tratados
El Gobierno de Zapatero dispone de dos meses para contestar a las objeciones de Bruselas
Archivo de expediente sobre servicio universal
La Comisión también archivó este jueves un expediente contra España después de que este país modificara su legislación para ajustarse a los requisitos de la directiva de servicio universal, sobre todo en materia de financiación.
España también ha convocado una licitación para las prestaciones de servicio de consulta de números de abonado en el ámbito de aplicación del servicio universal y ha puesto en marcha una consulta pública con vistas a una nueva designación de empresas para la prestación del resto del servicio universal (esto es, acceso desde una ubicación fija, teléfonos públicos de pago y guías telefónicas).
En junio de 2007, la Comisión había emprendido acciones contra España en relación con su mecanismo de designación y financiación de los proveedores de servicio universal. Según las normas sobre telecomunicaciones de la UE, los Estados miembros deben cerciorarse de que ningún proveedor quede automáticamente excluido al designar los proveedores del servicio universal. Sin embargo, las autoridades españolas parecían haber excluido al menos a una empresa que había manifestado su interés por prestar un elemento del servicio universal.
Los Estados miembros también pueden conceder a los proveedores del servicio universal compensación por ofrecer estos servicios en caso de que consideren que esto representa una carga injusta para los proveedores y previa petición del operador designado. Sin embargo, la legislación española daba a entender que estos requisitos no eran necesarios antes del establecimiento de un mecanismo financiero.
Con los cambios realizados en la legislación española, Bruselas cree que se resuelven estos problemas y por ello archiva el caso.
La Comisión Europea ha decidido enviar a España una solicitud oficial de información acerca de la nueva aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad de pago en Radiotelevisión Española (RTVE).
"A la CE le preocupa que esta tasa administrativa basada en los ingresos facturados por los operadores pueda ser incompatible con el derecho de la UE, porque no parece estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", afirma un comunicado. Se trata del segundo expediente abierto por el Ejecutivo de la UE a propósito del nuevo sistema de financiación del ente público.
El primero, iniciado el 2 de diciembre pasado bajo las normas de competencia, investiga si la financiación constituye una ayuda de Estado incompatible con los tratados. El segundo, anunciado hoy, consiste en un procedimiento por supuesta infracción de la legislación europea sobre telecomunicaciones y España dispone de dos meses para contestar a las objeciones de Bruselas.
Según ha explicado el portavoz comunitario para la llamada Agenda Digital, Jonathan Todd, Bruselas cree que la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones "parece no estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", sino que ha sido introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la supresión de la publicidad.
Dudas sobre el impuesto
En un comunicado, la comisaria europea Neelie Kroes afirma que esta aportación podría "afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".
La ley de financiación de RTVE, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, impone a los operadores de telecomunicaciones -salvo algunas excepciones- una tasa del 0,9% de los ingresos brutos que facturen para compensar las pérdidas por la eliminación de la publicidad en los canales públicos.
Bruselas ha expresado sus dudas sobre ese impuesto y ha recordado que las normas europeas establecen que las tasas cobradas a los operadores sólo pueden sufragar "determinados costes administrativos y de reglamentación" y deben ser "objetivas, transparentes y proporcionadas". "La legislación española sobre la financiación de RTVE y, en especial, la aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones no parecen ajustarse a estas disposiciones", señala la Comisión en su comunicado.
En enero de este año, Bruselas ya abrió un procedimiento similar contra Francia, país que también ha eliminado la publicidad de la televisión pública. El Gobierno español ha defendido en todo momento que el modelo de financiación de RTVE se atiene a la normativa europea y a finales del pasado año mantuvo encuentros con la Comisión para explicar en profundidad sus detalles.