Viernes, 11 de mayo de 2007
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En busca de la Justicia
Pilar Manjón y Adrián Celaya, premios Manuel de Irujo
En busca  de la Justicia
Juan José Ibarretxe y Pilar Manjón, ayer en Vitoria. [DAVID AGUILAR / EFE]
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VITORIA. DV. Tres años y dos meses después del atentado del 11-M de Madrid, Pilar Manjón no ceja en su empeño de buscar justicia desde la presidencia de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, pese al «ninguneo» de los políticos a los que acusó de utilizarles como «arma arrojadiza» y para sus «réditos electorales».

La búsqueda de la justicia frente a los que claman venganza, su confianza en el sistema y su esperanza en un juicio garantista para los imputados en el atentado de Madrid son algunos de los méritos por los que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, le entregó ayer en Vitoria el premio Manuel de Irujo que anualmente concede el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Un premio 'ex aequo' con el jurista vasco Adrián Celaya, que ayer cumplió 90 años y que en su discurso abogó por «abandonar los rencores y buscar la paz» siguiendo el ejemplo de Manjón.

La presidenta de la Asociación 11-M otorgó un valor añadido a un premio procedente del País Vasco «porque nadie como ustedes para entender qué es el terrorismo», al tiempo que agradeció que la asociación que preside sea un referente en la búsqueda de la justicia pese a ser «un camino muy largo, con muchas trabas y muchas dificultades». En ese contexto, denunció la «campaña brutal» en torno a la 'teoría de la conspiración' que añade un «dolor innecesario» a las víctimas, y acusó a dos abogados de estar «ejerciendo de defensa» y de implicar a ETA en el atentado, lo que llevó al juez del tribunal Javier Gómez Bermúdez a recordar a los letrados que ninguno de los imputados está relacionado con ETA. «Allí no está ETA, aunque nos hayan llevado a tres etarras. Espero que ya lo hayan oído», indicó Manjón, que consideró que el «gran triunfo» de la Justicia es que vaya a haber una sentencia, aunque no sea firme, antes de cuatro años, periodo máximo en el que los acusados pueden estar en prisión preventiva. Consciente del enfrentamiento político abierto desde el atentado del 11-M, se mostró escéptica ante la posibilidad de que la sentencia pueda poner fin al debate abierto sobre la autoría de la masacre, ni siquiera tras las elecciones generales.

 
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