LONDRES. DV. El príncipe Bandar bin Sultan, hoy presidente del Consejo Nacional de Seguridad en Arabia Saudí y durante veinte años embajador del país en Washington, ingresó 1.500 millones de euros en concepto de comisiones por su papel en la firma de un gran contrato de provisión de armas asignado a la empresa británica BAE, la mayor en el sector de defensa en la Unión Europea.
Los pagos, detallados ayer en una investigación por el diario The Guardian y confirmados también por un programa de la BBC, se remontan a la firma del contrato Al Yamamah, que en 1985 acordó el suministro de equipamiento militar por importe de cerca de 65.000 millones de euros.
El posible pago de comisiones ilegales era objeto de una larga investigación por la Oficina de Fraudes Graves (SFO) hasta que el Abogado General del Estado, lord Goldsmith, ordenó su cierre en nombre del interés nacional y de la escasa posibilidad de que la investigación condujese a ninguna condena. Tony Blair asumió públicamente la responsabilidad en la decisión.
Estaba en juego en ese momento la firma de un nuevo macrocontrato de provisión de armas a Arabia Saudí y el argumento del interés nacional se expresó en los medios como un deseo de preservar los puestos de trabajo en BAE -resultado de la fusión de British Aerospace con Marconi- ante las advertencias saudíes de que si proseguía la investigación se aprovisionarían de armamento en otro país.
El cierre de la investigación por el Gobierno se produjo cuando Estados Unidos se aprestaba a responder a una requisitoria de la SFO para que le remitiese documentación sobre cuentas en el banco Riggs de Washington.
El banco, que ha dejado de operar con ese nombre tras una fusión en 2005, fue investigado tras descubrirse que la mujer del príncipe Bangar envió miles de dólares a un ciudadano saudí que abrió cuentas a dos autores de los atentados. Aunque las investigaciones no desvelaron conexión con el terrorismo de Bin Laden, sí mostraron ausencia de controles apropiados. En ese mismo banco se descubrieron cuentas a nombre del dictador chileno Augusto Pinochet y del ecuatoguineano Teodoro Obiang.
La investigación de The Guardian concluye que BAE, con la aceptación de sucesivos gobiernos británicos, ingresó pagos millonarios durante más de una década en las cuentas de Bandar en el banco Riggs. El príncipe, entonces embajador en Washington, mantiene una vieja amistad con la familia Bush, tiene propiedades en Estados Unidos y en Inglaterra y ha sido un interlocutor fluido con los gobiernos de ambos países tras formarse como piloto en la Real Fuerza Aérea británica.
Servicio prestado
El pago del dinero no estaba clasificado como comisión sino como prestación de servicios, pero el anuncio de la interrupción de la investigación llevó a la OCDE a abrir una nueva. La decisión británica fue percibida como un fuerte golpe contra las iniciativas internacionales para eliminar el soborno y la corrupción en los contratos internacionales.
Tanto BAE como el Gobierno han mostrado indiferencia ante las revelaciones de los medios británicos, insistiendo en que no se hizo nada ilegal en su momento. Quien fuera director de British Aerospace cuando se firmó el contrato, sir Raymond Lygo, afirmó ayer a la BBC que él no recuerda que se acordara ningún pago y que, si en la documentación del contrato hubiese aparecido el nombre del príncipe Bandar, él lo recordaría.
Según los medios británicos, las revelaciones podrían tener efectos negativos sobre las operaciones de BAE en EE UU, que ha aprobado una fuerte regulación contra contratos corruptos. BAE se retiró recientemente del accionariado del Airbus.
