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RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Opinión

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Volver a la legislación anterior supondría tratar a las mujeres como menores de edad, y que de nuevo sean los médicos, los forenses o los jueces quienes decidan sobre su maternidad

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Aborto sin tutela
:: ALFONSO BERRIDI
Desde que este país inició su andadura democrática, allá por los años setenta, poco a poco hemos ido consiguiendo algunos derechos que ya estaban consolidados en los países de nuestro entorno. Primero fue la legalización de los anticonceptivos y del divorcio, después vinieron la educación sexual y la despenalización del aborto, y posteriormente la ley que regulaba el matrimonio homosexual. Por último, en 2010, se aprobó la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
Quizás hubo un momento en el que pensamos que esos derechos formaban ya parte de nuestro ADN y que nadie nos los podría arrebatar, salvo que volviéramos a una dictadura. Pero en todos estos años hemos aprendido que los derechos pueden perderse si no se lucha por mantenerlos. Y más cuando se refiere a los derechos de las mujeres.
La primera ley que reguló la interrupción del embarazo fue aprobada en 1985 (la República aprobó una ley de despenalización, pero la Guerra Civil acabó con ella). Era una ley de indicaciones, que despenalizaba el aborto en tres supuestos: violación, taras físicas o psíquicas del feto y peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la embarazada. Todo el mundo quedó a disgusto con la ley: la derecha y la Iglesia católica, porque eran contrarias a cualquier tipo de legalización del aborto; el movimiento feminista y la izquierda en general, porque reivindicaban una ley de plazos. Tuvimos que esperar veinticinco años para que se aprobara la tan ansiada ley, en unos términos muy parecidos a los de la mayoría de los países europeos.
Pues bien, cuando aún no se han cumplido dos años desde que se aprobó la actual ley del aborto, el señor Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, anuncia que volvemos al pasado, es decir, que de nuevo tendremos una ley de indicaciones, con todo lo que eso lleva consigo.
Volver a la legislación anterior supone tratar a las mujeres como menores de edad, y que sean los médicos, los forenses o los jueces quienes decidan sobre su maternidad. Por otra parte, la despenalización supone la criminalización de esa práctica fuera de unos determinados supuestos, por lo que tanto las mujeres como los médicos pueden enfrentarse a penas de prisión. Algo que ya ocurrió en la década de los ochenta.
Ninguna mujer aborta por gusto o por capricho. Esta práctica es siempre el último recurso y un mal menor. Además, se ha demostrado históricamente que una mujer que desee interrumpir su embarazo lo hará aun poniendo en riesgo su vida. Por ello, pero sobre todo porque el aborto forma parte del derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo, los poderes públicos deben garantizar que se realice a cargo de la Seguridad Social y sin ningún coste para las mujeres.
Hombres y mujeres seguimos sin ser ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones. Los espacios de libertad de las mujeres siguen estando más restringidos que los de los hombres, y muchas de las obligaciones que se imponen a las mujeres (empezando por el cuidado de su cuerpo y siguiendo por la obligación de ser esposas y madres) no afectan a los varones. Por ello, no es casualidad que las mujeres seamos las primeras en pagar las consecuencias de los cambios políticos. Es como si nos estuvieran recordando constantemente cuál es nuestro sitio en la sociedad. Nuestra libertad y nuestro derecho a la igualdad con los hombres parecen siempre en entredicho. Como si cada vez que damos un paso adelante tuviéramos que pedir perdón por avanzar. Como si cada vez que conseguimos un espacio de libertad tengamos que estar explicando que es de mera justicia social.
Nos escandalizamos, y con razón, cuando en países como Irán o Afganistán se prohíbe a las mujeres acceder a la educación o al trabajo remunerado, se les impide caminar solas o se les obliga a vestir determinados atuendos. Pues bien, el control sobre la sexualidad de las mujeres forma parte de la misma tutela patriarcal, en la que coinciden la derecha más rancia y conservadora y una Iglesia cada vez más fanática e intervencionista, con el argumento de proteger la vida o la familia tradicional.
Todos los avances en materia de igualdad que ha habido en este país se han logrado a pesar de la derecha. Una derecha que se opuso al divorcio, que siempre se ha mostrado remisa a la legalización de los anticonceptivos, que ha recurrido la ley de interrupción voluntaria del embarazo ante el Tribunal Constitucional y que siempre está en contra de cualquier propuesta que impulse la igualdad, ya sea la creación de un ministerio específico, el sistema de cuotas o cualquier otra medida de acción positiva.
Tras más de treinta años de lucha por el aborto, tras el paso adelante que supuso la aprobación de la ley actual y teniendo en cuenta el marco europeo, la sociedad española no puede consentir esta tutela sobre las mujeres. Una ley de indicaciones, por otra parte, situará a España a la cola de Europa en esta materia, junto con países como Irlanda o Malta. Los derechos adquiridos no pueden cuestionarse cada vez que cambia un gobierno.
El fundamento de los países democráticos es la consolidación de los derechos humanos. Y los derechos de las mujeres, hay que volver e insistir en ello, son derechos humanos.

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